La reelección de Donald Trump reaviva el debate sobre el futuro de la educación en Estados Unidos y su posible impacto en otros países. Las políticas educativas de su administración prioriza la libertad de elección mediante bonos escolares y escuelas chárter, medidas que, según sus defensores, empoderan a las familias al ofrecerles alternativas frente a un sistema público con deficiencias. Sin embargo, estas políticas también han generado controversia, al ser vistas como un factor que debilita la educación pública al redirigir fondos esenciales hacia instituciones privadas o religiosas.
Desde una perspectiva optimista, las iniciativas de Trump buscan fomentar la competitividad entre instituciones educativas, incentivando mejoras en la calidad del servicio. Los bonos escolares permiten a las familias de bajos recursos acceder a instituciones de mayor nivel académico, lo que, en teoría, podría cerrar algunas brechas de desigualdad. Además, las escuelas charter se presentan como una opción innovadora, alejándose de los modelos tradicionales que en ocasiones han fallado en responder a las necesidades de ciertos sectores de la población.
No obstante, estas propuestas tienen implicancias que van más allá de la libertad de elección. Al desviar recursos públicos hacia el sector privado, se genera un sistema educativo desigual, donde las escuelas públicas, que ya enfrentan limitaciones, pierden la capacidad de mejorar su infraestructura, capacitación docente y recursos pedagógicos. Esto afecta principalmente a comunidades vulnerables, donde la educación pública representa la única oportunidad real de desarrollo para los estudiantes. En lugar de elevar la calidad educativa de forma universal, estas políticas tienden a segmentar, favoreciendo a quienes ya tienen acceso a oportunidades.
En el caso peruano, donde la educación pública enfrenta retos históricos como la falta de infraestructura, la baja calidad de materiales educativos y las brechas entre áreas urbanas y rurales, la adopción de un modelo similar al de Trump sería altamente problemática. Las condiciones estructurales del sistema educativo peruano no permiten que la privatización sea una solución viable. Al contrario, en un país con profundas desigualdades, fortalecer la educación pública debe ser una prioridad para garantizar acceso equitativo y oportunidades reales para todos los estudiantes.
En Perú, la educación pública necesita una inversión estratégica que aborde problemas clave. Es fundamental mejorar la infraestructura, garantizar el acceso a la tecnología, capacitar de manera continua a los docentes y diseñar políticas que reduzcan las brechas entre zonas urbanas y rurales. Además, en lugar de fragmentar los recursos educativos, el gobierno debería enfocarse en crear un sistema más inclusivo y resiliente, que pueda responder a las necesidades de la educación.
Las experiencias internacionales, incluidas las políticas de privatización educativa en Estados Unidos, ofrecen lecciones importantes para el Perú. Si bien las instituciones privadas pueden complementar el sistema público, no deben convertirse en su eje central. Apostar por un modelo educativo público sólido y de calidad es esencial para promover el desarrollo sostenible, reducir las desigualdades y garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades de construir un futuro próspero.
En conclusión, la reelección de Donald Trump y sus políticas educativas plantean preguntas críticas sobre el equilibrio entre libertad de elección y equidad. Para el Perú, el fortalecimiento de la educación pública no es solo una necesidad, sino una prioridad estratégica para construir una sociedad más justa y competitiva en el contexto global. La inversión en la educación pública no debe verse como un gasto, sino como un pilar.