Punto de Encuentro

Prado Saldarriaga: “Soy enemigo de privilegios para los magistrados”

Todo funcionario que cometió delito, aun si fuera vocal supremo, “debe pasar directamente a enfrentar la justicia”, afirma titular del PJ en entrevista exclusiva con EXPRESO.

Entre vuestras propuestas de la Reforma Judicial llama la atención la elección del nuevo presidente del Poder Judicial (PJ), creo que es importante que se puede copiar incluso para la Fiscalía.

-Ojalá. Esta propuesta surge de una experiencia personal. Yo postulé dos veces a la presidencia de la Corte Suprema, no pudimos acceder y allí ya sostenía la necesidad de abrir, en líneas transparentes y democráticas, que la elección de las autoridades del PJ a nivel de Corte Suprema o cortes superiores se haga por votación universal y directa de todos los jueces del Perú. Eso daría transparencia y legitimidad al que saldría elegido y evitaría esto de estar buscando los votos, de conversar con uno, con otro y todo lo que hemos conocido a través de los famosos audios.

No podría ser también a nivel de los jueces de primera instancia, como lo que plantea el Dr. Ghersi, de que podrían ser elegidos por votación popular. Es decir, menos Estado y más sociedad.

-Yo me refiero a que tenemos un sistema de elección popular que es para los jueces de paz, pero para los que ya integran el sistema formal, la justicia ordinaria, aquella es la propuesta de cambio; es decir todos los jueces van a elegir al presidente del PJ y al de sus cortes superiores, ya no solo los 19 vocales de la Corte Suprema. Que intervengan todos.

Sería más democrático…

-Completamente, ese sería el objetivo.

¿En este tiempo que usted está a cargo del PJ qué dificultades ha podido detectar?

-Muchas. Realmente solo tengo cinco meses para atender varios problemas. De hecho hay tres que son sumamente importantes: el primero es psicosocial, la población ha perdido toda confianza en la institución. Nos toca con hechos concretos generar expectativas e interés en la población y, sobre todo, confianza de que podemos cambiar. Esa es mi misión en estos cinco meses. ¿Qué vamos a hacer para eso? De pronto algo inédito en la experiencia judicial del país es que la Corte Suprema se va a desplazar los días 23 y 24 del mes de agosto a las cortes superiores del país que se encuentran en emergencia. De manera que cada juez de los designados haga un trabajo analítico en lo que atañe a administración, personal existente -jueces provisionales, jueces  existentes, jueces supernumerarios, problemas de corrupción-, hará una audiencia pública a efectos que la población plantee directamente sus reclamos y necesidades; tratará con las autoridades locales y yo daré el poder necesario para que las decisiones sean delegadas a través de los magistrados comisionados. Nos interesa sobre todo hacer una revisión de los [jueces] provisionales y los supernumerarios porque estos han sido siempre designados por los presidentes de Corte, como se ha visto en los audios.

Actualmente el PJ está siendo reorganizado, pero hay un problema con el Código Procesal del 2004: la responsabilidad penal la tiene la Fiscalía y todos le echan la culpa a los jueces. Creo que no se ha hecho un trabajo para deslindar y decir “yo no tengo esta responsabilidad”. Si el fiscal hace mal el trabajo, ¿qué puede hacer el juez?

-Usted lo ha dicho con bastante claridad, el juez en el nuevo modelo procesal está un poco invisibilizado. Cuando se hacen los megaoperativos en que intervinieron 400 policías, 50 fiscales, ninguno se pudo mover sin que antes haya una orden judicial. Los allanamientos y detenciones los ordena el juez, pero nunca aparecen los jueces. Lo que queremos es que se empodere al juez y que eso funcione.

Importantes estos megaoperativos…

-Porque han marcado la eficiencia de la interoperabilidad. Si todos cumplimos nuestros roles debidamente, los resultados son positivos y, como usted lo ha señalado, la población tiene una imagen muy arraigada de que es noticia solo lo del PJ. El PJ es un sistema y en el ámbito de justicia penal la tarea inicial compete en exclusiva al Ministerio Público, el PJ está a la expectativa. Una vez que se active la investigación preparatoria o cuando haya una acusación recién comienza el juicio, allí es donde los jueces intervienen.

Lo que pasa es que aún hay personas que creen que estamos con el procedimiento penal de 1940 donde el juez es el actor…

-Hoy los papeles han cambiado. Eso es un trabajo importante de los medios de comunicación, nosotros en lo que haya posibilidad de intervenir o hacer algo, con el mayor del gusto ahí estaremos.

En esta filtración de audios que  tenía la Fiscalía, le echa la culpa a la Policía y viceversa, ¿qué ha ocurrido?

-Lo que no ha funcionado son los protocolos de seguridad que existen en todo el mundo, eso es lo que yo infiero de las distintas versiones que se han dado en torno a este tema. Se entiende que las grabaciones de comunicaciones tienen un protocolo de actuación que involucran un fiscal, al receptor, un fiscal de recojo de información, de selección y eso es totalmente reservado. Eso es y debe ser así. Si me dice qué ha pasado y por qué se han filtrado los audios, yo encuentro deficiencias que tenemos que ver en el futuro.

¿Cuál es el beneficio?

-Que hemos conocido que esto pasa y tenemos la obligación de tomar las acciones que correspondan en ese dominio. Lo que molesta a muchos ahora es que los audios no los tiene solamente la policía sino que los tiene todo el mundo. Entonces eso muestra más la debilidad del manejo de la información. Imagínese si estamos hablando de información privilegiada que, así como llega para conocer lo malo, puede llegar a alertar a los malos.

Sobre ese tema no solo se ha involucrado a abogados y jueces superiores, sino supremos que van desde Hinostroza a César San Martín. ¿No cree usted que, como en otros lugares del mundo, ellos deberían dar un paso al costado?

-Es un término que usamos mucho [el paso al costado] pero sale de la lógica de los procedimientos. La Corte Suprema, los altos funcionarios del Estado en nuestro país, por mandato constitucional… Yo soy contrario a los privilegios, para mí todo funcionario que cometió una conducta disfuncional e incurrió en un delito no debería tener privilegio alguno, debe pasar directamente a enfrentar la justicia. Pero en nuestro país tienen inmunidad, deben ir al Parlamento, tener un antejuicio y después llegar al sistema para afrontar la justicia. Por ende, en este caso, desde que comenzó la crisis hubo que dar varios pasos hasta que el propio presidente de la Suprema presentara su renuncia a la Sala Plena. Por ende lo que he establecido como política de la institución y mi despacho es que todo magistrado, de cualquier nivel, que aparezca en un intercambio de palabras o en un audio, tiene la obligación de hacer frente a la explicación social, el contexto, lo que quiso decir, dónde fue la reunión, para qué se reunió, eso tiene que hacerlo.

¿Qué hacer para escoger jueces de calidad y con capacidad?

-Es otro punto de coincidencia que tenemos con el Ejecutivo en su propuesta esencial. Yo diría que es un objetivo nacional. Tenemos que cambiar al CNM en su línea direccional, en el perfil de sus integrantes, en sus procedimientos de selección. Eso es lo que no ha funcionado, nosotros tenemos una alternativa que está en ese proyecto. Lo que planteamos es que la Academia de la Magistratura (Amag) debe ser la proveedora de los que van a ser jueces. Si ya estudia dos años, los preparamos técnicamente, les damos moral funcional e integridad para el ejercicio de la magistratura y luego los mejores de las promociones son los que van a ir a enfrentarse al nuevo CNM. Eso nos va a asegurar personas con capacidad técnica, con integridad moral, personas con valores institucionales. Esa es nuestra propuesta. Hoy cualquiera puede entrar a la Amag, que es una institución que dicta cursos a distancia y de un par de meses. Así no hacemos jueces.

¿No ayudaría la publicación de la producción anual de los jueces, el número de sentencias confirmadas y revocadas?

-Totalmente. Nosotros lo llamamos la evaluación de desempeño y es justamente lo que vamos a hacer en provincias para medir la capacidad de los magistrados provisionales o supernumerarios, incluso en la Corte Suprema haremos lo mismo, y evaluar el desempeño, producción adecuada, producción en línea de complejidad de casos que ha visto, la producción jurisprudencial si se trata de la Corte Suprema. El PJ lo hace de alguna manera, pero estamos por hacer un despegue tecnológico para que todas las decisiones puedan ser transparentadas y conocidas por la población.

Otro problema es la sobrecarga de expedientes y sobre todo en los juzgados de familia, los procesos duran mínimo tres años ¿Ahí no se podría tomar medidas similares como en la creación de juzgados de tránsito?


-De acuerdo, justo vengo de una reunión del Consejo Ejecutivo y una de nuestras seis comisiones está ligada a temas de descarga y permitan a la Corte Suprema llegar a los de alimentos. Estamos sobrecargados, además, con una primera y segunda instancia deben terminar los casos. A la Corte Suprema debe llegar lo más complicado de una reflexión jurisprudencial y lo demás debe quedar en una segunda instancia.

Pero hay casaciones…

-La casación es la forma en la que normalmente se llega a la Corte Suprema por lo general cuando la legalidad de las sentencias ha sido desbordada de sus objetivos y los abogados la han considerado una nueva instancia. Llega todo a la Corte Suprema. Los días viernes nos dedicábamos a ver casaciones, de 20 que nos presentaban, pasaba solo pasaba una o no pasaba ninguna. Se está jugando con la expectativa del ciudadano, los abogados acá tienen su cuota de abuso y lo mismo pasa con la revisión de las sentencias penales.

Algunos críticos afirman que en el Perú no hay cosa juzgada porque si se pasa por primera y segunda instancia, puede entrar a casación a la Suprema y de ahí puede ir a la justicia constitucional (TC) y a la convencional (CIDH). En este problema el TC tiene un papel de cuarta instancia. ¿Qué va a plantear el PJ en la reforma sobre este tema que parece estructural?

-Yo creo que algo de ello tiene. Estamos hablando de un sistema. Es pertinente este espacio porque el TC está en la periferia. Aparece como una cuarta instancia material por los abusos y procesos de libertad que van en habáas corpus o amparos, donde una sentencia que ya adquirió calidad de cosa juzgada se va al TC y este ente, pasado un buen tiempo, interviene. Aquí yo veo un mecanismo de impunidad para el momento que vivimos y vive Latinoamérica para las personas expuestas políticamente, que tienen poder económico y mediático. Esos son los que en estos momentos están involucrados en las grandes organizaciones delictivas dedicadas a la corrupción y no enfrentan a la justicia. Es más, si se comete una infracción, aparece el Congreso creando una comisión especial. Si se decide algo en la justicia común, el TC entra a tallar y puede cerrar lo que ya se ha hecho en la justicia ordinaria. Si trabajamos de esa manera, estamos favoreciendo la impunidad.

¿Qué hacer?

-La experiencia brasileña y últimamente la de Argentina han pensado en alternativas que debemos definir en el sentido de que la cosa juzgada tenga un plazo mínimo a ser discutida en sede constitucional. No puede pasar que después de dos o tres años, recién presento mi habeas corpus. También se debería eliminar las prerrogativas y tampoco permitir una investigación paralela. Lo que es político es político y lo que es penal es penal. No podemos tener dos canales que no coinciden. Por allí tenemos que empezar los cambios normativos.

6 años de prisión…

Después del cambio de una casación vinculante sobre lavado de activos ahora toca a la Sala Plena hacer lo mismo con otra casación sobre libertad sexual de menores y violación. “Es inconcebible que un delito que tiene una pena de 30 a 35 años o a cadena perpetua, acabe en sentencias con 6 años de prisión”, afirma el titular del PJ.

Lenguaje claro en sentencias

Otro tema que cambiará la nueva administración del PJ es la redacción engorrosa y tecnicista de las sentencias para que estas sean elaboradas con claridad de lenguaje accesible a los peruanos de a pie, dice Prado Saldarriaga.

Avances en el expediente electrónico

El expediente electrónico ha avanzado de modo importante en las áreas comercial y en la aplicación de tres pilotos para el área civil con apoyo de una entidad de la Organización de Estados Americanos, señaló a este diario el titular del PJ, Víctor Prado Saldarriaga.

Además, agregó, “se va a aplicar un piloto en Arequipa, en Lima y en Cusco, donde por primera vez se va a ver en operatividad ese proyecto digital en temas civiles”.

Asimismo, bajo la dirección del doctor Lama More, se ha avanzado en Familia y en el sistema de políticas de control de la Ocma.

“SE CREARÁN JUZGADOS DE FAMILIA PARA DESCARGAR LOS JUICIOS DE ALIMENTOS COMO SE HA HECHO CON LOS JUZGADOS DE TRÁNSITO”

PORQUE VA A MARCAR LA LÍNEA DE FUTURO DEL PJ

Vamos a hacer cambios en el caso Lava Jato

¿Podría hacer un balance del megacaso Lava Jato? Hubo mucha crítica no solo a Pablo Sánchez y Hamilton Castro que han sido bastante permisivas con relación al delito y en la misma Judicatura…

-Yo he notado no solo en este megacaso, sino en otros que lamentablemente tenemos unidades [judiciales] que nos muestran una tendencia secuencial y constante de absoluciones en casos que están conectados con delitos graves: tráfico de drogas, lavado de activos, corrupción, financiación del terrorismo. Por ende ya hemos puesto el punto de mira en eso porque tenemos que cambiarlo y renovar ese espacio. Lo que usted me señala es importante no solo en línea de coyuntura sino en línea de futuro. Este caso [Lava Jato] va a marcar las coordenadas de lo que va a ser la justicia penal del mañana, en caso que no tengamos que enfrentar mayormente a personas sino a personas jurídicas. Aquí estamos haciendo varias de esas cosas, hemos creado una sala especial y voy a volver a reactivar el observatorio de los casos judiciales, es decir una unidad especializada que se dedique a brindar apoyo logístico e informativo a las unidades judiciales que tienen que afrontar casos complejos como los vinculados a las empresas brasileñas, a las personas de poder y que necesitan un apoyo más directo de la institución. Es en este tipo de casos que vamos a ponerle empeño y darle recursos que necesitan.

En el caso Lava Jato todos los personajes involucrados están libres y una voleibolista que es el último eslabón esta con prisión preventiva, incluido un viceministro…

-Tenemos que empezar una investigación de fondo y no ese tipo de situaciones. Claro está quiénes tuvieron a su cargo el manejo de esas decisiones. Tenemos una tarea bastante compleja pero hemos empezado a trabajar. Yo sé que no me va a alcanzar el tiempo, yo solo estoy cinco meses y la ley prohíbe reelección, de este momento soy un presidente del PJ. Mi meta es dejar los cimientos, no podría hacer más, no se me exija más. Soy simplemente una persona que quiere a su institución, que tiene más de 30 años aquí y quiere hacer el esfuerzo porque este duro momento pueda ser revertido de cara a la confianza y necesidad que tenemos para que la población vuelva a creer en el PJ.

(ANTONIO RAMÍREZ/ PLINIO ESQUINARILA)

(Fuente Expreso)