Obligación nacional: combatir la delincuencia.

Por Roberto Rendón Vásquez.

El Estado debe proteger a los ciudadanos contra la delincuencia. Los delincuentes realizan acciones contrarias a lo que establece la ley y el derecho y deben ser penados por la Administración de Justicia con sanciones dependiendo de la gravedad del delito. Diariamente los medios periodísticos informan de diversas formas de delincuencia que afecta a las personas, familias y la sociedad. Los ilícitos penales son cometidos por individuos que pueden o no estar organizados en bandas.

Existe multitud de modalidades de delito. Se cometen en las vecindades y también en entidades públicas. Como referencia sólo mencionaremos algunos tipos: contra la vida, el cuerpo y la salud, homicidio, el honor, la familia, la libertad, el patrimonio, la confianza y la buena fe en los negocios, los derechos intelectuales, el patrimonio cultural, tráfico de drogas y personas, encubrimiento, daños informáticos, prevaricato, obstrucción a la justicia, trafico de influencias, corrupción de funcionarios, abuso de autoridad, cohecho, colusión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Algunos de ellos son cometidos por funcionarios públicos utilizando “su autoridad”. Los delitos están tipificados en el Código Penal o normas específicas en las que señalan las penas respectivas para cada delito; por lo general son prisión.

Es evidente que existe la delincuencia organizada integradas por grupos, estructuras y jerarquías que pueden alcanzar niveles de evolución y perfeccionamiento como si fuesen empresas con lo que burlan el control de los organismos públicos llegando a establecer organizaciones criminales “contactados” con grupos de poder para eludir a la justicia. Su objetivo es obtener beneficios económicos.

La delincuencia es preocupación social sobre todo en las ciudades; en los últimos lustros en el Perú ha “explotado” la corrupción de funcionarios públicos ligados a personas naturales o jurídicas de derecho civil. Su incremento constituye un gravísimo problema. Por su forma y/u organización lamentablemente no son “descubiertos” inmediatamente lo que evidencia deficiencia de los órganos públicos de vigilancia y control y, descubiertos que son, los fiscales y jueces penales son “lentos”.

Las actuales investigaciones y juzgamientos a los delincuentes evidencian la urgente necesidad que el Código Procesal Penal y normas procesales deben ser modificados de inmediato estableciendo penas más severas y procesos menos “dilatados” y la responsabilidad personal de fiscales y jueces (de todos los niveles) que no cumplan con procesar a los delincuentes dentro de los plazos específicos.

La Presidenta debe proponer que el Congreso apruebe nuevos Códigos Penal y Procesal Penal. Sin parches ni “copias”.