La relación entre la ética y la política, al menos dentro del plano filosófico, debería llevarnos a afirmar que ambas deberían formar una alianza indisoluble pues persiguen un mismo fin: el bien.
No obstante, observamos durante las campañas electorales que dicha alianza resulta solo un buen deseo, ya que candidatos y partidos políticos recurren a estrategias para intentar captar el voto ciudadano utilizando medios cuya legalidad, si bien puede no estar en discusión, éticamente no resulta legítima para alcanzar los objetivos que se persiguen y, en otras oportunidades, se utilizan medios legales como instrumentos para perseguir fines ilegales.
El marco legal se encarga de establecer los cauces por los cuales debe discurrir un proceso electoral, por ejemplo, aprueba el cronograma electoral, fija los hitos del proceso, señala que actos pueden llevarse a cabo y cuáles no, regula los procesos de democracia interna, el financiamiento de las campañas y en especial, determina quienes pueden y no pueden efectuar aportaciones, fija los topes máximos de éstas, la inscripción de candidatos, la propaganda y publicidad electoral, etc., sin embargo, el componente ético siendo de naturaleza auto impositiva y por tanto de muy difícil regulación, queda siempre al margen.
¿Cómo se pone de manifiesto una conducta antiética en una campaña? Hay muchos ejemplos: la compra de candidaturas, el transfuguismo que permite a un político cambiar de partido en cada elección e incluso abandonar un partido una vez obtenido el cargo al cual se postuló, las promesas electorales que se ofrecen a sabiendas que no se cumplirán, el plagio de planes de gobierno, la alteración de encuestas de intención de voto, las campañas negras sostenidas en ataques e insultos a los adversarios, la “compra” de legiones de seguidores en redes sociales a través de programas informáticos, falsear información en las hojas de vida, etc.
El problema se intensifica cuando estos candidatos antiéticos acceden al gobierno, pues solo nos quedará esperar de ellos gobiernos antiéticos.
La consolidación de nuestro sistema democrático no registrará avances significativos en sus índices de calidad, si los propios partidos políticos, instituciones encargadas de asumir la representación de la sociedad y ahora consideradas (algunas) como organizaciones criminales, no adopten valores éticos. De no hacerlo, no haremos otra cosa que transitar por el camino que nos conducirá irremediablemente al desencanto popular.
Somos de la opinión que corresponde a las organizaciones políticas llevar a cabo las actividades conducentes al logro de sus propósitos de modo tal, que la actividad política sea concebida como transparente, racional y sobre todo constructiva, de modo que su participación en algún proceso electoral no sea entendido como un fin que se agote en sí mismo: “obtener el poder por el poder y como sea”, sino como una inmejorable oportunidad de fijar los cimientos que permitan incidir positivamente en la búsqueda del bienestar colectivo que permita reflejar la representación que los ciudadanos le concedemos a través de los procesos democráticos.
¿Podrán?...sólo depende de ellos.