El sentido de la reforma

En los años setentas surgió en Italia el concepto de partidocracia, porque los grandes temas no se decidían en la Cámara sino en los despachos de los líderes de partidos, que conformaban una oligarquía fuera del ámbito del propio Estado. Los politólogos comenzaron a diseñar toda suerte de procedimientos para debilitar la estructura y disciplina de los partidos.

Algunas de esas recetas fueron aplicadas en el Perú, a veces con malicia, pues el voto preferencial de 1977 es adoptado por la dictadura para resquebrajar la autoridad de Haya de la Torre al interior del APRA: otras veces con torpeza académica, al no sancionar el transfuguismo en el Congreso, pues no se puede fortalecer la democracia debilitando estructuras casi inexistentes y flexibilizando disciplina en organizaciones de coyuntura. Así, nuestra Ley de Partidos Políticos, impulsada por onegeístas que jamás militaron en partido alguno, castiga la permanencia, la continuidad, e incentiva el afán de aventura del movimiento utilitario y electoral.

Frente a ello es necesaria la reforma, pero no la reforma onegeísta a la que solo le interesa cumplir su bien financiada agenda. En un país con más de 20 posibles candidatos presidenciales era imprescindible aumentar los requisitos para acceder al mercado electoral. Es racional y proporcional también, para evitar el refugio de los corruptos en la política, prohibir candidatear a los procesados y sentenciados por terrorismo, narcotráfico y lavado de activos, con la misma lógica con la que el docente procesado por pederasta es removido de las aulas y el sentenciado, aunque haya cumplido su condena, no puede regresar a ellas. El TC ya validó esa limitación al derecho al trabajo y al de proyecto de vida.

Solo la próxima mayoría parlamentaria: fujimorismo, aprismo y parte del ppkausismo, podrá eliminar el voto preferencial, incentivar la participación de los partidos permanentes en las elecciones regionales y municipales, cumplir con el financiamiento público a los partidos, fiscalizar en forma efectiva el gasto durante las campañas electorales a todos por igual, partidos y movimientos, personalizando la responsabilidad.

Los partidos deben proveer de candidatos idóneos al electorado y contribuir a la formación de la decisión política intermediando los legítimos intereses y tendencias existentes en la sociedad. El que lo puedan hacer sin competir con aventureros y espontáneos, sin reglas electorales y políticas ajenas a nuestra realidad, descansa la fórmula para fortalecer nuestra aún débil democracia.