Punto de Encuentro

¿PARTIDOS POLÍTICOS PÚBLICOS O PRIVADOS?

Nuestra Ley de Organizaciones Políticas señala que los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos constituidas bajo la figura de una persona jurídica de derecho privado, que tienen por objeto participar por medios lícitos y democráticamente, en los asuntos públicos del país dentro del marco constitucional y legal.

Sobre el particular, debemos tener presente que nuestra legislación distingue a las personas jurídicas de derecho público de las de derecho privado. Para la existencia de una persona jurídica de derecho público, se requiere de una ley de creación expresa, además, en función al principio de legalidad, éstas sólo se encuentran facultadas a hacer lo que la ley les permite.

Las personas jurídicas de derecho privado, llevan a cabo sus actividades dentro de la esfera (precisamente) privada y les es lícito hacer todo aquello que no esté prohibido de forma expresa. En ejercicio de esta autonomía, no están obligadas publicitar sus actividades internas, por tanto, en el caso específico de los partidos políticos, pueden actuar sin la presencia ni supervisión de los organismos electorales, aun cuando las consecuencias que se deriven de sus actos impacten en la esfera pública como por ejemplo, la elección de candidatos que se presentarán en una elección o la aprobación de una alianza electoral.

Nuestra ley entendiendo que los partidos políticos podían ser reconocidos pero no creados por mandato legal, no los categorizó como personas jurídicas de derecho público, sin embargo, ello no debió implicar necesariamente que se decante por la opción contraria y les otorgue la naturaleza jurídica de personas de derecho privado.

Surge así la imperiosa necesidad de buscar remedios que alivien las perniciosas consecuencias que la naturaleza privada de los partidos políticos propicia, nos referimos por ejemplo a fantasmales congresos celebrados por y ante una minoría privilegiada, dudosos procesos de elecciones internas que eternizan las caudillistas cúpulas dominantes, los poco serios procesos de elecciones internas para la elección de candidatos y la total ausencia de las bases en la toma de decisiones.

En legislación comparada, encontramos algunas opciones que evitan los problemas que hemos señalado, categorizando a los partidos dentro de un esquema distinto, así, en México, la Constitución Federal califica a los partidos políticos como entidades de interés público, lo que facilita muchas actividades como el financiamiento público y directo de las campañas electorales, supuesto impensado en caso se tratase de entidades de derecho privado.

En Ecuador, se creó una categoría especial de persona jurídica estableciéndose en el Código de la Democracia de ese país que los partidos políticos son organizaciones públicas no estatales y en Honduras, la Constitución establece que los partidos políticos son instituciones de derecho público.

Como podemos advertir, existen diversas opciones para eludir la categorización de los partidos políticos como personas jurídicas de derecho privado, no obstante, en tanto la legislación peruana no se modifique, no será factible otorgarles dicha categoría

Sin embargo, sí resultaría lícito referir en nuestro texto legal que a los partidos se les considere de interés público, lo que habilitaría por ejemplo al Ministerio Público y al Poder Judicial a intervenir en aquellos casos donde se afecte precisamente el interés público, ello sin perjuicio de considerarlos además como instituciones de derecho público o creando la categoría de organización pública de naturaleza no estatal, lo que facilitaría la intervención de los organismos electorales en ellos y reduciría la posibilidad que la poca transparencia de los actos partidistas impacten negativamente en los procesos electorales.

Dejo abierto el debate.