Punto de Encuentro

¿Reformas penales con interés particulares?

Michael García Coronel

Especialista en temas de Criminalidad Organizada

Cabe precisar que las recientes modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, dibuja un escenario de incertidumbre, porque no se aprecia por parte del Poder Ejecutivo y Legislativo la voluntad de una lucha frontal contra la delincuencia común y al crimen organizado.

En muchas oportunidades, antes hechos o modalidades delictivas de impacto o frecuentes, el Poder Legislativo o Ejecutivo casi de manera inmediata adoptaban reacciones, que se traducía frecuentemente en tres tipos la regulación normativa, el primero, es el endurecimiento de la pena, segundo la criminalización de nuevas conductas y tercero la reducción de los beneficios penitenciarios.

En la actualidad, tal ejercicio se encuentra alejado, pero no con la finalidad de afinar las emisiones normativas, que en su momento muchas de ellas fueron reacciones de último momento, sin tener el mayor análisis o actuar como respuesta a una política criminal que resulta inexistente en la actualidad, tales reacciones al menor tenía una finalidad, que consistía en justificar una supuesta lucha contra la delincuencia común y organizada.

En los últimos tiempos, se ha emitido modificaciones en materia penal, llamando la atención que las modificaciones realizadas al Código Penal y el Código Procesal Penal, ya no tiene esos matices de endurecimiento en el derecho penal, por el contrario, se advierte que los diseños normativos, tiene por finalidad extraer o variar aquellas modificaciones iniciales que dieron mensajes de firmeza o dureza en la lucha contra la delincuencia común y el crimen organizado.

En cuanto a las recientes modificaciones, es posible notar que estas no pretenden reducir los procesos penales para que se conozca las sanciones de manera inmediata o pronta, como tampoco brindar un mayor nivel de protección a la víctima. Asimismo, no se ha diseñado modificaciones o inclusión de nuevas normas, con la finalidad de incrementar nuevas técnicas de investigación, extender las limitaciones de derechos y/o afinar la posibilidad de afectar el patrimonio ilícito del delincuente.

Lo que se aprecia, es un alejamiento a las posibilidades de mejorar las investigaciones tanto para casos comunes como lo relacionado al crimen organizado, como tampoco se tiene a la vista que tales modificaciones permitan un trabajo coordinado entre los operadores de justicia, por el contrario, se ha generado un espacio de incertidumbre al agregar o quitar facultades a la Policía Nacional y Ministerio Público, cuando debió disponerse mayores controles a estos operadores de justicia con la finalidad de afianzar una mejor atención al ciudadano y diseñar protocolos a fin de evitar actos de corrupción que es una de las causas por el cual se incrementa la delincuencia común y organizada.

En ese sentido, el diseño normativo penal en estos tiempos no tiene la decisión en endurecer el derecho penal, por el contrario, se ha ingresado a nuevas fórmulas de legislar, que consiste en la exclusión de conductas y/o reglas, que en su momento eran herramientas de alta intensidad para reducir al delincuente y/o grupos criminales. Como ejemplo, podemos mencionar las modificaciones realizadas al delito de organización criminal, que era una instrumento medular para la lucha contra el crimen organizado, el otro ejemplo, es aquel  soporte procesal como es la detención preliminar fuera de la flagrancia, el mismo que en su oportunidad ha permitido la desarticulación de diversas organizaciones criminales, permitiendo posteriormente la condena de sus integrantes y muchos de ellos vienen purgando condena en los diversos penales del país.

Estas columnas normativas que ha permitido enfrentarse a la delincuencia común y el crimen organizado, en la fecha se encuentra debilitada por diseños normativos provenientes del Poder Legislativo y Poder Ejecutivo, presumiéndose que tales modificaciones no debió ser la voluntad de quienes legislan, porque la delincuencia en sus diversas modalidades no se ha reducido o se encuentran en una fase de extinción para considerar como acertada tales modificaciones, considero que existen voluntades de terceros o ajenos con intereses en brindar espacios de impunidad en favor de aquellas personas que delinquen o que se encuentran diseñando rutas de salidas con la finalidad de evitar la persecución penal en su oportunidad, pero que afecta gravemente a la sociedad en la actualidad.

Por tanto, exista una alta posibilidad que de propagarse sucesos de alto impacto en la sociedad donde la delincuencia común y organizada colinden o coincidan sus actuaciones con acciones terroristas, como el ataque directo a una institución del Estado (Ministerio Público), así como el asesinato de efectivos policiales, amenaza contra representantes del Ministerio Público, asesinatos de ciudadanos que no cumplan con sus exigencias o entorpece las acciones criminales. Es muy probable que el diseño legislativo, se mantenga en el mismo sendero como se ha realizado en los últimos meses, sin tener reacciones o proyecciones de una lucha frontal contra el delincuente que expresa su conducta criminal en diversas modalidades que muchas de ellas colindad con el delito de corrupción, que es uno de los factores que permite la presencia del crimen organizado.

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