Cosa juzgada. Es lo que argumentan los más fervientes seguidores del humalismo. Tal parece, que tras las acusaciones de financiamiento ilícito de Odebrecht a la campaña humalista el 2011, hay un nuevo cargamontón contra el desprestigiado líder del nacionalismo. Como era de esperarse, en días donde las consecuencias de una marcha del Movadef son prioridad en la agenda del gobierno, se abrieron viejas heridas con respecto a sucesos del conflicto armado, que ahora generan preocupación en el nacionalismo. Esta no es una cacería de brujas por parte del gobierno (ocupado ahora en el tema de la reconstrucción). Parece ser que hay sectores resentidos con al régimen humalista, que ahora piden su cabeza. Es una ventana de oportunidad perfecta en esta coyuntura de acusaciones a ex – presidentes.
La justicia no es potestad de unos pocos. Sorprende, que después de varias semanas, poco se haya hecho para agilizar la extracción de Alejandro Toledo. Las viejas lealtades (Sheput, Bruce, entre otros) y favores políticos de Toledo a PPK durante su gobierno, parecen que frenan cualquier pedido de sentar al ex presidente en el banquillo de los acusados. De igual modo, Alan García, pasa desapercibido, haciendo caso omiso a las irregularidades en el Proyecto Olmos y otros megaproyectos. El fujimorismo aquí actúa como cómplice. Una alianza no tan sorprendente para nuestros tiempos, donde el APRA puede negociar hasta con su peor enemigo, por no generar controversia alguna con respecto a la administración de García. No reconocer que las más de 35 menciones de “AG” lo sindican como el principal sospechoso, es ya un mal chiste. El Parlamento, una vez más, hace caso omiso a una investigación contra García.
La clase política es cuestionada y encarna esa impunidad frente a la debilidad de la rendición de cuentas de cada administración. Los logros obtenidos por el crecimiento económico, con un modelo aperturista que sorprende al mundo (y a la vez, frágil, por su escasa fiscalización a las inversiones extranjeras), ha liquidado la legitimidad de la clase política después del retorno a la democracia. Las altas cifras de crecimiento no pueden estar por encima de la impunidad hacia nuestros líderes políticos. Los rezagos de la partidocracia luego de la caída del fujimorismo revelan un problema estructural: la fiscalización de autoridades (accountability) en un sistema democrático precario. Esto, desdela literatura académica, es ampliamente debatido y se formulan diversas estrategias para abordar la problemática. Existen los mecanismos, solo que los ignoramos.
Madre Mía, parece ser ese pecado de Humala que lo perseguirá por siempre. Las pruebas van a reafirmar su inocencia o, tal vez, en el peor de los casos, reabrir las investigaciones. Otra lectura de este suceso, es que hay cierto revanchismo del aprismo por mancillar la administración humalista, con todas las consecuencias que trajo la recordada “Megacomisión”. Estas acciones, tendrían el apoyo del fujimorismo que, tácitamente, está alineado con la estrategia de desprestigiar a potenciales candidatos como Humala, para las elecciones del 2021. En esto, corresponde al objetivo del aprismo, en su esfuerzo por desviar la atención de la opinión pública de cualquier delito que vincule a García. Inocentes o no, Humala y García deben responder por igual. La impunidad no debe ser política de este gobierno.
Sorprende que siendo el país con más delitos que vinculan a autoridades y ex – presidentes con los manejos oscuros de Odebrecht, poco se haya podido avanzar en material judicial. Esta es una oportunidad para democratizar la justicia y que las instituciones encargadas de impartirla, recuperen legitimidad ante la ciudadanía. No será fácil, pero es un derecho ganado el de la rendición de cuentas de las autoridades con sus electores.
27 Marzo, 2023
20 Noviembre, 2021
