Punto de Encuentro

ALGUNOS COMENTARIOS ACERCA DEL FINANCIAMIENTO PARTIDISTA

Ahora que se ha puesto en el centro del debate público las nefastas consecuencias de haber tenido un ineficaz control sobre el financiamiento de las campañas electorales, resulta atinado tener en cuenta que como resultado del referéndum llevado a cabo en diciembre pasado, se modificó el artículo 35° de nuestra Constitución, estableciéndose  que el financiamiento de las organizaciones políticas se regirá por los criterios de transparencia y rendición de cuentas y que el financiamiento ilegal generará sanciones administrativas, civiles y penales.

La aprobación de la reforma constitucional obliga a replantear los alcances de la nefasta Ley 30689, aprobada en noviembre del año 2017 y cuya revisión se hace prioritaria, pues lejos de posicionarse en la senda de la transparencia y rendición de cuentas, establece preceptos que facilitan el encubrimiento de financiamiento y dificultan su sanción.

La Ley 30689 introdujo una serie de normas que deben ser revisadas, entre estas, eliminó los reportes periódicos que debían presentar las organizaciones políticas participantes en un proceso electoral, reemplazándolo por una única presentación de gastos concluido el proceso, con la agravante de otorgar a la ONPE un estrecho plazo de cuatro meses para su revisión. Es decir, la ONPE revisará en un cortísimo plazo, las finanzas de campaña de más de veinte organizaciones políticas y vencido dicho plazo, no podrá imponer sanción alguna. ¿Les parece que la Ley busca sancionar el financiamiento ilegal o busca proteger a los presuntos infractores?

Pero eso no es todo. La Ley 30689 señala respecto de las candidaturas a cargos congresales, de gobernador y vicegobernador regional y de alcalde, que los candidatos deberán acreditar ante la ONPE a un responsable de campaña, que puede ser el propio candidato, quien tendrá la obligación de entregar los informes de aportes, ingresos y gastos de la respectiva campaña electoral a la ONPE, sin embargo, las infracciones cometidas por estos candidatos o sus responsables de campaña no comprometen a las organizaciones políticas a través de las cuales postulan, lo cual no solo multiplica el problema, pues si ya es difícil verificar una veintena de presupuestos y gastos de campaña en solo cuatro meses, imagínense lo que será hacerlo en el mismo plazo para más de 3000 candidatos al Congreso o lo que es peor, a cada candidato a alcalde.

Si son los partidos quienes llevan a cabo elecciones internas para seleccionar a sus candidatos, si estatutariamente éstos salen del propio padrón de afiliados partidistas y finalmente, si son los partidos quienes inscriben a los candidatos, ¿Cuál es entonces la responsabilidad del partido y de su Tesorero Nacional? Atomizar la revisión de los gastos de campaña y no relacionarlos con los partidos acaba siendo un contrasentido mayúsculo que pareciera querer proteger a presuntos infractores, los partidos políticos.

Otras legislaciones no se muestran tan laxas, tomo por ejemplo la guatemalteca. En dicho país, el Tribunal Supremo Electoral detectó respecto de las Elecciones Presidenciales del 2015, que en las cuentas del partido PAN se identificaron serias irregularidades, por ejemplo, una diferencia de 175,000 quetzales ($ 25 mil aproximadamente) entre los gastos efectuados y gastos reportados durante la campaña y otros 78,000 quetzales ($10 mil) que no fueron reportados, asimismo, se advirtieron ingresos por autofinanciamiento por 6 millones 900 mil quetzales (cerca de $ 900 mil) que no constan en las cuentas bancarias y préstamos sin documentación de respaldo en durante los años 2014 y 2015 por un monto de 2 millones 877 mil quetzales, monto que se efectivizaron a través de una empresa cuyo representante legal resultaba siendo miembro del Comité Ejecutivo Nacional de dicho partido.

Pero no fue un caso aislado. El organismo electoral encontró que otros dos partidos (Creo y Viva), incurrieron en gastos con financiamiento público sin documentos de respaldo, gastos por propaganda electoral anticipada sin registro contable, gastos de campaña no reportados, cuentas de gastos sin liquidar y presentación extemporánea de informes financieros. Sucedió lo mismo con Unión del Cambio Nacional (UCN) y Encuentro por Guatemala (EG).

En todos los casos, la sanción a aplicar sería, previo procedimiento que implica etapas probatorias y subsanatorias, la cancelación de la inscripción de los partidos involucrados sin perjuicio de las denuncias correspondientes ante el Ministerio Público de dicho país siendo la única limitante que esas cancelaciones no podrán efectivizarse en caso se convoque a un proceso electoral y Guatemala lo tendrá el próximo 16 de junio.

Viendo la realidad de otros países no queda más que reclamar se modifique nuestro sistema legal y se sancione con la cancelación de un partido, en caso se advierta que recibió financiamiento ilícito, pues nuestro sistema contempla sanciones inocuas como simples multas la cuales no generan ningún efecto disuasivo, pues haciendo un elemental ejercicio de costo beneficio, los partidos y candidatos prefieren ganar una elección y pagar una multa a no recibir financiamiento y correr el riesgo de perderla.