Los trabajadores y jubilados de la empresa azucarera Agropucalá realizaron una nutrida manifestación en el frontis de la sede central del Indecopi, en San Borja, a fin de lograr que el Ejecutivo escuche sus demandas y deje de favorecer a la mafia criminal que persiste en manejar la empresa azucarera ubicada en la provincia de Chiclayo, Lambayeque.
Los trabajadores y sus representantes denunciaron que existen “oscuros intereses detrás de la inacción de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, quienes han terminado favoreciendo a Maxs Ayora Inoñán y Patricio Burga Peralta, los principales responsables de que la deuda laboral de la azucarera ascienda a S/ 120 millones y vinculados al círculo más cercano del congresista fujimorista Alejandro Aguinaga en Lambayeque.
Cabe precisar que Ayora Inoñán, el congresista Alejandro Aguinaga y Luis Dávila Dávila, administrador judicial de Agropucalá entre el 2014 y 2018, fueron incluidos en una investigación fiscal por los delitos de lavado de activos y organización criminal iniciada en el año 2021, debido a presuntos actos de corrupción en el manejo de la empresa azucarera.
“Actualmente hay una investigación fiscal en curso en Chiclayo por las 80 quincenas de deuda laboral, que son remuneraciones impagas a los trabajadores de Agropucalá. Esto ha generado una situación caótica en las más de 1500 familias que dependen del funcionamiento de la azucarera, nadie quiere que Maxs Ayora y Patricio Burga sigan manejando la situación porque han dejado a la empresa en la ruina”, subrayó el representante de las acreencias laborales elegido por los trabajadores, Edmundo Gálvez Rodríguez.
Además, hizo un llamado a la presidenta Dina Boluarte para que exhorte al ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, a fin de que este sector se pronuncie sobre la designación de Gálvez Rodríguez como nuevo representante de los acreedores laborales de Agropucalá.
Los trabajadores de la azucarera chiclayana acusan a Patricio Burga Peralta de haber falsificado sus firmas para hacerse elegir ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, en febrero del 2023, como representante de las acreencias laborales de Agropucalá.
“Pese a las reuniones sostenidas con el ministro Maurate, su sector hasta el momento no ha tomado cartas en el asunto, y se ha evidenciado poca diligencia para solucionar este conflicto. Lo único que queremos es que el nuevo representante de los acreedores laborales sea reconocido por el Ministerio de Trabajo”, señaló tras indicar que existen cinco sentencias judiciales que ordenan al Ministerio de Trabajo emitir la resolución respectiva formalizando su designación.
Gálvez Rodríguez explicó que al exministro de Trabajo Alfonso Adrianzén Ojeda, quien fue parte del gabinete encabezado por el premier Alberto Otárola, se le sindica de haber avalado la designación de un Director de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana para que en tiempo récord -a los seis minutos de haber asumido el cargo según la pericia policial- emita una resolución exprés que favoreció irregularmente a Patricio Burga Peralta, quien habría falsificado las firmas de otros trabajadores de la azucarera para mantenerse como representante de los acreedores laborales de Agropucalá.
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