La pobreza consiste en ofrecer bienes y servicios a la sociedad carentes de valor. Así, quien solo sabe lavar autos encuentra una enorme competencia, pues es una labor simple que muchos pueden ofrecer, ante ello el valor del servicio disminuye. Mientras más personas solo puedan ofrecer bienes y servicios de poca complejidad, mayor será la cantidad de pobres en el país. El asistencialismo frente a esa realidad, solo esconde y maquilla los resultados pero no modifica las causas.
El verdadero programa social de inclusión social y de reducción de la pobreza es la educación pública de calidad. Por eso es que la Constitución reserva al Estado la delicada misión de brindar el servicio educativo en condición de gratuidad, lo que obviamente no basta, mientras no exista la posibilidad real de que alumnos sin recursos puedan acceder a una educación pública de élite, previo mecanismo de selectividad que promocione a los más inteligentes y estudiosos.
No todos los colegios y universidades particulares son de calidad, porque ésta tiene un costo ineludible: los mejores profesores requieren los mejores sueldos, y la educación moderna demanda una significativa inversión en infraestructura y equipamiento, que no todos los padres de familia están en condiciones de pagar. De la misma manera, los colegios y universidades públicos no dependen de un Estado rico sino de uno urgido por muchas responsabilidades mal atendidas, no siendo posible mejorar las condiciones de todos los establecimientos educativos al mismo tiempo.
Felizmente, en la última década se ha comprendido que el adolescente académicamente capaz no debe mantenerse esclavo del círculo de la pobreza, sino que ha de romperlo accediendo a una educación gratuita y de élite. Con la nueva ley universitaria se ha trabajado el concepto de establecer universidades públicas emblemáticas en cada región, además del necesario aprovechamiento del canon, debiéndose potenciar en el futuro inmediato un puñado de universidades que deben formar líderes profesionales. Mejor aún, si las plazas de profesores, tanto docentes como investigadores, son cubiertas mediante concursos públicos a nivel nacional, quebrando así también las camarillas internas que tanta incapacidad han demostrado en lo académico y en lo administrativo.
Solo falta multiplicar los colegios públicos dotados del concepto del Colegio Mayor, posiblemente el mejor colegio del país contando incluso a los particulares de mayor renombre, pues a buenos profesores se ha sumado alumnos rigurosamente seleccionados de todas partes del país. Solo así el estado cumplirá su deber de generar igualdad de oportunidades, elemento sustancial de la justicia social.