Los ciudadanos desconfían de la política, procuran por ello mantenerse lo más lejos posible de ella. Lamentablemente, las decisiones que el Estado debe tomar, en defensa de los peruanos, en tanto consumidores o usuarios de servicios, son políticas. Además, cada decisión no puede liberarse de contenido ideológico. Así, por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en que el sistema universitario necesitaba un cambio: incorporar una entidad supervisora o reguladora que, en nombre del Bien Común, ejerza un determinado control sobre las universidades, tanto privadas como públicas, respetando su autonomía. La ideología inmersa en esa decisión queda expuesta, sin embargo, cuando tenemos que optar por orientar ese control según las reglas del mercado, o quizás, confiar en la sabiduría de burócratas estatales. La legislación universitaria vigente prefirió lo segundo.
La Constitución determina que la libre iniciativa privada y la libre competencia son los motores de la economía, dentro del marco conceptual de la economía social de mercado. De la misma manera en que una empresa puede lucrar con la venta de servicios de salud, otra puede hacerlo ofreciendo servicios educativos. La labor de SUNEDU es la de fijar un estándar mínimo de calidad del servicio, pues de lo contrario, inescrupulosos podrían reducir costos irresponsablemente y ofrecer la carrera de Medicina a 300 soles mensuales, estafando al estudiante y pervirtiendo el sistema con grave riesgo para los futuros pacientes. Felizmente, para ser especialista hay que aprobar el examen de Residencia, lo que crea un filtro indispensable, en función de capacidades. Pero muchos peruanos sin recursos caerán en manos de médicos generales que no pudieron superar ese escollo por su deficiente formación académica.
En otras carreras no hay filtro alguno. Los egresados obtienen un Título profesional a Nombre de la Nación que los iguala en cualquier concurso público en entidades del Estado. Por eso es necesario continuar con el proceso de licenciamiento de universidades, aunque nos quede la duda de si el estado tendrá la capacidad de cerrar a las universidades que no logren demostrar que superan ese estándar mínimo de calidad, sin que SUNEDU tenga que hacer uso de su discutible facultad de modificar arbitrariamente sus reglas, acomodándolas a la discrecionalidad de su propio colegiado o al interés político de los promotores de universidades públicas.
Si el objetivo es la calidad y la opción elegida fue la estatista, en tanto no se modifique la legislación lo que debe esperarse es un Estado decidido a imponer cierres a pesar de la lluvia de cautelares que algunos jueces no dudarán en emitir. Hacer política no solo es aprobar leyes, sino esencialmente enfrentarse a los grupos de interés para transformar la realidad, en beneficio de los ciudadanos.
11 Enero, 2018
12 Febrero, 2023
