Tía María”, “Marcona” (Southern, Shougang) conflictos sociales con la trágica pérdida de vidas humanas… ¿quién responde?

El gobierno ha dejado claro, con su actitud, que no tiene estrategia para superar los conflictos sociales en el Perú porque lamentablemente no tiene una Política Pública al respecto. En tanto los alcaldes, parlamentarios y gobernadores regionales no tienen liderazgo en la población que representan. En estos momentos, hay dos conflictos emblemáticos (Tía María en el valle de Tambo, Arequipa y Marcona en Nasca - Ica) que nos deja el doloroso saldo de 04 muertos que dejan hogares desamparados, heridos cuyos costos son asumidos por sus familiares, denunciados que deben asumir sus defensas legales con sus propios recursos.

Pero lo más grave es el resentimiento de los familiares de estas víctimas inocentes contra el Estado con fuerte incidencia presente y futura en la inseguridad ciudadana, cuyos ecos de violencia son percibidos con cierto grado de desconfianza que distancia algunas inversiones trascendentes. Los pobladores del Valle de Tambo y Marcona, no cabe duda que tienen sus fundamentos sólidos para actuar como lo hacen, con argumentos explicados, incluso, con antecedentes históricos de los últimos 20 años de comportamiento de las empresas Southern y Shougang; y en ambos casos, hay un común denominador que es el poder económico de las transnacionales y el elemento agua (tanto en calidad como en cantidad, para la vida, para la actividad económica, para el ser humano).

 Los burócratas y teóricos, explicando la función del Estado desde la perspectiva del régimen económico, también tienen sus argumentos que consiste en el otorgamiento de garantías para las inversiones con propósitos de crecimiento económico, omitiendo, per se, la jerarquía política, económica, legal y moral que la Constitución otorga a la persona humana.

 En ese contexto, a la luz de los acontecimientos podemos afirmar categóricamente que no existe una política pública ni estrategia para el manejo de conflictos de una sociedad con visión de crecimiento con desarrollo sostenible. Y estamos aterrizando, lamentablemente, a un año de la finalización del régimen Humala – Heredia, en un gobierno con escandalosa incapacidad para gobernar de franco retroceso histórico como elemento recurrente de los últimos cuatro años. No ha servido de mucho la creación de la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad ONDS de la Presidencia del Consejo de Ministros PCM, que en esencia, fue concebido como el órgano especializado para dirigir el proceso de diálogo entre los diversos actores sociales, instituciones privadas y públicas, con el objeto de prevenir controversias, diferencias y conflictos sociales, contribuyendo a su solución mediante la articulación de los sectores del Poder Ejecutivo y de otros niveles de Gobierno, poniendo en funcionamiento la institucionalidad del Estado Unitario con gobierno descentralizado.

Los conflictos sociales siguen siendo manejados por los sectores que promueven inversión, que son técnicos normativos y que, adicionalmente, gestionando los conflictos proponen soluciones desde su ámbito sectorial de acuerdo a su PESEM, PEI y normativa institucional, convirtiéndose en juez y parte. Situación que es percibida por la población como “postura parcializada del Estado”. Por lo tanto, sin la suficiente socialización de lo que el sector pretende viabilizar, la credibilidad de la opinión técnica sectorial es cuestionada y la decisión ingresa al espacio de la contradicción para finalmente ser capitalizado por grupos de interés mediante acciones sociales de inconformidad, al extremo del enfrentamiento desigual (policía – población) de consecuencias fatales.

No es que la población no entienda o se niegue al crecimiento económico con desarrollo sostenible. No es tampoco que el Estado sea insensible, ni que la democracia sea mala y desventajosa para los pobres. Lo que pasa es que el gobierno ha sido capturado por un par de aventureros que juegan a la política y control del poder, sin comprender que para una gobernabilidad adecuada, la democracia moderna exige que reconozcamos que “es un método de organización del poder y la sociedad para que sus habitantes progresen en la realización efectiva de sus derechos, entendiendo ese paso —de lo nominal a lo real— como la creación de ciudadanía” El pueblo no se excede, es el gobierno que no cumple con ejecutar las obligaciones del Estado. Por lo tanto, los responsables de la pérdida de vidas humanas, es el gobierno de los Humala – Heredia.