¿Delegación legislativa o cheque en blanco?

Fernando Rodríguez Patrón

El Poder Ejecutivo aprobó y remitió al Congreso un pedido para legislar durante 120 días sobre 66 puntos agrupados en ocho temas: seguridad ciudadana, prevención de desastres, apoyo a las pequeñas empresas, empleo, producción, impuestos, trámites del Estado y modernización de la administración pública.

El debate público quizá se reduzca al simple racionamiento de "el Ejecutivo tiene la razón" o "el Congreso tiene la razón", sin embargo la pregunta de fondo debería ser otra: ¿conviene, y es legítimo, que el Congreso le ceda al Ejecutivo parte de su poder para legislar?

Mi respuesta es sí. Y no por afinidad con el Gobierno, sino por una razón práctica: ceder esa facultad, por un tiempo y para temas puntuales, es un mecanismo que la propia Constitución contempla, y puede ser razonable cuando se necesitan reformas técnicas rápidas, más aún si el Congreso no siempre tiene la capacidad de elaborarlas con el detalle que requieren.

La Constitución permite que el Congreso delegue en el Ejecutivo la facultad de legislar mediante decretos, siempre sobre temas concretos y por un plazo determinado. Hay materias que jamás pueden delegarse: una reforma de la Constitución, tratados internacionales, leyes orgánicas y el presupuesto público. La delegación, entonces, no es una carta abierta: es una herramienta con reglas y límites fijados de antemano. Lo que corresponde discutir no es si se debe delegar, sino cómo hacerlo bien.

Que sean 66 pedidos puede sonar excesivo, pero el número, por sí solo, no dice mucho. Lo importante es que cada uno involucre un tema concreto, objetivos claros y límites bien definidos, para que el Congreso pueda controlar después si el Ejecutivo se ciñó a lo autorizado. El Congreso no puede entregar un cheque en blanco, pero tampoco rechazar en bloque un paquete de reformas solo por ser numeroso.

Aquí conviene decir algo sin rodeos: el Congreso no está necesariamente mejor preparado que el Ejecutivo para legislar sobre temas muy técnicos. Tiene la legitimidad que dan las urnas, y eso es irrenunciable, pero ser electo no es lo mismo que tener conocimiento especializado. En un Parlamento donde el debate suele carecer de profundidad técnica, delegar puede ser, paradójicamente, una forma de mejorar la calidad de las leyes. El Congreso representa a los ciudadanos; el Ejecutivo cuenta con ministerios y equipos técnicos especializados. No es antidemocrático reconocer esa diferencia. Lo antidemocrático sería que el Congreso renuncie a la delegación sin conocerla o sin revisar lo que delega.

Vale la pena mirar a la oposición. Algunos sectores ya anunciaron que rechazarán el pedido antes de conocer el proyecto, configurándose una postura difícil de justificar. Se puede desconfiar del Gobierno, o anticipar que algunas facultades no deberían aprobarse, pero cerrarse absolutamente antes de conocer la propuesta convierte la fiscalización en prejuicio y el control político en obstrucción. Una oposición responsable se decantaría por una lectura del proyecto, revisar si respeta la Constitución y que finalmente apruebe lo necesario, rechazando aquellos que no lo sean. Eso sería una oposición democrática.

Ahora bien, la delegación tampoco puede ser un cheque en blanco. Entre los temas anunciados hay varios delicados: cambios en las penas y beneficios penitenciarios, participación de las Fuerzas Armadas en la vigilancia externa de las cárceles, bloqueo de celulares usados para delinquir desde los penales, y un registro de personas de alta peligrosidad bajo vigilancia tras cumplir su condena. Aquí el Congreso debe ser especialmente cuidadoso: combatir el crimen no autoriza a pasar por encima de las reglas básicas de un juicio justo ni de los derechos de las personas, características propias de las dictaduras, pero tampoco puede usarse la Constitución como pretexto para frenar reformas que el país necesita. Conviene explicar algo que rara vez se cuenta: el trámite no depende solo del Ejecutivo. Desde este año, el Congreso peruano tiene dos cámaras y eso agrega un filtro que el debate público suele pasar por alto. Un proyecto de Ley primero pasa por una comisión, que tiene hasta dos meses para revisarlo, salvo que se declare urgente. Luego lo vota Diputados y pasa al Senado, que puede tomarse hasta tres meses más para aprobarlo, modificarlo o rechazarlo. En cambio, cuando el Ejecutivo legisla, será el Senado quien tenga la potestad de revisar cada decreto y corregirlo o anularlo si se excede de lo autorizado, de allí la importancia de la revisión.

Por eso, conviene dejar de lado dos ideas equivocadas: pensar que toda delegación amenaza el equilibrio de poderes, y creer que una mayoría en el Congreso debe darle al Gobierno todo lo que pide. El Congreso debe usar su criterio: delegar lo que conviene que legisle el Ejecutivo, exigir precisión donde haga falta, y reservarse lo que no debería delegarse. El Gobierno, por su parte, tendrá que demostrar que no usó estas facultades para reemplazar al Congreso, sino para resolver con rapidez problemas que el país no puede seguir postergando.

En el fondo, esta discusión es una oportunidad para superar un viejo mal de la política peruana: confundir oposición con negación y fiscalización con obstrucción. Si los 66 pedidos son inviables, que se explique por qué; si algunos son inconstitucionales, que se identifiquen y se descarten. Rechazarlos antes de leerlos no es defender la democracia, es oponerse a un documento que todavía nadie conoce a fondo.

Un Congreso que aspire a recuperar credibilidad, debería entender que la calidad de una democracia no se mide por cuánto poder conserva cada institución, sino por qué tan responsablemente usa el poder que la Constitución le confió. El verdadero riesgo no está en delegar: está en hacerlo sin límites, o en negarse por cálculo político. Entre el cheque en blanco y el bloqueo total hay una tercera vía: la responsabilidad institucional, que es la que el país debería exigirle hoy al Congreso.