Financiamiento público directo a los partidos políticos ¿qué? ¿por qué?

El jueves 08 de junio, se publicó la RJ N°165-2017-JN/ONPE, aprobándose la transferencia financiera de recursos económicos a los partidos políticos, cumpliendo lo estipulado en el artículo 29° de la Ley N° 28094, Ley de Organizaciones Políticas. Los montos se determinan según el artículo mencionado y al artículo 4° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios, consistente en multiplicar el número total de votos emitidos para el congreso por el monto equivalente al 0,1% de la UIT. 

Durante el quinquenio 2017-2021 se asignará más de 74 millones de soles, repartidos a 6 organizaciones políticas que alcanzaron representación en el Congreso[1]. Del cual; un 40% se asigna de forma igualitaria entre partidos y alianzas, y el 60% restante de forma proporcional a los votos obtenidos por cada uno de ellos. El presente año se repartirá S/ 14´813 499,00, asignándose a: FP, S/ 4´517 854,04; PPK, S/ 2´587 131,07; FA, S/ 2´342 016,58; APP, S/ 942 204,86; Somos Perú, S/ 471 102,43; Restauración Nacional, S/ 471 102,43; Alianza Popular, S/ 1´795 220,32 (no se publicaron montos exactos a repartir entre el APRA[2], PPC y Vamos Perú); AP, S/ 1´686 866,84.

Dichos recursos son para formación, capacitación, investigación y gastos de funcionamiento ordinario; lo que en teoría debería fortalecer el funcionamiento y organización de las mismas. 

Con esta medida, se marca un antes y un después en los partidos políticos, pues hasta la fecha, han sobrevivido a través del financiamiento privado (ONPE, 2010, pp 77)[3], principalmente con cuotas mensuales del afiliado (cotización política)[4], aportes y donaciones, actividades institucionales de recaudación, rentas de activos y aportes de los miembros del partido que ocupan representación popular.  

Sin embargo, la debilidad administrativa y la informalidad económica-política de los partidos generan escepticismo en su capacidad real de gasto. Escenarios como la conformación de redes clientelares donde amigos, familiares o conocidos presten servicios sin contar con los perfiles necesarios, o la posibilidad de desviación de fondos convirtiendo el dinero público en una nueva forma de obtención de recursos para fines no contemplados en la ley, son algunos casos que podrían darse. Ante ello, la ONPE podría administrar un Registro de Entidades Capacitadores para Partidos Políticos (RECAPP), estableciendo un mínimo de requisitos legales y técnicos, similar a las encuestadoras, siendo el registro de acceso público a fin de evitar tales escenarios. 

Se hace necesario fortalecer la fiscalización de la ONPE respecto a los nuevos fondos y reconfigurar sus estrategias de control; asimismo, tomar las precauciones del caso, pues se podrían engendrar nuevas argucias o casos de corrupción, retorciendo el espíritu de la norma, no olvidemos que todo lo que no está prohibido por ley, está permitido. 

En consecuencia, con la nueva estructura financiera que adquieren los partidos políticos, se podría comenzar a exigir: mejores candidatos (evaluados y capacitados para ser autoridad o representante), mayor institucionalidad (mínimamente oficinas y comités descentralizados permanentes y activos a nivel nacional donde se formen cuadros y ciudadanía política) y mayor transparencia en sus finanzas, pero no solo para la ONPE; sino y por encima de ella, para nosotros, los ciudadanos.