La VIII Cumbre de las Américas, con el auspicio de la OEA, concluyó con la suscripción del Compromiso de Lima, denominado “Gobernabilidad Democrática frente a la Corrupción”.

El citado instrumento internacional es el compromiso de los países que lo suscribieron, en siete aspectos, como son el fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, la transparencia y el acceso a la información, el refuerzo de las organizaciones políticas y campañas electorales, la prevención de la corrupción en contrataciones de los Estados, la cooperación internacional para combatir la corrupción y el crimen organizado, mecanismos internacionalesanticorrupción, y el seguimiento del Compromiso de Lima.

Los siete rubros del “Compromiso de Lima” están plasmados en 57 buenos propósitos, que al fin de cuentas son lugares comunes y verdades de Perogrullo, como el fortalecimiento de las instituciones democráticas, la autonomía e independencia judicial, la transparencia de la gestión pública, la participación ciudadana en la prevención del delito, buenas prácticas en selección de funcionarios públicos, involucramiento del sector privado para la transparencia pública, mejorar los sistemas de compras estatales, cooperación en caso de desastres, simplificación administrativa, cooperación judicial internacional, combate a la evasión fiscal, y en fin todo lo que puede pergeñar la imaginación de los diplomáticos de América.

Como podemos observar muchos compromisos, pero sin fijar procedimientos para alcanzar las metas, y menos los plazos para lograr los cometidos. Sabemos hasta la saciedad que disposiciones sustantivas que carezcan de procedimientos para hacerlas cumplir y plazos para su puesta en vigencia y valor, quedarán allí, abultando los archivos de declaraciones y compromisos internacionales que son lírica, y no necesariamente de la buena.

 

No queremos ser aguafiestas, pero si llamar a la reflexión. Lo que necesitamos a gritos para todos los propósitos del “Compromiso de Lima”, es encargarle a la OEA proyecte una convención internacional para el procesamiento y juzgamiento de acciones de corrupción en que se vean inmersas personas de diferentes países y residencias. El crimen organizado ha traspasado fronteras y, la corrupción no está dentro de los límites de cada país, sino que puede ser planificada y proyectada en una nación, pero se ejecuta en otro u otros países. Como ejemplo tenemos el escándalo “Lava Jato”, en que los actos de corrupción se proyectaron y ejecutaron parcialmente en Brasil, pero con ramificaciones en varios otros Estados, en que existe colusión entre empresarios y autoridades. Ello le hace un forado al Fisco, y reduce la capacidad y finanzas de los Estados para hacer más obras públicas o elevar el nivel y calidad de los servicios prestados a sus poblaciones.

 

Complementando lo señalado, habría que encargarle a la OEA preparar los proyectos normativos para la armonización de las legislaciones internos de nuestros países, tanto para prevenir la corrupción como para combatirla.

 

No nos mareen con tanta declaración, discursos y compromisos retóricos, es hora de enfrentar a la corrupción en forma concreta y realista, lo que nos hace acordar de la frase de un político de antaño: hechos y no palabras.