De una protesta diplomática a la decisión de América Latina

Por Chengzun Pan

El 11 de febrero de 2026, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un mensaje en redes sociales señalando que el Perú podría no tener la capacidad suficiente para supervisar el puerto de Chancay, controlado mayoritariamente por capital chino, y advirtió que esta situación podría afectar la soberanía peruana. Las declaraciones generaron rápidamente atención en la opinión pública internacional y volvieron a colocar bajo los reflectores la competencia de influencia entre las grandes potencias en América Latina.

Al día siguiente, la Embajada de China en el Perú respondió mediante un comunicado, calificando las afirmaciones estadounidenses como una “campaña abierta de desinformación y desprestigio” contra el puerto de Chancay. China expresó su firme rechazo y profundo malestar, reiterando además que la cooperación entre China y el Perú se basa en el respeto mutuo y el beneficio compartido.

Casi al mismo tiempo, comenzó a circular en internet una fotografía aparentemente informal: el embajador de Estados Unidos en el Perú sentado junto a actual expresidente José Jeli, ambos sosteniendo hamburguesas, acompañados de comentarios irónicos sobre “cambiar el menú”. Si no hubiera existido previamente el cruce diplomático mencionado, quizá habría sido solo una escena social sin mayor importancia. Pero cuando la imagen de las hamburguesas aparece junto a la polémica sobre Chancay, el “menú” deja de pertenecer únicamente a la mesa y pasa a convertirse en una metáfora política.

Según cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), durante el año 2025 las operaciones de importación y exportación realizadas a través del puerto de Chancay generaron para el Estado peruano alrededor de S/ 1,037,512,464 en impuestos y aranceles, equivalentes a aproximadamente 309 millones de dólares.

Ese dato demuestra que Chancay ya dejó de ser simplemente una infraestructura portuaria y empieza a convertirse en un punto estratégico capaz de influir en la futura estructura comercial del Pacífico.

Hace algún tiempo conversé con un político peruano sobre la infraestructura vial que conectará Chancay con el resto del país. Medio en broma me dijo: “Pensábamos que una obra así tomaría diez años, pero ustedes la terminaron en tres y todavía no reaccionamos”. En ese momento sonó más como una ironía sobre las limitaciones del propio Estado peruano. Sin embargo, visto hoy en perspectiva, esa lentitud también refleja cómo muchos países latinoamericanos todavía no terminan de adaptarse, ni institucional ni psicológicamente, a los cambios del equilibrio global.

Las críticas alrededor de Chancay suelen concentrarse en tres temas: seguridad, soberanía y riesgo de dependencia.

El primero es la seguridad. Algunos sectores han intentado presentar el puerto como una posible “base militar”, pero hasta hoy no existe evidencia seria que sustente esa hipótesis. Además, el Perú cuenta con sus propias instituciones de seguridad y mecanismos de supervisión estatal. Convertir automáticamente un puerto comercial en una instalación militar responde más a imaginarios geopolíticos que a hechos concretos.

El segundo tema es la soberanía. La inversión china acumulada en el Perú ya alcanza varias decenas de miles de millones de dólares. El puerto de Chancay, al igual que otros proyectos extranjeros, es esencialmente una inversión privada sometida a las leyes y regulaciones peruanas. En un sistema político multipartidario y con fuertes mecanismos de control institucional, resulta difícil imaginar acuerdos que estén por encima del marco legal nacional.

El tercer argumento es el llamado “riesgo de dependencia”. Sin embargo, la propia estructura económica muestra una realidad más compleja. En 2024, el comercio bilateral entre el Perú y China alcanzó aproximadamente 39,760 millones de dólares. De ese total, las exportaciones peruanas hacia China representaron alrededor de 25,225 millones, mientras que las importaciones desde China sumaron cerca de 14,534 millones, dejando para el Perú un superávit comercial aproximado de 10,690 millones de dólares. En una relación comercial claramente beneficiosa para ambas partes —e incluso favorable para el Perú— resulta difícil sostener que toda cooperación equivale automáticamente a dependencia.

Por eso, más allá de las discusiones externas, quizá lo más importante sea entender la lógica de decisión de América Latina. Como suelen decir muchos políticos peruanos de manera bastante pragmática: no conviene poner todos los huevos en una sola canasta. Para el Perú, el camino más racional nunca ha sido alinearse completamente con una sola potencia, sino ampliar su propio margen de maniobra en medio de la competencia global.

Porque al final, lo que define el destino de un país no es cuál potencia parece más confiable, sino su propia capacidad institucional, su estabilidad estratégica y la paciencia con la que enfrenta el tiempo histórico. El verdadero futuro del Perú dependerá de una nueva generación de líderes capaces de confiar en el país y pensar más allá de las coyunturas inmediatas. Solo cuando una nación conserva la capacidad de decidir su propio mañana, el diálogo con las grandes potencias puede darse realmente en condiciones de igualdad.

Y probablemente, durante mucho tiempo, América Latina seguirá oscilando entre distintas fuerzas internacionales. Pero lo verdaderamente importante nunca será acercarse más a una u otra potencia, sino conservar la capacidad de decidir su propio rumbo cuando cambien los tiempos.