Punto de Encuentro

COMUNIDADES NATIVAS Y ELECCIONES

El próximo 9 de agosto se celebrará, como cada año, el día internacional de los pueblos indígenas, tema que quiero vincular con las próximas elecciones regionales y municipales que se llevarán a cabo en pocos meses e iniciar esta reflexión incidiendo sobre lo poco que se ha reparado respecto de la intersección de ambos temas.

Empecemos fijando la línea de base y para ello tengamos presente que en nuestro país recién en el año 2006 por mandato de Ley de Elecciones Regionales y su modificatoria, Ley 29740, así como Ley de Elecciones Municipales, se aplicó por primera vez la denominada cuota nativa, la misma que no es otra cosa que un mecanismo a través del cual se exige que en aquellas zonas donde exista presencia de comunidades nativas y pueblos originarios, en las listas de candidatos en las elecciones subnacionales cuando menos el 15% de éstos provengan de representantes de dichos pueblos y comunidades.

Conforme a lo expuesto, la cuota es una discriminación positiva que pretende reducir las prácticas discriminatorias que perjudican a sectores política e históricamente excluidos (como las minorías étnicas) y que persigue reducir la brecha de representación social existente a través de su visibilización política.

Sin embargo, la cuota no necesariamente se traduce en resultados. Veamos:

Si bien desde una perspectiva social debemos admitir que la cuota pretende reducir las asimetrías existentes, no puede soslayarse desde un análisis crítico que a la luz de los resultados electorales expuestos las intenciones quedaron en mero deseo y el objetivo se nos revela con sus indicadores en negativo.

En efecto, es inocultable que la cuota nativa acabó siendo un mero formalismo cuando en la práctica nunca aseguró una representación real o efectiva, en tal sentido, la cuota acabó constituyéndose en un requisito más para la inscripción de listas de candidatos al no exigir que quien represente a esta población ocupe un lugar preferente en la lista, es más, la cuota nativa puede fácilmente diluirse junto con las otras dos cuotas que prevé nuestro ordenamiento, nos referimos a la cuota de género y a la de jóvenes, de modo tal que en la práctica es posible que una sola persona cubra las tres cuotas.

En este sentido, consideramos que la cuota nativa debe ser revisada para que pueda constituirse en el peldaño que nos permita alcanzar el siguiente nivel de representación, para ello es necesario pasar de una cuota de candidatos a una cuota de resultados o de electos, de manera tal que se asegure que un mínimo de las autoridades de las circunscripciones electorales donde existan poblaciones nativas pertenecerán efectivamente a éstas.

Un mecanismo importante para lograr tal objetivo, podría ser la creación de circunscripciones especiales o que se garantice un orden prioritario en las listas de candidatos en las zonas donde exista población nativa.

Sin embargo, poco avanzaremos si quienes tienen la obligación de incorporar a la vida política y canalizar las necesidades de éstos grupos poblacionales, nos referimos a los partidos políticos, no cuentan entre sus afiliados a ciudadanos provenientes de poblaciones nativas, ello es fácilmente comprobable cuando advertimos que muy pocas de las autoridades electas pertenecen al partido por el cual postularon, es más, es probable que llegasen a ocupar tales lugares en las listas de candidatos luego de un proceso de “reclutamiento” similar a un casting hecho con el exclusivo fin de cumplir un requisito.

Abona en el sentido expuesto que revisada la estructura orgánica de cada uno de los partidos inscritos, ninguno cuenta, independientemente de la nomenclatura que se emplee, con una Secretaría Nacional de Comunidades Nativas, lo que lamentablemente va de la mano con su nula o escasa presencia en la mayoría de circunscripciones donde se ha fijado la aplicación de la cuota nativa.

Ejemplo sintomático de lo dicho lo constituye la provincia de Datem del Marañón (Loreto), donde ningún partido político ha informado el funcionamiento de algún comité provincial, o las provincias de Condorcanqui (Amazonas), Manu (Madre de Dios) o Purus (Ucayali) en donde solo se ha informado el  funcionamiento de un comité provincial en cada una.

Admitir que inclusión social se agota con los programas sociales o que la representación se justifica únicamente con los resultados electorales no es más que un juzgamiento sesgado de la realidad. Si deseamos que la ciudadanía se sienta representada por sus autoridades, resulta inevitable que introduzcamos modificaciones al sistema de cuotas representativas.