CRIMEN ORGANIZADO Y PROCESOS ELECTORALES

Constituye un hecho incuestionable que la informalidad día a día va copando casi todas las actividades en el Perú ante la incapacidad de las autoridades. Asimismo, es sabido que la informalidad constituye en el primer paso que nos invita a transitar por el sendero de que nos conduce a la ilegalidad y con ella al crimen organizado.

Los partidos políticos no están exentos de esta realidad, conviven con ella y ante Esta situación, la estrategia de la ilegalidad ha experimentado cambios. Al margen de ideologías, ahora ya nadie se decanta por los extremismos anti sistémicos como en el pasado, nadie se opone a la democracia ni intenta sabotear los procesos electorales. Ello no resulta ni útil ni rentable. Por el contrario, es precisamente la vía democrática la que resulta siendo el camino más directo para el logro de intereses y apetitos personales.

Mientras la consolidación del sistema de partidos continúe siendo una utopía y los partidos políticos sigan exhibiendo sus limitaciones, entre ellas su precariedad organizacional y económica, serán cada vez más proclives al ingreso de terceros en su interior, tal es el caso por ejemplo del ingreso de universidades en la política, de credos religiosos y principalmente de empresas aportantes, organizaciones que suplen a los inexistentes cuadros orgánicos, financian sus actividades proselitistas y en casos extremos, permiten la inserción de estructuras criminales al interior de las organizaciones políticas.

Y es aquí cuando los esfuerzos legislativos efectuados hasta la fecha se revelan como insignificantes e incluso ingenuos para evitar el copamiento de las organizaciones políticas. Veamos a continuación dos casos puntuales.

Primero. Se creó la Ventanilla Única de antecedentes penales para uso electoral, la misma que nació rodeada de buenas intenciones antes que de efectividad. A través de la Ventanilla, los partidos podían “filtrar” a sus candidatos accediendo a información sensible sobre estos como por ejemplo propiedades, procesos y sentencias judiciales, deudas etc. El problema radicó en que su uso no era obligatorio para los partidos y estos tampoco tenían la obligación de excluir a los candidatos prontuariados, sentenciados o deudores ¿Sirvió entonces de algo?

Segundo. Se obligó a los partidos a que todos sus fundadores y directivos presenten un certificado de antecedentes penales y judiciales, de modo tal que aquél que no los presente no puede ser integrante del mismo. ¿Es esto acaso un impedimento serio? No, pues como hemos visto, el no ser directivo partidista no impide una candidatura.

Por el contrario, se ha mantenido un régimen de financiamiento proclive al ingreso de dinero negro en la política, no se dotó a los organismos electorales de las herramientas legales para una adecuada supervisión, ni se prohibió la supervisión de procesos de democracia interna, permitiéndose además la eternización de directivos partidistas. Es decir, la mesa está servida.  

Como refiere Carlos Meléndez, la política moderna está asociada inevitablemente al lumpen, particularmente entre aquellos políticos que movilizan a los estratos menos protegidos por el Estado, siendo llamativo que el crimen organizado sea más poderoso que la estructura partidaria, al punto de ser empleado como un delivery político para la movilización de electores, el acceso a territorios, para el financiamiento del proselitismo, razón por la cual las campañas electorales acaban siendo el mercado más apetecible para el despliegue del crimen infiltrado en los partidos.