El costo político de los desastres en el Perú

Silvana Pareja

En el Perú, cada temporada de lluvias parece inaugurar una nueva emergencia, pero también confirma una vieja incapacidad: la del Estado para convertir las advertencias científicas en políticas efectivas de prevención. Las inundaciones, los huaicos y el colapso de carreteras no son acontecimientos inesperados. Son riesgos conocidos que, año tras año, encuentran a miles de familias expuestas y a las autoridades respondiendo cuando el daño ya está hecho.

La historia ofrece suficientes advertencias. El fenómeno de El Niño de 1982-1983 provocó graves pérdidas agrícolas, destruyó infraestructura vial y ocasionó un severo impacto económico. El episodio de 1997-1998 volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad del país, mientras que El Niño costero de 2017 dejó 159 fallecidos y cerca de 1,4 millones de afectados. Pese a la magnitud de estas tragedias, el Perú continúa enfrentando emergencias que comprometen viviendas, escuelas, centros de salud y vías de comunicación.

¿Por qué seguimos tropezando con la misma piedra? La respuesta no se encuentra exclusivamente en la intensidad de las lluvias, sino también en la ausencia de una política preventiva sostenida. La ocupación de zonas de riesgo, las deficiencias en infraestructura, la limitada coordinación entre los gobiernos nacional, regional y local, y las dificultades para ejecutar oportunamente los recursos públicos agravan los efectos de cada evento climático.

El problema resulta aún más evidente cuando se considera que el país dispone de instituciones especializadas, como el Senamhi y el ENFEN, que monitorean las condiciones meteorológicas y oceánicas. Las alertas existen, los escenarios de riesgo pueden evaluarse y las zonas vulnerables pueden identificarse. Sin embargo, disponer de información no garantiza que las decisiones necesarias se adopten a tiempo.

A esta brecha entre conocimiento y acción se suma una oportunidad que el Estado todavía debe aprovechar plenamente: la innovación tecnológica. La inteligencia artificial, los sistemas de información geográfica, las imágenes satelitales y los sensores hidrológicos pueden contribuir a identificar comunidades expuestas, estimar posibles inundaciones y organizar respuestas más eficientes. Estas herramientas no eliminan la incertidumbre, pero permiten reducirla y mejorar la capacidad de anticipación.

La tecnología, sin embargo, no resolverá por sí sola un problema de gestión pública. Se necesita planificación territorial, mantenimiento de infraestructura, sistemas de alerta accesibles, protocolos de evacuación y mecanismos de coordinación que funcionen incluso cuando no existe presión mediática. También resulta indispensable supervisar la ejecución presupuestal y establecer responsabilidades por las omisiones que incrementen los riesgos para la población.

La verdadera prueba de un gobierno no está en la cantidad de ayuda que distribuye después de una catástrofe, sino en su capacidad para evitar que esta alcance dimensiones devastadoras. La emergencia puede exigir respuestas inmediatas, pero la prevención requiere continuidad, liderazgo y decisiones que trasciendan los ciclos electorales.

El Niño volverá a poner a prueba al Perú. La pregunta es si el país llegará preparado o si, una vez más, esperará a que las aguas desborden los ríos para descubrir que las advertencias fueron insuficientes solo porque nadie las convirtió en acción. La naturaleza impone sus desafíos; la negligencia institucional determina cuánto terminamos pagando por ellos.