Una complicidad criminal

Consternados por el terremoto fatídico que padecieron nuestros hermanos mexicanos, la comunidad se ve de pronto bombardeada por recomendaciones para afrontar las consecuencias de los sismos y, por otro lado, aparecen los técnicos a hablar de las zonas de Lima con terrenos y edificaciones vulnerables. Nuevamente se repite la letanía de advertir la existencia de construcciones antiguas, de construcciones precarias y de la autoconstrucción sin dirección profesional.

Desde que las municipalidades asumieron, entre otras competencias y responsabilidades, las de otorgar constancias de posesión de predios a los ciudadanos que lo solicitan, esa función viene siendo una suerte de licencia para matar sin límite.

Sin lugar a error, por lo menos, durante los últimos 50 años, observamos la misma triste y repetida historia: lluvias, inundaciones, huaycos, muertos, viviendas arrasadas, infraestructura dañada y luego asistencia de los organismos públicos: “ayuda”, regalos, carpas, promesas de reubicación, promesas de momento y sin ninguna visión programática.

La ocupación ilegal, las certificaciones y constancias de posesión tienen dos responsables: los traficantes de terrenos y los malos funcionarios municipales; una complicidad criminal que tiene el propósito de hacer dinero a cualquier costo, una alianza nefasta que todos los años arrasa con más vidas, y que viene aprovechándose de las desgracias y necesidades de los más pobres. 

Como si fuera poco, también la negligencia e inexistente cultura de prevención viene del ciudadano. Para muestra un botón: tenemos que el dueño de un pequeño terreno – sin cumplir con el área mínima – quiere tener las mayores alturas de edificación para construir más departamentos y tener mayores ingresos. No se respetan las dimensiones mínimas del lote para cada altura, ni la zonificación, ni se hacen los controles de la obra. Lo que interesa aquí es el incremento de sus ganancias, a costa de la vida de otras personas.

Las autoridades, y sobre todo los municipios, tienen el deber de proteger y defender la integridad de sus ciudadanos, sin embargo en los últimos acontecimientos – como el ocurrido en el terremoto de Pisco del 2007 - vimos que muchos de los alcaldes brillaron por su ausencia. Un episodio que evidencia no sólo la absoluta incapacidad de gestión, sino la falta de compromiso con su pueblo.

Es por ello que aquellos alcaldes y funcionarios municipales que otorguen constancias de posesión en áreas de riesgo no mitigable y que además otorguen licencias de construcción, deben ser sancionados administrativa y penalmente. Demandándose así, la inclusión de esa figura delictiva de manera clara y expresa en el código penal.

Esperemos pues, que las autoridades municipales entiendan, que el desafío de las ciudades no es pavimentar y construir edificios con gran altura, el desafío es; construir una ciudad a la altura de las personas. Que las propuestas de planificación manifestadas frente al Niño Costero, el Incendio de Las Malvinas y otros siniestros, no queden en el olvido. Las acciones son ahora y a paso ligero.