En los momentos de mayor incertidumbre institucional, el verdadero compromiso con la democracia no se expresa en discursos, sino en la voluntad de someterse a la ley, incluso cuando no resulta conveniente. El Perú vive hoy una prueba crítica de su madurez republicana: una confrontación entre normas, decisiones judiciales y autoridades que revela hasta qué punto estamos dispuestos a respetar el principio de legalidad.
No es la primera vez que un dilema así pone en tensión los cimientos de la vida en comunidad. Hace más de dos mil años, en la Atenas clásica, Sócrates fue acusado y sentenciado a muerte. Aunque sus seguidores le ofrecieron una vía de escape, él eligió cumplir la pena impuesta por los tribunales. Su razonamiento, recogido por Platón, se basaba en una idea contundente: si uno ha vivido bajo la protección de las leyes, no puede negarlas solo cuando lo afectan negativamente. Su ejemplo sigue siendo una referencia moral para quienes creen en la convivencia regida por normas, no por voluntades personales.
El caso actual de la Fiscalía de la Nación no debe analizarse como una simple disputa administrativa entre Patricia Benavides y Delia Espinoza. En el fondo, se trata de una pugna institucional donde los principios jurídicos están en juego. En diciembre de 2023, la Junta Nacional de Justicia decidió suspender a Benavides y nombrar a Espinoza como fiscal interina. Posteriormente, en junio de 2025, la misma JNJ anuló su propia sanción y ordenó la reposición de Benavides. Sin embargo, una nueva medida judicial dictada a pedido de Espinoza volvió a suspenderla, prolongando el conflicto.
Este escenario plantea preguntas serias: ¿puede una autoridad ignorar los actos de un órgano constitucional autónomo? ¿Qué sucede cuando dos decisiones legales entran en colisión dentro del mismo Estado? ¿Qué debe prevalecer: el acto administrativo o el mandato judicial?
El artículo 139 de la Constitución establece con claridad que las resoluciones judiciales tienen carácter vinculante para todas las autoridades. Esto significa que incluso los desacuerdos deben resolverse dentro del marco legal, utilizando los mecanismos establecidos. El desacato no puede ser una opción.
La Junta Nacional de Justicia, al igual que el Poder Judicial, es parte del diseño constitucional pensado para evitar que el poder se concentre y para asegurar que los funcionarios públicos actúen con transparencia, idoneidad y respeto al debido proceso. Desconocer sus competencias sería minar la arquitectura institucional sobre la que se sostiene la democracia peruana.
El riesgo no está solo en el desacato, sino en el precedente que se puede generar: si hoy se ignora una resolución por conveniencia política, mañana podría hacerse lo mismo por interés personal. Así se erosiona lentamente la confianza en el sistema de justicia y se debilita el contrato social.
Volver a la legalidad no es un retroceso, es una reafirmación de que el Estado no se construye sobre personas, sino sobre principios. Las instituciones deben comportarse con responsabilidad, más aún cuando están en el centro del conflicto. La estabilidad democrática exige más que liderazgos fuertes: requiere lealtad al marco normativo, incluso cuando resulte incómodo.
Como recordaba Sócrates, vivir dentro de la polis implica aceptar las reglas que la rigen. Desobedecer la ley es atentar contra la ciudad misma. En esa lógica, no hay república posible sin un compromiso profundo —y no negociable— con el Estado de derecho.
28 Julio, 2022
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