Por Roberto Rendón Vásquez
Ante en permanente riesgo, sin excepción de todas las personas, de ser víctimas de delincuentes en cualquier lugar (vías públicas, restaurantes, centros comerciales o de trabajo o estudios, vehículos y hasta en viviendas) la ciudadanía está clamando a las autoridades la indispensable protección y seguridad.
No obstante, ese reclamo, la criminalidad se incrementa constantemente a pesar del sacrificado actuar de nuestros policías que cada día capturan muchos autores de delitos que son vistos en informativos periodísticos, delincuentes que con los atestados policiales correspondientes son puestos a disposición del fiscal para que éste los denuncie al juez penal para que lo procese penalmente. El juez penal a pedido del fiscal ordena la privación de la libertad mediante una resolución motivada como detención preliminar o prisión preventiva. El autor del delito es recluido en establecimiento penal. Aquí hay otro grave problema.
El problema derivado del incremento de la delincuencia es que los actuales 69 centros penitenciarios solo tienen capacidad para 41,500 “internos”; pero hay un hacinamiento de 143 %, porque a diciembre (2025) había detenidos y/o sentenciados 103,342 encarcelados. Los encarcelados unos son porque aún están procesados penalmente en el Poder Judicial y la mayoría porque ya está sentenciado a pena privativa de libertad. Del 2025 hasta ahora se ha incrementado el número de encarcelados y esto – aunque no se quiera reconocer – “es justificación” para que durante el enjuiciamiento del delincuente el magistrado “resuelva” dándole libertad para que se le procese en libertad. Es innegable – hecho público en informativos periodísticos televisivos, los jefes policiales – al exhibir al delincuente – manifiestan que ya fue detenido antes por otro delito, pero le “han concedido” libertad y ha seguido delinquiendo.
El problema es la sobre saturación de encarcelados en los existentes establecimientos penales. La nueva Presidenta der la República reconoce esa situación. Acaba de hacer una declaración referente a la edificación de nuevas cárceles. Para esto se requiere que haya un presupuesto específico en cantidad suficiente. Esto lo que se tiene que aprobar el Congreso de la República en la Ley del Presupuesto Nacional de la República para el año 2027.
Estando “paralizada la construcción” de los penales de Ica, Chincha, Arequipa, Pucallpa y Cajamarca, es indispensable que en la aprobación presupuestal referida se incluya el fondo dinerario suficiente parta completar dichas edificaciones “paralizadas”. Se informa que la Contraloría General, a mediados de 2025, ha evidenciado grandes retrasos, sobrecostos y abandono, a pesar de la crítica situación de hacinamiento en las cárceles del país. El megapenal de Ica está destinado a ser el más grande del país; lleva años en abandono. Es necesario concluirlos a la brevedad.
Las cárceles deben edificarse sólo en alturas andinas y ser totalmente seguras y al interior de cada una construir centros de producción (fábricas) de productos destinados a los mercados nacionales y/o internacionales, donde la mano de obra sea únicamente de reclusos investigados y/o sentenciados para que con sus respectivas remuneraciones sufraguen su alimentación, gastos de salud y vestuario. Dichos locales productivos deben alquilarse a personas naturales y/o jurídicas de la actividad privada. Hay como ejemplo que en algunos países en el interior de los establecimientos penales hay fabricas debidamente equipadas que producen mercaderías hasta para los mercados incluso internacionales.
En todos los establecimientos penales actuales y los que se edifiquen deben instalar equipos necesarios para impedir la trasmisión por teléfono, celulares y/o internet al exterior. (Se evitará que los “capos” organicen y/o dirijan sus bandas desde las cárceles).
Estando a que los encarcelados son sostenidos gratuitamente por el Estado desde que está procesado penalmente o sentenciado; tiene asegurada su diaria alimentación (con tres comidas diarias: desayuno, almuerzo y comida) más los servicios de salud totalmente gratuitos y cuyo “gasto” proviene del erario nacional; o sea que los ciudadanos tenemos que mantener – con nuestros impuestos – a los delincuentes que nos han hecho daño. “Es como si hubieran obtenido una beca”. Ante ello, es el momento que los nuevos gobernantes de los Poderes Legislativo y Ejecutivo aprueben normas legales que obliguen a que toda persona detenida y/o sentenciada pague su mantenimiento. Lo harán con las remuneraciones que perciban por trabajar (en forma dependiente y subordinada) al empleador de las señaladas fábricas.
Consecuentemente, establecer que el sostenimiento de vida de un encarcelado no provenga del erario nacional.
Simple referencia: el Estado gasta S/.30,oo diarios para la manutención de cada encarcelado (S/ 30.00 por c/u) o sea S/.3´000.000 diarios en los actuales reclusos.
Entender: si el Estado no aprueba presupuestos para esas edificaciones, implícitamente se estará protegiendo a la delincuencia. ¡Solo las palabras, discursos y promesas de políticos no garantizan la seguridad de los peruanos!
