ELECCIONES Y ORGANISMOS ELECTORALES

Resulta evidente que las elecciones no se organizan solas, alguien tiene que convocarlas, planificarlas, presupuestarlas, organizarlas, elaborar y enviar el material a todos los puntos de votación, capacitar a electores y miembros de mesa, contabilizar los votos, resolver controversias, proclamar a los ganadores y un largo etcétera.

Dieter Nohlen resalta la existencia de diferentes funciones electorales distinguiendo dos grupos,  la dirección, administración y vigilancia de los procesos electorales de un lado, y la actividad jurisdiccional del otro y es en base a esta distinción que los países organizan su administración electoral, determinando que agencia estatal o poder del estado asumirá dichas funciones.

No existe un criterio homogéneo a nivel internacional respecto a asignación de funciones, así por ejemplo algunos países: a) Encargan las elecciones a organismos especializados como los electorales b) Otros organizan elecciones sin organismos electorales, y c) Existe un sistema mixto, donde solo algunas funciones son encargadas a organismos electorales.

Dentro del primer grupo, encontramos mayoritariamente a los países Latinoamericanos quienes se decantaron por la opción de crear organismos especializados a quienes les encargó la función electoral, dotándolos inclusive de nivel constitucional. A su vez, dentro de este grupo tenemos también sub grupos, en el primer de ellos ubicamos a los Estados que optaron por  concentrar todas las funciones electorales en un único organismo electoral, desde la custodia, actualización y depuración del padrón electoral, el registro de los Partidos Políticos, inscripción de candidaturas, organización y supervisión del acto eleccionario, el cómputo de los votos emitidos, la proclamación de los candidatos electos y, también, la decisión jurisdiccional de todas las controversias que se suscitan a lo largo del proceso electoral. Por esta posibilidad optaron Uruguay, Costa Rica, Nicaragua, Bolivia Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela. Fue el caso del Perú hasta la vigencia de la Constitución del año 79.

En un segundo sub grupo encontramos a países en los que tanto la función administrativo – organizativa como la jurisdiccional corren a cargo de distintos organismos electorales. Vemos que las funciones están disociadas, de modo tal que coexisten cuando menos dos organismos electorales, uno encargado de ver la parte organizativa del proceso y otro de resolver los asuntos jurisdiccionales, es decir, la de administrar justicia electoral. Dentro de este sub grupo podemos incluir a Colombia, Chile, México y haciendo alguna concesión al Perú, donde el JNE se encarga de la parte jurisdiccional y la parte administrativa es asumida principalmente por la ONPE no obstante es RENIEC quien administra el padrón electoral y se encarga de la entrega de DNI.

Como ya dijimos, existe un segundo grupo, mixto o intermedio, donde se contempla la existencia de un organismo lectoral pero se admite la presencia de alguna otra agencia estatal al cual se le asignan funciones en materia electoral.

Nos referimos a países donde la función organizativa y la jurisdiccional están disociadas, esto es, existe una institución u organismo electoral que organiza las elecciones, pero que carece de competencia para conocer los asuntos de naturaleza jurisdiccional,  la cual es asignada a algún órgano del Poder Judicial. Es el caso de Australia, Canadá, Jamaica y Rusia entre otros.

Finalmente, existe un gran número de países donde las elecciones son llevadas a cabo por alguno de los poderes del estado, sea el Ejecutivo o el Judicial o ambos con absoluta prescindencia de los organismos electorales, los cuales no existen.

Dentro de este grupo incluimos a países donde la función organizativa es llevada a cabo por alguna dependencia gubernamental, como bien puede ser un ministerio, y la actividad jurisdiccional es encargada al Poder Judicial. Alemania, Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Irlanda, Japón, Portugal, Gran Bretaña, Suecia y Suiza llevan a cabo así sus procesos electorales.

Sea como fuere, el punto principal radica en que los sistemas electorales y en específico, las elecciones, además de ser el mecanismo idóneo para asegurar el reemplazo consensuado de los gobernantes, permiten legitimar a las autoridades elegidas democráticamente, por tanto, independientemente del organismo u entidades involucrados en el proceso electoral, se requiere que quien lo lleve a cabo cuente con la autonomía e independencia necesarias para llevar a cabo las funciones que le son encomendadas.