Punto de Encuentro

Audios evidencian incapacidad moral

Jurista sostiene que, como comandante general de las FF.AA. y la PNP, Vizcarra no puede azuzar acciones de fuerza contra proyecto minero.

Las conversaciones entre el presidente Martín Vizcarra y las autoridades de Arequipa con el objetivo de buscar un “argumento” para anular el proyecto minero Tía María, ubicado en la provincia Islay de la región Arequipa, demuestran una clara incapacidad moral por parte del jefe de Estado. Así lo afirmó el jurista Enrique Ghersi a EXPRESO.

Y es que para Ghersi, Vizcarra Cornejo no solo es el primer Mandatario sino también el Comandante General de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y la Policía Nacional del Perú (PNP), por lo que no puede estar complotando, junto al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, y los demás burgomaestres de la zona, para obstruir la licencia de construcción otorgada a de la Southern Perú Cooper Corporation, la cual fue suspendida por 120 días por el Consejo de Minería, adscrito al Ministerio de Energía y Minas.

“Me atrevería a decir que hay una posible incapacidad moral. El artículo 117 de la Constitución dice que el mandatario solo puede ser acusado por traición a la patria o frustrar las elecciones, pero no dice nada de una incapacidad, que la hay por varias razones, no solo por este triple discurso, pues mientras que al parlamento le decía una cosa, al país otra y una muy diferente a las autoridades y dirigentes de Arequipa”, indicó.

Por lo que se escucha en los audios –continuó– Martín Vizcarra ha estado negociando y debatiendo un plan regresivo, que se podría descubrir y precisar si se tiene el audio completo ya que el mandatario precisó que fue una reunión de alrededor de cuatro horas.

“Sin importar que es el Comandante General de las FF.AA. y la Policía, ha coordinado, negociado o discutido, no queda muy claro porque se tendría que escuchar todo el audio, una toma de acción política, un acto de fuerza como es una huelga y simultáneamente está mandando al campo de acción a los efectivos del orden que tiene a su cargo, esto es verdaderamente grave”, señaló. “Si en un mes, ven que yo no cumplo, hagan una medida radical”, fueron las palabras incitadoras de Vizcarra que publicó este diario en la víspera con el título del audio de la vergüenza.

Ghersi añade que se trata pues de un escenario que pudo haber generado inestabilidad para el país porque, al tener una alta autoridad planeando ese tipo de acciones, existía el peligro de precipitar a los activistas antimineros al radicalismo y, producto de ello, generar un enfrentamiento con consecuencias mortales.

“Él manda la tropa a su mando a Arequipa, pero al fomentar discrepancias con el gobernador y los alcaldes pudo haber muertos en la zona de conflicto. Esto, si no es una infracción moral o una falta muy grave, no sé qué es”, sostuvo. “Una persona que sacrifica a sus efectivos en una fuerza de acción que él mismo está azuzando, a mí me parece que es una gravísima infracción que el Congreso de la República tiene que analizar. Mi hipótesis es que podrían evaluar una vacancia por incapaci
dad”, agregó.

INSTIGACIÓN AL PELIGRO

Asimismo, dijo que en teoría, si Vizcarra no hubiera sido un funcionario sin inmunidad, su participación en los audios podría configurarse en el presunto delito de instigación al peligro común, tipificado cuando una persona provoca y fomenta actos de violencia.

“El Presidente podría estar incurriendo en esta figura penal, pero lamentablemente tiene inmunidad por su investidura. Si no la tuviera, podría llegar a una pena de 20 años según el Código Penal porque hay varios tipos, uno está en el artículo 381, que señala entre 6 a 10 años por atentados contra las vías de comunicación, acá se ha visto bloqueos de carreteras”, argumentó.

A pesar de que el mandatario está blindado por el artículo 117 de la Constitución, los miembros del Gabinete Ministerial, no lo están. Esto significa que si el premier Salvador del Solar y el ministro de Energía, Francisco Ísmodes, sabían del comportamiento del jefe de Estado, podrían ser cómplices del supuesto ilícito de peligro común.

“Los ministros sí pueden ser acusados por cualquier delito que ocurra en el gobierno. Si conocían lo que hacía Vizcarra tienen una de dos: o renuncian de manera inmediata por acción u omisión, o de lo contrario serían cómplices. El Gabinete Ministerial no tiene inmunidad”, resaltó.

NEGLIGENCIA

Con relación al audio, la presidenta de Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), María Isabel León, cuestionó al Mandatario por haber expuesto a los policías, militares y a la población en los constantes desmanes, agresiones y muestras de violencia en Arequipa, cuando ya había tomado una decisión respecto al proyecto minero de Tía María.

“A mí me indigna que se pueda haber tomado una decisión administrativa antes de que el proceso de inicie y exponer a la PNP, las FF.AA y población a que puedan sufrir agresiones y lesiones para una decisión que puede haber sido tomada con anticipación”, agregó la ejecutiva. Además, advirtió de una interferencia entre poderes del Estado en ese diálogo entre el mandatario y autoridades regionales. “Vemos con preocupación que pueda haber interferencia entre poderes del Estado.

Eso pasa por respetar los fueros administrativos”, refirió y subrayó que producto de esta situación se han perdido más de 800 millones de dólares en la región. “Tenemos que poner el orden, no se pueden intervenir vías. No se puede permitir que haya bloqueos de pistas y carreteras”, opinó. De otro lado, comentó que los empresarios no presionan al Gobierno y pidió que se respete el principio de autoridad.

“Los empresarios no presionamos al Gobierno ni somos los enemigos. Los empresarios lo que invocamos es que se cumpla el principio de legalidad. Para obtener una autorización administrativa de parte del Estado, las empresas deben cumplir una serie de requisitos y pasos que están señalados en la legislación”, concluyó en un canal de señal abierta.

TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El jurista Alex Starost, experto en contrataciones con el Estado, aseveró que dichos audios podrían caer en el presunto delito de tráfico de influencias porque se escucha cómo se negocia una decisión que se emitió después: la suspensión de 120 días del proyecto cuprífero Tía María. “Podría ser tráfico de influencias. El hecho de haber pactado los resultados de una decisión del Consejo de Minería, adscrito al Ministerio de Energía y Minas, configuraría ese delito. El artículo 400 del Código Penal dicta de 2 a 4 años de pena por este tipo de tráfico. Vizcarra tiene que esclarecer cuáles son los sustentos de la suspensión por 120 días a Tía María”, sostuvo.

Incluso, instó a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, abrir una investigación para determinar si hubo tráfico de influencias o no, porque aunque el mandatario tenga inmunidad, no así el Consejo de Ministros, concretamente los ministros de Energía y Minas y el titular de la PCM, Francisco Ísmodes y Salvador del Solar, respectivamente.

“La fiscal de la Nación debería abrir una investigación al Gabinete Ministerial porque si en el proceso se evidencia que hubo la concertación de un resultado anticipado en una entidad que no tiene competencia, con participación del Presidente de la República, habría delito. Entretanto, Vizcarra debe explicar cómo y en qué se basó la suspensión. Más aún si el Presidente ha reconocido que las del audio sí son sus declaraciones”, finalizó.

VICEGOBERNADOR LO DESMIENTE

Por su parte, el vicegobernador de Arequipa, Walter Gutiérrez, dijo ayer que Martín Vizcarra nunca se refirió a que iba a cancelar la licencia de construcción del proyecto minero ‘Tía María’, pero sí planteó la suspensión de la licencia. Así lo señaló dicha autoridad en abierta contradicción a lo dicho por el propio mandatario que recalcó que lo que buscó fue el diálogo para evitar mayor violencia en la protesta.

“[Vizcarra] no dijo que se iba a cancelar, dijo que se iba suspender el proceso”, señaló Gutiérrez, constatando así que el jefe de Estado sí propuso intervenir en una decisión que correspondía exclusivamente al Consejo de la Minería. Gutiérrez Cueva sostuvo, además, que conversó con el mandatario y está seguro que “no admite chantajes” y recalcó que no hubo negociación.

“No ha habido ninguna negociación, es simplemente una situación política, se está politizando el tema”, aseveró el vicegobernador de Arequipa. El vicegobernador recalcó, además, que tampoco van a
negociar con el mandatario. “Yo puedo garantizar que no va a haber ninguna negociación”, remarcó.

En otro momento, Gutiérrez acotó que “[Vizcarra] quiere lo mejor para Arequipa y si Arequipa no quiere, en su mayoría, la minería no se va a dar”.

GENERA MUERTES

En tanto, el alcalde de Arequipa, Omar Candia, dijo sobre el audio negó que el mandatario esté siendo parcial en este tema. “No creo que esté siendo parcial. Él escucha las partes como articulador. ¿Qué pretenden?, ¿que el presidente no escuche a las autoridades y que vaya y ponga al ejército y ejecute el proyecto? No pues, eso solo ha generado muertes, rechazo y que las contradicciones se agudicen”, puntualizó. De igual modo, recalcó que nadie puede decir que Tía María es viable en las actuales circunstancias. “Creo que a estas alturas nadie en su sano juicio puede decir que Tía María es viable. Por el pedido de la colectividad, podemos concluir que el proyecto minero no va”, agregó.

POR PRESIÓN

Para Víctor García Belaúnde (Acción Popular), la propuesta realizada por el presidente a las autoridades de Arequipa encabezadas por el gobernador Elmer Cáceres Llica es solo una respuesta al pedido de las autoridades, a pesar de que desde su agrupación se pidió desde un inicio modificar la ley de minería. “Esta última parte no está tan mala como las anteriores, pero en todo caso, lo que llama la atención es que él está hablando de una ley que no es buena, debido a la exigencia de ellos [sus interlocutores arequipeños] en cambiar la ley, porque nosotros hemos planteado desde un primer momento, algunos ajustes que hay que hacer a esta ley de minería”, sostuvo. Asimismo, el acciopopulista enfatizó que también se realizaron planteamientos para mejorar el tema del acceso al gas en el país, pero nunca se recibió una respuesta del Ejecutivo, esto debido a que “el gobierno no se interesó en el tema, salvo ahora que los de Arequipa plantean revisar la ley y ahora dicen ‘vamos a verla’”.

“INCENDIEN LA PRADERA”

El congresista Carlos Tubino, vocero de Fuerza Popular, dijo en canal N: “He escuchado al presidente decir una frase que es grave: si yo no cumplo ustedes, en pocas palabras, incendien la pradera. Un presidente de la República, que es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía, que están ahí para cuidar el orden, al final termina instigando a que puedan haber desórdenes. Yo, la verdad, no entiendo esa posición del Presidente”.

(Fuente www.expreso.com.pe)