DEJANDO LA PUERTA ENTREABIERTA

Si bien el descrédito de los partidos políticos va cada día en aumento, no es menos cierto que siguen siendo el único medio legítimo para colocar autoridades en cargos de elección popular y por tanto, pese al mayoritario rechazo que sufren de parte de la ciudadanía, siguen seduciendo a quienes pretenden incursionar en la política y ven en la militancia el primer paso para iniciar su andadura política.

Bajo esta óptica, la afiliación partidista se convierte en una institución tan importante como poco analizada. Pocos han reparado por ejemplo que la afiliación a un partido no es automática, es decir, no basta con la simple intención de afiliarse y que no necesariamente genera derechos de manera inmediata. La voluntad de afiliación es importante pero no suficiente, pues para que cumpla con su objetivo, requiere la aceptación de la organización política; de otro lado, las afiliaciones efectuadas en vísperas de una elección, solo generan derechos para el afiliado luego de concluido el proceso electoral.

Ingresar a un partido político permite al afiliado el poder acceder  a una candidatura a cargos de elección popular, lo cual, como es fácil intuir, genera graves consecuencias cuando los procesos de selección de candidatos no son eficientes, sin embargo, en esta columna no nos referiremos a los pseudo procesos de democracia interna, sobre los cuales hemos escrito extensamente y trataremos acerca de las consecuencias que se originan con motivo de las desafiliaciones con efectos electorales.

Muchos aspirantes a candidatos, debido a sus escasas posibilidades de obtener un puesto en una lista debido a procesos internos amañados, o porque pudiendo acceder a un puesto en la lista las organizaciones que los postularían tienen relativas posibilidades de éxito o bien que otro partido les ofrecen una mejor posición en la lista y por tanto mayores oportunidades de éxito, acaban renunciando a su partido para postular por otro, lo que genera el primer gran problema con vistas al fortalecimiento partidario: nuestra legislación permite el transfuguismo electoral.

Sin embargo, la situación adquiere connotaciones aún más serias cuando no se tiene presente que para que la renuncia sea electoralmente eficaz, esta debió efectuarse cuando menos un año antes del proceso, es decir, en un momento en que los aspirantes a candidatos aún no se involucraban en el proceso pues este no se ha convocado y mucho menos se han llevado los procesos de democracia interna. Con ello surge el segundo gran problema, pues si bien la Ley establece la fecha tope de renuncia, no precisa cual es el plazo que tiene el interesado para remitir esa renuncia al Registro de Organizaciones Políticas, lo que en la práctica genera perniciosos incentivos para el tráfico de renuncias, pues ante la cercanía de un proceso electoral y la inminencia de la inscripción de candidaturas, el afiliado/candidato acuerda su desvinculación con un partido “renunciando hoy pero con fecha del año pasado”, un ejemplo más de hecha la ley hecha la trampa.

En este sentido, resulta saludable se establezcan candados normativos que eviten situaciones como la descrita, así por ejemplo se podría establecer que quienes hayan renunciado a un partido y deseen postular por otro, podrán hacerlo siempre y cuando medie entre la renuncia y su postulación al menos un proceso electoral, o bien, de manera alternativa, se podría establecer que la las renuncias tendrán validez únicamente si se producen dentro del plazo legal y son remitidas al Registro de Organizaciones Políticas dentro de los 30 días después de haberse producido o, finalmente, que únicamente se autorice la participación electoral de quienes han acreditado una militancia efectiva no menos de dos años a una organización política, supuesto que relativiza la fecha de la desafiliación.

El transfuguismo electoral es una cara visible poco grata que exhiben nuestros procesos electorales y pese a ello no ha merecido de parte de nuestras autoridades ninguna regulación que las restrinja, por ello, la reforma electoral alentada desde el Ejecutivo no debería dejar de lado su regulación.