El 70% de la diversidad de especies del planeta[1] se concentra en 17 países, siendo el Perú uno de ellos. Pese a su riqueza natural, sufre los efectos del cambio climático y el reciente incremento de actividades extractivas ilegales que generan impactos ambientales gravísimos.
Por ello es importante que nuestro país cuente con una gobernanza ambiental fortalecida, que fue el objetivo original para la creación del Ministerio del Ambiente, el 13 de mayo de 2008. En efecto, hasta antes de la creación del MINAM, la institucionalidad ambiental se encontraba fragmentada, con competencias dispersas entre distintos actores y con un débil ente rector como el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. En ese momento, la gobernanza ambiental tuvo una mirada sectorial, estándares incipientes, poca coordinación entre autoridades y una débil fiscalización.
Frente a ese escenario y durante las negociaciones del tratado de libre comercio con los Estados Unidos, el presidente Alan García Pérez aprovechó la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y creó el Ministerio del Ambiente (MINAM), designando al profesor Antonio Brack Egg como su primer titular.
Dicho fortalecimiento incluyó la creación del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) en 2008, encargado de la fiscalización, supervisión, control y sanción ambiental, y posteriormente la del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) en 2012.
Además, el presidente García le encargó al ministro Brack destrabar la definición de los límites máximos permisibles (LMP) y estándares de calidad ambiental (ECA), pendiente desde 1996, e implementar la OEFA para que el Estado cuente con una autoridad independiente que fiscalice y sancione infracciones ambientales, sin la influencia de ministerios como el MEF, el MINEM o Produce.
Ambos organismos, a pesar de la volatilidad de algunas de sus jefaturas[2], han logrado consolidarse como eficientes organismos de fiscalización y evaluación ambiental, respectivamente.
Un ejemplo es la Ventanilla Única de Certificación Ambiental del SENACE, implementada en 2016, que tramita de forma simultánea los permisos, autorizaciones y títulos habilitantes que otorgan otras entidades públicas.
Según información del propio SENACE[3]: “Entre enero y setiembre de este año (…)Senace, otorgó certificación ambiental a 52 expedientes mineros los cuales representan una inversión de US$ 13 497 millones destinados a estimular el crecimiento económico en este sector estratégico para el país”. La meta para 2026 es certificar US$ 20 000 millones en distintos sectores productivos, con énfasis en que la inversión minera a fin que se realice con altos estándares ambientales.
De otro lado, la OEFA ha consolidado su presencia en el país con una red de 31 oficinas desconcentradas para atender emergencias ambientales y articular con operadores de justicia y entidades locales; pero sin lograr una articulación efectiva con los gobiernos regionales respecto a la minería ilegal, donde se limita a brindar asistencia técnica.
Es precisamente frente a la minería ilegal donde el sector ambiente en general y el Ministerio en particular evidencian la mayor de sus flaquezas. Por eso, la esperanza de fortalecer la gobernanza ambiental parece diluirse por la burocratización del sector, el poco peso político de los ministros posteriores a Brack (salvo contadas excepciones), la presencia de organizaciones criminales de narcotráfico, minería y tala ilegal dentro de áreas naturales protegidas, y su poca del Ministerio para articular políticas transversales como la gestión del agua.
Por ejemplo, frente a la inminente llegada del Fenómeno de El Niño, la norma que crea la Comisión Nacional de Gestión del Riesgo del Fenómeno El Niño[4] no incluye al MINAM ni a sus organismos adscritos como parte de la comisión sino sólo como un facilitador de información climática.
Finalmente, con el Decreto Supremo N° 012-2026-MINAM, se ha declarado en proceso de modernización y reorganización el MINAM, sus programas y proyectos especiales, y los organismos públicos adscritos al sector ambiental, por ciento veinte (120) días calendario, para evaluar su situación administrativa, organizacional y de gestión, y proponer reformas que fortalezcan su rectoría.
Es a partir de dicho proceso de “modernización y reorganización”[5] que el MINAM ha elaborado un Plan de Trabajo General e instaló 11 mesas de trabajo para fortalecer al sector y a sus organismos adscritos, con apoyo del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Cumplirá la reorganización el deseo originario de fortalecer la gobernanza ambiental? ¿Hay alguna correlación de intereses para que MINEM, MINAGRI y MINAM estén actualmente en reorganización? Quo Vadis MINAM.
Poco efecto tendrá una reorganización meramente administrativa si no va acompañada de un posicionamiento político que dé al sector presencia activa en las decisiones del Estado, sobre todo para proteger la biodiversidad y las áreas naturales amenazadas por actividades criminales.
Recuerden que “quien mucho se ausenta, pronto deja de hacer falta” y esta ausencia política del MINAM en la agenda nacional puede hacer que el sueño original de una gobernanza ambiental fortalecida termine desapareciendo.
[1] Según la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes, por sus siglas en inglés).
[2] De los 9 titulares de la OEFA en 18 años, solo dos terminaron su mandato de 4 años. En el SENACE, de sus cinco titulares desde 2013, cuatro ingresaron por concurso público y completaron su mandato.
[3]https://www.gob.pe/institucion/senace/noticias/1452326-2026-senace-otorgo-certificacion-ambiental-a-proyectos-mineros-por-us-13-500-millones
[4] La Resolución Suprema N.° 256-2026-PCM
[5] Proceso en el que también están inmersos los Ministerios de Energía y Minas; y de Desarrollo Agrario y Riego
