Elecciones Chile 2017 (ii): Sebastián Piñera y el reto de superar los conflictos de interés.

Sebastián Piñera ganó, por segunda vez, la elección presidencial de Chile.

Su primer triunfo electoral, el 17 de enero de 2010 derrotando a Eduardo Frei, fue histórico porque significó el final de 20 años ininterrumpidos de gobiernos de la Concertación; ésta segunda victoria democrática, del pasado domingo 17 de diciembre de 2017, no es menos histórica al haber conseguido la mayor votación de la centroderecha del actual periodo democrático, tras el Régimen Militar de Augusto Pinochet.

Con más de 9 puntos porcentuales de diferencia, el electo presidente Piñera superó con creces al candidato oficialista, Alejandro Guillier. Según el Servicio Electoral de Chile (SERVEL), el empresario y tercera persona más acaudalada de Chile se impuso en 13 de las 15 regiones del país, dejando como tarea pendiente la conquista del voto chileno en el extranjero, bastante favorable a la candidatura de la centroizquierda.

Pero si de tareas pendientes intentáramos analizar el futuro político de Chile, Piñera tendrá su mayor reto en dar solución al inaplazable conflicto de interés que supone ser un alto funcionario público (en su caso, el de mayor responsabilidad nacional) mientras ejerces actividades lucrativas, propias de la maximización del beneficio del sector privado.

No pretendo trasmitir la idea que una persona exitosa en el sector privado está condenada, más por un tema moral que legal, a no desempeñar un cargo público en el que aporte todo su conocimiento en beneficio de sus connacionales. Todo lo contrario, qué mejor carta de presentación que el éxito, entendido como la constatación de eficiencia, eficacia y efectividad que toda gestión (pública y privada) debería tener como faro. Sin embargo, cuando se anhela ocupar un cargo público con el objetivo de servirse del mismo, utilizando la legal actividad empresarial, evidencia un flagrante conflicto de interés que de pasar inadvertido en la opinión pública, como lamentablemente sucede muchas veces,podría sembrar efectos aún más perniciosos porque el problema, a priori administrativo, tendría raíces sociales y culturales, siempre más difíciles de superar.

Durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, hubo una avalancha empresarial sobre el aparato burocrático del Estado. La denominada “operación desalojo” trajo consigo más de 10 mil despidos en el sector público, sólo durante el 2010. Según la Ley de Transparencia se puede observar que cerca del 53% de los directivos habían sido despedidos argumentando falta de confianza política, y el 38% de sus reemplazantes fueron seleccionados discrecionalmente y no bajo el Sistema de Alta Dirección Pública.

La presunción de neutralidad ideológica de los expertos, sintetizada en la fórmula del “gobierno de los mejores”, fue la estrategia implementada por el primer gobierno de Piñera, que contenía un velado desprecio por la política tradicional, y daba paso a que la lógica empresarial manejara los destinos de Chile. Sobre este particular, considero importante hacer la reflexión, aún siendo muy teórica, que la premisa de todo empresario es la maximización del beneficio y que ella, según mi hipótesis, dista bastante de la premisa de un político (entendido como persona entregada a la causa pública) que yace en la redistribución de la renta y la riqueza.

No obstante, más allá de las diferencias de las premisas o lógicas (pública y privada), los principales conflictos de interés que empañaron el primer gobierno de Piñera fueron las irregularidades detectadas en licitaciones públicas, por ejemplo, en el área minero-energética, en el que se conoció que el Presidente y algunos de sus ministros tenían intereses en el proyecto carbonífero de Isla Riesco, el mismo que había sido aprobado por el Consejo de Ministros y la institucionalidad medioambiental. El proyecto pertenecía a Minera Isla Riesco S.A. y sus accionistas eranCopec S.A. e Inversiones Ultratierra. Piñera era uno de los mayores accionistas de Copec y su ministro de Hacienda, Felipe Larraín, era parte del directorio.

Sin lugar a dudas, el mayor reto del próximo gobierno de Sebastián Piñera está en superar los conflictos de interés que enturbiaron su primer mandato; la actual tendencia política regional no es la misma que en el 2010 y, al presidente electo, le sería muy útil tomar nota de la crisis política que está arrasando la precaria institucionalidad de los países de América Latina, a raíz de los destapes de corrupción del Caso Odebrecht.

Nuestras sociedades, con cierta lentitud pero indignación porque afecta a nuestra calidad de vida, viene adquiriendo un importante grado de sensibilidad respecto de los efectos nocivos que trae consigo “las puertas giratorias” y el aprovechamiento de los cargos de poder en la gestión pública para beneficiar los intereses particulares, utilizando la legalidad del accionar empresarial.