Se especula acerca de si la negativa a darle al gabinete Cateriano el voto de investidura abriría la causal de disolución del Congreso y de convocatoria, dentro de los 4 meses, a nuevas elecciones para que los así elegidos puedan terminar el período parlamentario.
Eso no es así. Primero porque a quien se ha censurado en particular es a la sra. Ana Jara, que si bien era Presidente del Consejo de Ministros, no se hizo cuestión de Estado sobre la política general, sino sobre el desafortunado episodio de las escuchas indebidas de las comunicaciones telefónicas. No hubo pues una censura al gabinete sino a la Ministra individualmente considerada.
Si bien ello obliga al resto del gabinete a renunciar, ello no hace que compartan la suerte de la censura. Por ejemplo, la mayoría de los mismos fue nuevamente designada para continuar con los encargos que venían desempeñando desde antes de la censura. Nadie ha discutido que así lo hagan. Si hubiese el gabinete en pleno sido objeto de la censura, ninguno de ellos podría volver a ser designado Ministro de Estado en este sistema híbrido que es el peruano.
O sea, debe de quedar bien claro que la censura no es la que corresponde a un primer gabinete de acuerdo a los supuestos jurídicos de hecho que tipifica el art. 134 del texto de Fujimori (que esperamos en esta última parte del régimen del Presidente Humala, sea removido por la dignidad de nuestro propio país).
Si no se le extiende la confianza que está obligado a requerir el Presidente del Consejo según el art. 130, entonces estaríamos frente al primero de los gabinetes censurado. Faltaría que uno segundo corriera la misma suerte para poder activar la disolución del Congreso.
Claro que ello generaría una mayor inestabilidad política a la que ahora existe y, debemos decirlo, con explicable razón dada la poca pericia con que se ha manejado el Servicio de Inteligencia y la vista gorda que se hizo sobre ese tema, reaccionando sólo cuando fue evidente el atropello y la continuidad de esa práctica “industrializada” por el régimen de la dictadura fujimorista. Inestabilidad que se hace más patente sobre todo porque en el texto de la dictadura, que quienes tienen mejor posición económico o acceso a los grandes medios quieren seguir, no existe el Senado, el que resulta indisoluble y que le da continuidad al Poder Legislativo de acuerdo a la equilibrada Constitución democrática de 1979 sobre la que se debe de realizar un nuevo debate constitucional.
Por otro lado y como lo ha señalado el senador Enrique Bernales, aun cuando se presentara la segunda censura, el Presidente no está obligado a la clausura del Congreso. Esa es una facultad de la que goza, pero no una exigencia para que así proceda.
Finalmente, faltando poco tiempo para que se abra el proceso electoral y para que se cierre legalmente esta posibilidad (no se puede activar el mecanismo de disolución faltando un año o menos para la conclusión del mandato) es poco probable que, salvo que se esperara una tarea muy específica e importante de ese nuevo Congreso, no tendría mucho sentido el proceder de esa manera.
El Perú debe de cambiar, pero si se va a continuar con más de lo mismo, mejor será que este Parlamento termine su período tal como lo ha venido arrastrando hasta ahora, “con mucha pena y con nada o muy poco de gloria”. Guardémonos la esperanza, por lo menos, a pesar de los augurios tenebrosos, para el 2016.
4 Septiembre, 2018
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