Algunos sectores de la prensa, opinión pública y sobretodo del ámbito político vienen criticando abiertamente el accionar del Ministerio Público en el Caso Odebrecht. Se habla de un secretismo y, por ende, de una falta de transparencia en la investigación. Asimismo, de una inadecuada aplicación de la colaboración eficaz porque la misma se habría basado en capturar a los peces chicos y no a los peces grandes de arranque. También se le cuestiona porque aparentemente el Ministerio Público habría dado un trato privilegiado y ventajoso a la empresa constructora involucrada en estos actos de corrupción, en la medida que se le habría permitido a sus funcionarios dosificar la información a suministrarse para la investigación a cambio de que con la mayor libertad del mundo puedan negociar sus activos, sobretodo¸ sus ventajosos contratos de concesión que atan al Estado Peruano por décadas y que no reflejan más que un beneficio contractualmente leonino a favor de esta empresa corruptora, si cabe el término, en desmedro del bienestar de todos los peruanos.
Asimismo, últimamente nos ha venido preocupando la salida del país, con sabor a fuga, de algunos personajes que por simple inferencia ciudadana o sentido común entre nuestras autoridades, algo o mucho tendrían que aclarar o que ver en este escándalo de corrupción.
Todo lo antes referido no hace más que generar una sensación de impunidad por parte de la ciudadanía, más aún cuando la prensa y en especial los congresistas desde el Parlamento cuestionan públicamente el accionar, dizque lento, dizque permisivo, dizque cómplice del Ministerio Público.
En días pasados se ha buscado que el Fiscal de la Nación y en especial el Fiscal Hamilton Castro, quien es el encargado del caso vayan a rendir explicaciones a la Comisión Investigadora Lava Jato del Congreso de la República. Es así como la renuencia de atender este pedido del Parlamento ha generado una fricción entre este poder del Estado y un organismo constitucionalmente autónomo como lo es el Ministerio Público, titular de la acción penal en nuestro país. No cabe duda que dicho conflicto perturba y sobretodo distrae lo que debe ser una investigación a todas luces independiente, ajena a cualquier injerencia política.
Recordemos que según el artículo 97° de nuestra Constitución Política, el Congreso de la República puede iniciar investigaciones sobre cualquier asunto de interés público, como sin duda alguna lo es el Caso Odebrecht. En ese sentido, cualquier persona deberá comparecer de manera obligatoria, por requerimiento, ante la comisión que esté encargada de la investigación. Cabe agregar, que una comisión investigadora, como lo es la Comisión Lava Jato del Parlamento, puede ordenar el levantamiento del secreto bancario y el de la reserva tributaria de cualquier investigado; excepto la información que afecte su intimidad personal. En puridad, dice la Carta Magna, a esta comisión le asiste los mismos apremios que se observan en el procedimiento judicial, a pesar que sus conclusiones no obligan a los órganos jurisdiccionales.
No obstante, encontramos que de una revisión de los artículos 158° y 139° numeral 2 de nuestra Constitución, tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público gozan de independencia en el ejercicio de su función jurisdiccional. Por ende, ninguna autoridad, incluyendo a los señores congresistas, pueden avocarse a causas pendientes ante el órgano jurisdiccional ni interferir en el ejercicio de sus funciones. Es más la misma Magna Lex también aclara, que estas disposiciones no afectan el derecho de gracia ni la facultad de investigación del Congreso, pero a su vez recalca expresamente, que dicha facultad reiteramos no debe interferir en un procedimiento jurisdiccional en curso ni surtir, valga la redundancia, efecto jurisdiccional alguno.
Por dicho párrafos arriba considero, que cualquier conflicto vinculado a si es que el Fiscal Hamilton Castro debe ir o no al Parlamento a informar en la Comisión Lava Jato sobre cómo van los avances de la investigación, pues debe solucionarse con una simple cortesía a la Representación Nacional por parte del citado magistrado, quien debe presentarse ante la referida comisión investigadora y limitarse a decir o entregar aquella información que no afecte la investigación a su cargo. De esa manera, cualquier conflicto entre magistrados y parlamentarios quedaría superado y no distraería al ojo público de lo medular que es el resultado y sobretodo las consecuencias a todo nivel que tienen las pesquisas en curso.
Debemos advertir, que con la entrada en el proceso de investigación de algunos peces gordos como el ex presidente Alejandro Toledo, no es difícil inferir que el Caso Odebrecht calentará en medios periodísticos y políticos; empero, ello no debe complicar ni distraer una investigación que debe determinar con seriedad cuáles son los alcances y además las responsabilidades políticas, administrativas, civiles y sobretodo penales de todos los implicados en el mayor escándalo de corrupción de la historia peruana y latinoamericana.
A modo de conclusión no quiero dejar de mencionar, que hace poco escuche a un importante periodista decir, que es muy difícil pedirle al Ministerio Público un “acto de fe” en su trabajo con los históricos cuestionamientos que existen entorno a su labor. Sin embargo, en este caso, considero que al igual como debemos salvar las formas y respeto frente a un Poder el Estado como lo es el Congreso de la República, también debemos saber respetar la naturaleza reservada del trabajo fiscal desplegado en este caso. Dicen los mayores, que “en la cancha se ven los gallos”; pues esperamos señor Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez y señor Fiscal Hamilton Castro, que ahora que la institucionalidad del país se encuentra en vilo y que el descredito de nuestra clase política llega peligrosamente al límite, ustedes no nos decepcionen.
José Andrés Tello Alfaro
Abogado y profesor universitario de 42 años, con experiencia laboral en el sector público y privado. Cuenta con un Diplomado en “Los Derechos Humanos y las Minorías en el Mundo” - Colegio Universitario Henry Dunant/Universidad de Verano de los Derechos Humanos de Ginebra- Suiza; un Postgrado de Ciencia Política con mención de “Defensa de Estados” en la Pontificia Universidad Católica de Chile y otro de “Buen Gobierno y Sistemas Electorales” en la Universidad de Piura.
21 Abril, 2025
16 Marzo, 2018
