Brasil y Lula, Lula y Brasil… Una vez más asistimos a la caída de un mito, una vez más un relato nos roba la verdad.
La imagen que todos los medios de comunicación del mundo “viralizaron” el pasado 7 de abril fue la de un señor de 72 años de edad entregándose a la policía para cumplir la sentencia, en segunda instancia, que lo condena a 12 años de cárcel por corrupción. Sin embargo, ese hecho objetivo (la condena a la corrupción), aceptado por la construcción republicana de sociedad, que parte del rechazo al abuso de poder de toda autoridad; se convirtió en la rabia de miles y millones de brasileros, movilizados en todo el país, para defender al acusado y condenado por corrupción. No resulta creíble desde la racionalidad o desde la defensa de lo público; pero, si desvelamos la identidad de ese señor de 72 años, los científicos sociales tenemos un, más que apetecible, tema de investigación: LuizInácio Lula da Silva, el expresidente brasilero.
Los resultados de las políticas públicas que el Partido de los Trabajadores (PT)puso en marcha durante los 8 años de gobierno de Lula son innegables: el programa “Hambre Cero” consiguió que Brasil abandone el Mapa del Hambre de Naciones Unidas; los programas “Brasil Sin Miseria” y “Bolsa Familia” permitieron que 36 millones de brasileros emerjan de la pobreza extrema; el programa “Mi Casa, Mi Vida” entregó 6 millones de viviendas populares, además de los exitosos programas que hicieron posible la creación de 20 millones de nuevos puestos de trabajo en la economía formal, la creación de 18 universidades públicas y las millones de atenciones médicas con profesionales de primer nivel. No obstante, y aún con todos los brillantes resultados que puede evidenciar el gobierno de Lula, no es saludable que una sociedad, cualquiera sea, permita que le construyan un relato en el que en la gestión pública, en la política, sólo importa los buenos resultados; y, todo el quehacer de sus autoridades, es relativizado.
A la par de los exitosos programas sociales, Lula desplegó una maquinaria comunicacional potentísima a fin de ensalzar su gobierno y salvaguardar los interesesque siempre pulularon en su gobierno, los del gran capital privado; pese a la contradicción retórica que sostuvo de cara a la sociedad. En un mismo mitin de Lula era posible la convivencia de ciudadanos de las favelas y empresarios de multinacionales defraudadores del fisco; en fin, ese era Lula, la celebración de conciliar dos países extremos. Brasil, uno de los países más desiguales del mundo, debía conciliarse sin mirar qué o quién causaba la desigualdad; en aras de proteger un relato que ilusionaba, al mismo tiempo que dejaba impune todos los atropellos más nocivos a la moral ciudadana.
La corrupción no solo es servirse del Estado, en caso de ser autoridad pública; o no solo es un empresario que compra al político para conseguir rentas a través de concesiones públicas. La corrupción también se fragua en los constructos sociales que condenan a las sociedades al subdesarrollo e impiden que éstas puedan llegar a los estándares mínimos de dignidad; esos mitos y relatos también son, en mi opinión, corrupción.
El actual presidente de Brasil, Michel Temer, acumula un rechazo ciudadano mayor al90%; decenas de parlamentarios tienen investigaciones fiscales abiertas por corrupción; destacados exponentes de la clase empresarial fueron agentes corruptores en toda la gigantesca red de captación de los poderes públicos; y, como no hay moneda de una única cara, la sociedad brasilera sufre alrededor de 60 mil asesinatos al año, en medio de un escenario bélico desenfrenado por la mera supervivencia en las favelas, que deja como saldo el tercer país en el mundo con mayor población carcelaria, 725 mil personas entre rejas… entre ellas, Lula.
Agotada la representación política, desbordada porla desafección a las actuales autoridades y la defensa a un expresidente preso; quisiera creer que la justicia brasilera se erige, cual baluarte de la moral, en un ejemplo de ciudadanía para una sociedad huérfana de patrones de comportamiento ético. Quisiera creer que la actual justicia brasilera es capaz de proveer de elementos cognitivos y estímulos, sobre todo de estímulos, a una ciudadanía urgida en superar sus históricas desigualdades. Sin embargo, y sin el ánimo de condenarme al pesimismo, me desalienta la utilización de ciertas tendencias jurídicas como la delación premiada para juicios estrictamente políticos. El principio de independencia de los tribunales constituye uno de los principios básicos del constitucionalismo moderno, como garantía del derecho de los ciudadanos a una justicia libre de presiones e interferencias del poder político y otros poderes fácticos, nacionales e internacionales; cuando ello se cumpla en la actual Brasil, dejaré de querer y pasaré a confiar que el anhelado cambio estructural puede ser una realidad.
José Carlos Urbina Suárez
Politólogo de la Universidad Complutense de Madrid (UCM)