“Antes de que se someta a la censura, creo que lo mejor que puede hacer, para bien suyo y de su familia, es que presente su renuncia”, le dijo el congresista Daniel Salaverry a Martín Vizcarra el día que acudió al Congreso para responder el pliego de preguntas que buscaba su censura. El día de ayer tomó de sorpresa la renuncia del primer vicepresidente a la cartera de Transportes y Comunicaciones.
La mayoría de bancadas se mantuvieron alerta para observar el contrato con el Consorcio KunturWasi y la adenda del mismo sobre la construcción del Aeropuerto de Chinchero. El hecho desencadenó en un ambiente tenso entre el Gobierno y la oposición, especialmente la de Fuerza Popular. Las relaciones entre Ejecutivo y Parlamento hasta ahora no han sido las deseadas para cambiar el rumbo de un escenario que parece estar destinado a un ataque sin tregua y carente de gobernabilidad consensuada. El caso Chinchero, otros pendientes y los que vendrán, contribuyen a la incertidumbre en la relación de estos dos poderes del Estado.
¿Por qué son repetitivos estos anuncios y casi advertencias de interpelación a los ministros de este gobierno? ¿Quiénes promueven estas prácticas que tergiversan el sentido de las mismas? ¿Qué consecuencias tienen para la gobernanza estatal? Este escenario del espectáculo político se entiende por una lógica equívoca de ser oposición mayoritaria en el Congreso: el comportamiento político como rédito electoral permanente. Este contexto se promueve por fuerzas que decidieron no apoyar la alianza simbólica y decisiva que permitió llegar a PPK a Palacio de Gobierno. Las consecuencias van más allá de la satisfacción política de poder influir sobre la esfera del Ejecutivo y practicar un sentido de sometimiento al primer poder del Estado.
Establezcamos tiempos respecto al asentamiento gubernamental entre un período y otro. En segundo lugar, reglamentar el recurso de interpelación fuera de todo juicio político que desencadene en una mejora del posicionamiento electoral de las fuerzas acusadoras. En parte, necesitamos mejorar el recurso de la gestión de interés para una apertura consciente del gobierno ante las obras que traen mejora en la ciudadanía, con reglas que cierren filas a toda crítica que busque oportunismo y que sancionen civil y judicialmente a quienes caminen lejos de la Ley.
Alejados de toda polarización electoral, recurrimos a establecer las reglas claras de juego para una gobernabilidad artificial y sin interrupciones. El Ejecutivo tiene que hacer bien el rol de gestión política y gobernar en un escenario hostil (se esperaba). Hace diez meses dejamos la competencia electoral para ir hacia un gobierno que nació del consenso anti electoral y débil políticamente, pero que necesita de #UnaSolaFuerza. En los pasillos del Parlamento se escucha: el que sigue, por favor.