Desde que Pablo Macera dijera aquella frase “el Perú es un burdel”, casi nada ha cambiado.
Cuando la dictadura lanzó a la Alcaldía de Lima a Hurtado Miller, contrató a Rosa María Palacios por 60,000 dólares para que le haga un “plan de gobierno”, el dinero provenía de Montesinos; cuando estalló el escándalo, inmediatamente RMP giró un recibo por honorarios profesionales, pagó el impuesto a la renta y nada le pasó.
Hoy en día los empresarios más poderosos, dueños de las principales fortunas del país, aparecen y dicen: yo le di 3,6 millones de dólares a Keiko, otros muestran cifras más pequeñas. El mensaje es claro: yo con mi plata hago lo que quiero, pongo Presidentes para que me devuelvan los favores y seguir enriqueciéndome. Independientemente si les abren procesos penales o no, la Confiep ha demostrado ser una cueva de ladrones.
Cuando fui Parlamentario vi como un gran grupo de congresistas sacaban leyes que favorecían a determinados grupos empresariales, y sin ningún rubor sustentaban sus proyectos en honor a la inversión como motor del desarrollo y generación de empleo. Obviamente habían sido financiados y estaban devolviendo el favor.
Ahora que se acerca las elecciones para un nuevo Congreso, la población debe estar alerta, si algún candidato recibe financiamiento de alguna empresa, entonces no irá a defender los intereses del país, si no los de su empleador.