Perú 2025: Entre la Resiliencia Económica y la Incertidumbre Política

Por Silvana Pareja

El 2025 se ha convertido en un año que revela tanto las fortalezas como las vulnerabilidades del Perú. Mientras algunos sectores económicos muestran dinamismo y atraen inversión, otros enfrentan dificultades que afectan directamente a las familias y empresas. Este escenario de claroscuros no solo tiene repercusiones en la economía, sino que también incide en la política y en el ánimo social de cara al 2026, año electoral. La minería sigue siendo la piedra angular del crecimiento, con la producción de cobre en proyectos como Quellaveco y Las Bambas que mantiene al país en la vanguardia mundial, mientras que el litio en Puno despierta expectativas de convertir al Perú en un actor estratégico en la transición hacia la electromovilidad. Estos desarrollos aseguran ingresos fiscales y dinamizan regiones que dependen de la actividad extractiva. Al mismo tiempo, la energía renovable gana terreno con la expansión de parques solares en Arequipa y eólicos en Piura, que no solo reducen la huella ambiental, sino que también diversifican la matriz energética y responden a las demandas globales de sostenibilidad. El sector digital, impulsado por fintech y startups tecnológicas, avanza con rapidez en Lima y en ciudades intermedias. El incremento del comercio electrónico y de los pagos electrónicos favorece la inclusión financiera, especialmente entre jóvenes y pequeñas empresas. Asimismo, el turismo recupera vitalidad: Machu Picchu mantiene su magnetismo, pero se suman destinos emergentes como Máncora, Kuelap y Tarapoto, que impulsan la descentralización económica y cultural. Sin embargo, no todos los sectores atraviesan un buen momento. La industria textil y de confecciones enfrenta un retroceso debido a la caída de la demanda en mercados clave como Estados Unidos y Europa, lo que afecta a Gamarra y a miles de talleres que generan empleo masivo. La agricultura vive un año desigual: productos de exportación como la uva y el arándano mantienen competitividad, pero cultivos básicos como papa, arroz y maíz sufren por la volatilidad de precios, el cambio climático y las limitaciones de infraestructura rural. Estas dificultades golpean sobre todo a pequeños productores que ven amenazada su subsistencia. En el plano laboral, el desempleo juvenil y la persistente informalidad, que aún supera el 70%, muestran una desconexión entre el crecimiento macroeconómico y las oportunidades reales para la población. Este desfase alimenta malestar y genera presiones para que el Estado responda con políticas más inclusivas. En este contexto, la economía se entrelaza inevitablemente con la política. La falta de consensos en el Congreso y la desconfianza ciudadana hacia las instituciones reflejan un vacío de liderazgo, lo que complica la construcción de acuerdos frente a los desafíos estructurales. Con las elecciones del 2026 en el horizonte, el reto de los aspirantes será articular propuestas que conecten la prosperidad de sectores dinámicos con la reducción de desigualdades sociales. El 2025 quedará en la memoria como un año de resiliencia e incertidumbre, donde el desafío consiste en transformar los avances sectoriales en beneficios tangibles para la ciudadanía y en construir confianza en las instituciones. Solo así el país podrá enfrentar con solidez el proceso electoral que definirá su rumbo en los próximos años.