Muchos habrán dejado pasar inadvertida la noticia de que un nuevo distrito concentrará la mayor cantidad de canon gasífero en el Perú: Megantoni. Lo característico de esta nueva circunscripción en nuestro complejo entramado de gobiernos subnacionales, es que abarca los lotes 56, 57, 58 y 88, que en su conjunto forman el ambicioso Proyecto Camisea, cuyas operaciones están a cargo de la transnacional PLUSPETROL. Hasta nuestros días, Camisea representa el buque insignia del sub-sector hidrocarburos, así como el principal contribuyente al fisco peruano. Esta reflexión parte de dos sucesos importantes, uno relativo a las implicancias detrás de la creación de este distrito, y el otro, con respecto a un factor exógeno al suceso, pero que abre el debate con respecto a la rendición de cuentas en gobiernos subnacionales con altas asignaciones por concepto de canon.
Lo peculiar de la creación de Megantoni, es el momento político. En plena transición a finales del régimen humalista en julio de 2016, se promulgó la Ley 30481 que materializa su creación. Es un momento clave ya que desde hace algunos años, existe un interés público por parte de PLUSPETROL para llevar a cabo actividades de exploración en zonas aledañas al Lote 88, poniendo en peligro a pueblos indígenas en aislamiento. Ante ello, en 2012, organizaciones indígenas amazónicas expresaron su disconformidad por estas iniciativas ante James Anaya (Relator especial sobre los pueblos indígenas ante la ONU); como resultado, en 2014, Anaya expresa una serie de observaciones, haciendo énfasis en la importancia de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y los mecanismos para precautelar los derechos de los pueblos indígenas. A esto, se suma el hecho de que (uno) de los detonantes de la creación de este distrito, se basa en un pedido reiterado de comunidades aledañas a Echarati, que se sentían excluidas del plan de inversiones llevado a cabo por el gobierno municipal.
En la literatura de política pública, existe un momento clave donde una política pública entra en la agenda: la ventana de oportunidad. Kingdom sugiere que un tema se posiciona en la agenda, cuando tres vertientes confluyen en un mismo momento (problemas, soluciones y contextos políticos), abriendo una ventana de oportunidad. A grandes rasgos, julio del 2016 es un contexto político idóneo, en el cual el régimen humalista promulga un paquete de leyes a último momento, lejos del foco de la opinión pública, entre los cuales se promulga el instrumento que materializa la creación de Megantoni. Asimismo, confluyen problemas (la exclusión de las comunidades cercanas a Echarati), así como la soluciones al mismo (la respuesta estatal es crear una nueva jurisdicción), abriendo una ventana de oportunidad para llevar a cabo la creación de Megantoni. Esta es una aproximación a grandes rasgos, ante la ausencia de investigación sobre el rol de PLUSPETROL en este proceso, los intereses de los actores por llevarlo a cabo, así como los debates parlamentarios (que solo duraron dos sesiones) entre Mayo y Junio de 2016.
Un factor exógeno al suceso, pero no lejano al sector energético, es el caso del distrito ancashino de San Marcos. San Marcos, continua siendo uno de los distritos más ricos del Perú, gracias al canon (80 millones de soles) proveniente de las actividades mineras a cargo de Antamina. En las elecciones municipales y regionales del 2010, San Marcos era una plaza disputada por un gran número de partidos políticos, tras sucesos fortuitos como la muerte “accidental” del alcalde, abriendo suspicacias sobre el interés de los partidos políticos por el control de las asignaciones presupuestarias. En febrero de 2017, Leonardo Chávez, alcalde distrital de San Marcos, fue detenido cuando recibía una coima cercana a los 5 mil soles. Fue denunciado por delitos contra la administración pública; sin embargo, hace unos días, se ordenó su detención preventiva, pero se desconoce su actual paradero. Esto, confirma las cifras alarmantes: desde el 2011, el distrito de San Marcos, ha tenido 4 alcaldes, dos de ellos, perseguidos ante acusaciones de corrupción.
La experiencia de San Marcos abre luces para no replicar errores similaresen Megantoni. Primero, desde la academia, incentivar el compromiso por el estudio sobre la rendición de cuentas (accountability) en gobiernos subnacionales con altas asignaciones por concepto de canon minero y gasífero. Esto, con el objetivo de observar la transparencia en el acceso a la información con respecto a la ejecución de proyectos de inversión, provenientes de los ingresos de la bonanza de los recursos naturales. Segundo, el problema de la elección de autoridades para el 2018, la capacidad de gasto de las mismas, así como los peligros de los delitos de corrupción, son desafíos latentes. La preocupación radica en la utilización eficiente de los recursos públicos, sobre todo en un distrito con poco más de 12,000 habitantes. Si algo ha confirmado San Marcos (con una población similar), es la poca eficiencia para ejecutar el presupuesto procedente del canon, así como las prácticas de corrupción que se institucionalizan entre los funcionarios públicos. En un régimen democrático con precariedad institucional, la rendición de cuentas es un serio desafío para los gobiernos subnacionales. Megantoni generará retos en la gestión pública, por lo queel rol de la ciudadanía para ejercer el control político sobre las autoridades, supervisando el uso eficiente de los recursos públicos, es un aliciente necesario.