Danilo Guevara Zegarra [1]
No pocas veces en la historia se han producido estallidos de violencia popular motivados por diversas razones políticas, económicas, sociales, culturales o religiosas.
La mayoría de los actos de desenfreno social fueron articulados por grupos ideologizados que capitalizaron en su favor las condiciones psicológicas y materiales existentes para instigar al pueblo en desafío a sus gobiernos que, en respuesta, apelaron a la represión en diversos grados de magnitud y también con diferentes consecuencias.
Hubo también movimientos espontáneos que fueron protagonizados por masas hastiadas que de pronto inician actos de vandalismo que luego se propagan para desembocar en situaciones de grave descontrol. En nuestro país, el antecedente más representativo de un fenómeno de este tipo, fue el ocurrido el 5 de febrero de 1975, cuando la Policía se negó a trabajar a raíz del ultraje a uno de sus efectivos. Como sabemos, este acontecimiento marcó el declive del denominado gobierno revolucionario del general Velasco Alvarado.
La cuarentena que el gobierno decretó fue una decisión necesaria que gozó de la aprobación mayoritaria de la población. A su vez, las medidas anunciadas por el presidente Vizcarra para mitigar el impacto económico fueron bien recibidas en cuanto sugerían la idea que los 15 días de confinamiento podían ser suficientes para conjurar la amenaza.
Sin embargo, los días 15 días iniciales se han transformado en 40 días de encierro al cabo de los cuáles amplios sectores de la sociedad comienzan a sentir agobio por la pérdida masiva de empleos, las carencias de quienes no tienen medios de subsistencia, el colapso del sistema de salud pública que se grafica en las escenas de espanto que corren por la las redes sociales, las dificultades en la entrega de los subsidios estatales, la inoperancia del testeo de las pruebas rápidas, el éxodo de miles de peruanos humildes que buscan refugio en sus lugares de origen, el engaño insultante en la entrega de las canastas de alimentos en el que incurren no pocos Municipios y, sobretodo, los casos de corrupción que corroen a las instituciones, todo lo cual configura un ambiente poco favorable de decepción e inconformidad.
En una prueba de madurez que habla bien de los peruanos, no hay ningún grupo o movimiento interesado en gatillar ese descontento. Es más. Todos los sectores, incluso aquellos que se muestran críticos con el gobierno, no tienen una posición incendiaria. Es que la amenaza es tan grande y letal que todos estamos unidos por la incertidumbre y la necesidad de salir del problema.
Compete a la política prevenir y evitar que broten estallidos de violencia inorgánica. Para ello el gobierno debe desmontar el estado psicológico de tensión que se acumula hablando con trasparencia y no con un lenguaje ambiguo que se estrella con la realidad. Se necesita un equipo sólido, articulado, con oficio, que inspire confianza y que nos diga con certeza cuál es el camino por dónde debemos transitar. También se requiere una política de austeridad fiscal que, más allá de significar ahorros, exprese una voluntad política de ajuste que comprenda al propio Estado.
Urge humildad para reconocer errores y enmendarlos. Y con real apremio, la situación exige sanciones severas y ejemplarizadoras frente a los actos de corrupción que se producen.
Por supuesto se requiere de una Policía Nacional con la suficiente capacidad y entereza para resolver situaciones de desborde social, si estos se presentan. Es aquí donde tienen que trabajar mucho los nuevos responsables del Ministerio del Interior y el Comando Policial. Ciertamente su tarea es doblemente ardua y compleja debido a las condiciones tan delicadas en las se encuentra la Institución: 20 muertos y 2,000 contagiados con baja asistencia sanitaria es demasiado para cualquier organización.
[1] Danilo Guevara Zegarra, es general de la PNP en retiro. Ha sido viceministro del Interior y director de la DINI.
