Punto de Encuentro

¿SEGURIDAD CIUDADANA?

 

Por Roberto Rendón Vásquez

El miércoles primero de marzo en el mercado Las Mercedarias, en los Barrios Altos, fue asesinado de un certero balazo en la cabeza el mayor PNP Felipe Andrade Arroyo cuando este se encontraba a punto de intervenir al delincuente  Paulo Andrés Sinchi Galarreta (27) alias ‘Mudo’. La noticia ha conmovido a la población en general. Este presunto autor del delito ha sido capturado prontamente por la Policía Nacional. Es un crimen más en nuestra ciudad, donde nadie se siente seguro ni protegido frente al accionar de la delincuencia. Ni siquiera los niños ni los ancianos. Ello a pesar de las promesas públicas para combatir a la delincuencia.

Este avezado delincuente tiene estremecedores antecedentes policiales y judiciales por robo agravado, tráfico ilícito de drogas, por realizar atracos en los Barrios Altos y ha estado preso varias veces en el penal de Lurigancho por robo, tentativa de homicidio. A comienzo de este año estuvo detenido por balear a un estudiante y una semana después se fugó. Un diario local informó que según el Registro del INPE él estaba “bajo arresto domiciliario desde julio del 2016 otorgado por el 44 Juzgado Penal de Lima”

El hecho no solamente conmueve por el crimen sino por el hecho que un conocido y prontuariado delincuente este libre y ejerciendo la delincuencia. ¿Cómo es que los delincuentes detenidos por la Policía Nacional y que son puestos a disposición de los Fiscales, logran al poco tiempo salir libres? Es un problema del que debe razonarse. ¿Son los Fiscales los que ordenan su libertad o son los jueces en lo penal los que lo hacen? Muchas veces ya están en pleno proceso penal, y logran penas “benignas” o al poco tiempo les conceden lo que ellos laman” “beneficios penitenciarios”, entre ellos la detención domiciliaria, la rebaja de la pena y hasta los indultos. Obviamente en este trajín (defensa lo llaman algunos) hay “expertos” abogados que trabajan a “tiempo completo” tratando que se emita una resolución judicial lo más favorable a ese tipo de detenidos. Y ningún medio de comunicación social se ocupa de ellos, salvo para “que presten declaraciones” como si fuera un aporte a su publicidad por “su excelencia profesional en materia penal”.

No basta las promesas políticas en pre elecciones. Ya la actual administración política del país ha tenido carta libre para cambiar la legislación. ¿Cuál es el resultado? La ciudadanía en general tiene la respuesta en su diaria visión de las noticias delincuenciales. Prima la decepción. Consideramos con firmeza que no hay atrevimiento ni el valor para cambiar radicalmente el Código Penal, el Código de Procedimientos Penales y leyes sobre la administración de justicia y la responsabilidad personal que deben asumir fiscales y jueces en general. Estimamos que debe empezarse por mejor tipificarse los delitos y señalar penas severas y con carácter acumulativo sin la posibilidad de “beneficios penitenciarios para los delincuentes. El condenado debe vivir de su trabajo personal y obligatorio en los lugares donde cumplan sus condenas.

Sobre el denominado hacinamiento en las cárceles. Los delincuentes se deben atender a las consecuencias de sus actos. Sin perjuicio de ello el Estado debe edificar prisiones seguras en lugares alejados de las ciudades.

 

NOTICIAS MAS LEIDAS