SOBRE LA LIBERTAD DE DELINCUENTES.

Por Roberto Rendón Vásquez.

El 16 de marzo del 2019 el Presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros Cornejo, pidió públicamente “no culpar al PJ por la libertad de los criminales”.  Entre otras afirmaciones dijo “que los fiscales no siempre cumplen con presentar su denuncia con las pruebas suficientes”. Manifestó “que la falta de pruebas es debido a que el magistrado cuenta con poco tiempo para investigar”. Esa declaración fue publicada en Expreso (página 11 del 16 de marzo del 2019).

Ha trascurrido un año de esa declaración y en los medios de comunicación social frecuentemente se sigue informando y exhibiendo a personas detenidas por la Policía por la comisión de delitos pero que antes ya habían sido detenidas por la Policía Nacional y puestas a disposición de la fiscalía y esta formuló la denuncia al juez en lo penal. La ciudadanía se pregunta: ¿Cómo es que ahora están en libertad?
Las consecuencias de los actos delincuenciales la sufren mujeres, niños, ancianos y muchas personas en las calles, en vehículos y hasta en sus domicilios.
Ante la citada declaración pública del Presidente del Poder Judicial, cabría preguntar: ¿Que han hecho durante estos 12 meses en el Ministerio Público y en el Poder Judicial para superar, primero que persistan las deficiencias en la investigación de delitos y que los delincuentes que les son puestos a su disposición por la Policía Nacional sean liberados? Y segundo, para evitar que delincuentes sean puestos en libertad (bajo las diversas modalidades) sabiendo que tales individuos solos o en bandas van a continuar realizando sus actos delincuenciales en agravio de personas? ¿Porque los magistrados fiscales y jueces penales, dentro del marco de la ley, no adoptan medidas para sancionar debida y oportunamente a los delincuentes?
Los hechos producidos por gente que practica la delincuencia en agravio de la personas y aun de la sociedad y que “gozan de libertad” concedida por magistrados, está poniendo en evidencia que en el Ministerio Público y el Poder Judicial, no se está cumpliendo debidamente con las obligaciones laborales, profesionales y jurisdiccionales de los administradores de justicia. De otra forma no puede entenderse que ha ocurridos durante un año después del reconocimiento público que hizo el Presidente del Poder Judicial. Otro grave problema que deviene de esa declaración es que tampoco fiscales y jueces no procesan a los delincuentes cumpliendo los plazos procesales que se les tiene clara e inconfundiblemente señalados en las normas procesales. Sobre esto ahora no dice nada el Dr. Lecaros.

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