EL DERECHO A CONTROLAR AL ESTADO

Es relevante mencionar, que la participación del individuo es inescindible de la responsabilidad y del control; que “la democracia pluralista sólo es posible cuando se articula sobre un sistema general de controles” (Sartori); y que, “el Estado de Derecho, no significa sólo que el Estado esté controlado por el Derecho, sino que también, existe el derecho a controlar al Estado” (Krüger).

No obstante, el pueblo incrédulo ha sido testigo que estamos en crisis, como efecto de la ausencia de responsabilidad social de los principales protagonistas de nuestra economía global; la única pregunta que nos cabe absolver es si somos capaces de aceptar que lo que nos hace falta es inculcar a los niños y estudiantes en general a que piensen en los demás como parte de sí mismos; estableciendo la responsabilidad social en la fuerza laboral pública y los responsables del control gubernamental que conforman el Sistema Nacional de Control con una activa participación ciudadana, gremios y el sector privado, aunado a un sistema de rendición de cuentas virtual y físico de uso horizontal para el funcionario público y de control gubernamental a todo nivel jerárquico, que garantice su transparencia y veracidad, coadyuvado con talleres de información y de sensibilización necesarios, que permitan inculcar en cada servidor o funcionario de control gubernamental el sentido de la importancia de sus actos y decisiones públicas.

El artículo 38° de nuestra Constitución Política vigente establece, que todos los peruanos tenemos el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales de los bienes y recursos del Estado; sin embargo, la historia de los gobiernos nacidos de la sociedad participante y sus resultados en el control gubernamental limitado en su accionar a actividades y acciones de controles posteriores y enfocados únicamente en la legalidad y sanción del servidor o funcionario público, sin comprometerlo como ciudadano, nos demuestran que no han funcionado ni reducido la corrupción que reina en el país por la falta de valores.

Además, tengamos presente, que en un estado de derecho, el CONTROL DEBE SER PERMANENTE y para esto, todo lo que contribuya a transparentar la función administrativa, particularmente del gobierno será positivo; pero, también seamos sinceros, que nuestra sociedad es compleja y compuesta por un profundo proceso de mestizaje, idiosincrasias y etnias, que se desarrollan y que vienen arrastrando problemas de discriminación, la inclusión de pueblos y comunidades que habitan por generaciones las regiones más grandes y ricas en del país; y que como consecuencia de un efecto global lógico, producto de la evolución cada vez tienen más acceso a la tecnología de información y por cuanto son más permeables a las influencias externas e internas, siendo esta la razón del incremento de las crisis sociales que están afectando a nuestro país y peor aun cuando nuestro mejor momento se ha perdido en los últimos años por la incapacidad de gobierno.

Creo que dada la importancia del tema, debemos citar algunos derechos fundamentales de la persona que establece nuestra Constitución Política de 1993, como son, que el Estado reconoce el derecho universal y progresivo para la elevación de la calidad de vida. Aún más, que la formación ética y cívica y la enseñanza de la Constitución y de los derechos humanos son obligatorias en todo el proceso educativo civil o militar y que el Estado es responsable de coordinar la política educativa y formular los lineamientos generales de los planes de estudios, la calidad de la educación y en el caso de la función pública establece que son deberes primordiales del Estado, promover el bienestar general que se fundamenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la Nación, para esto es indispensable, hacer énfasis en inculcar la responsabilidad social en los funcionarios responsables de administrar los programas sociales y proyectos de desarrollo de infraestructura de servicios básicos y a nivel nacional, bajo la premisa, que nuestro régimen político democrático implica la soberanía popular para la integración de un gobierno, cuyo fin es la administración de bienes nacionales sobre los valores universales de igualdad, justicia y libertad y que por lo tanto, todos los actores necesitamos imbuirnos y fomentarla con nuestro ejemplo; especialmente, si somos los encargados de velar y cautelar por el patrimonio del país o aquellos, que tienen la oportunidad de contribuir directamente, administrando los recursos financieros del país con eficiencia, economía y eficacia.

Para esto, es urgente que el Estado promueva desde el Ejecutivo, los valores necesarios para lograr ese acercamiento a través de la educación y buscando una relación más fructífera entre el funcionario o servidor público y el encargado del control gubernamental, en base a la legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, imparcialidad, vocación de servicio con programas de incentivos o deméritos reales; de una manera acorde con la realidad de nuestra sociedad, para así alcanzar, la más rápida respuesta del individuo en su calidad de funcionario público encargado de velar por los recursos asignados y facilitando la labor de control; a la vez, que motivando al ser humano y por todo ello, la lealtad a nuestros semejantes que por reciprocidad debería incrementarse; eso sí, es necesario que los programas educativos desarrollen cursos y talleres desde la niñez, así como para los estudiantes y ciudadanos de instituciones públicas y privadas, en búsqueda de la sensibilización del individuo para que practique con voluntad la responsabilidad social en sus actos y decisiones.

En este contexto, es necesario revisar el logro de los objetivos y metas para los responsables de la administración de los fondos, ya sean directos de los recursos del Estado o a través de financiamientos del exterior o donaciones, los cuales, son los que realmente nos interesan cautelar y por los cuales, pagamos tributos o nos endeudamos y comprometemos. Un enfoque de control interno directo, dinámico y oportuno, en un contexto de rendición y sustentado en la responsabilidad social de cada individuo y sus principios y valores reforzados con un sistema de incentivos, deméritos y bonificaciones dentro del sector público.

Estimamos que estas medidas, contribuirían con el desarrollo de las instituciones de control y con los planes anuales de control basados en la materialidad y/o impacto social y su relevancia en el desarrollo del país. Un esquema descentralizado de vigilancia y fiscalización, en coordinación directa con las oficinas regionales de control y éstas a su vez, con los gobiernos locales y órganos desconcentrados, implantando talleres de información y sensibilización así como, sistemas de seguimiento y monitoreo del funcionario y servidor a cargo del uso y control de los recursos, en búsqueda de una real eficiencia en la cautela de los mismos y apoyándonos, en la participación ciudadana y la responsabilidad social imbuida en cada funcionario y servidor público en pleno conocimiento del significado de su gestión para los demás.

Finalmente, tendríamos que señalar a los gobiernos que no tomaron en cuenta, que la armonización de intereses y valores se origina en la sociedad y en los acuerdos que de ella emanan, ya que el Estado no se superpone al pueblo, sino por el contrario germina de aquél; por tanto, el servidor público, que forma parte del mismo, debe conocer en profundidad los valores e intereses sociales, pues de su correcta interpretación depende la vigencia del régimen democrático, especialmente, en las instituciones que son las responsables de la cautela del patrimonio de la nación.