Colombia anhela la paz y defiende la democracia

Por: José Antonio Torres Iriarte.

El gobierno del presidente Iván Duque propusó un proyecto de reforma tributaria, con la finalidad de financiar el mayor gasto público del gobierno central, lo que generó la convocatoria a un Paro Nacional hace unos días. La violencia desatada en las principales ciudades colombianas, dista de ser una legítima "protesta social" y se ha convertido en la expresión no de la protesta ciudadana frente a políticas tributarias contrarias a las clases medias o sectores de menores ingresos; si no que han tenido en común el ataque a bienes públicos y afectación a la propiedad privada. 

Colombia que forma parte de la OCDE, que integra la "Alianza del Pacífico" y la Comunidad Andina, ha sabido mantener la institucionalidad democrática, a pesar de la violencia desatada por la FARC, el ELN durante décadas. Los grandes partidos Liberal y Conservador le dieron durante décadas estabilidad política al país, superando la violencia armada que desde la década de los años sesenta del siglo pasado (inspirada en la Revolución Cubana) tomó el camino de la "lucha armada". Años después la guerrilla se convirtió en aliada del narcotráfico y surgieron al margen de la legalidad, los llamados grupos "paramilitares". Fracasado el  llamado "Plan Colombia" promovido por el presidente Pastrana, el gobierno del presidente Álvaro Uribe logró derrotar militarmente a un importante contingente de las fuerzas subversivas. 

El presidente Santos tuvo como propósito la firma de los Acuerdos de Paz, dejando de lado la estrategia del gobierno del presidente Uribe. Luego de varios años de implementación de los acuerdos de La Habana, aún Colombia NO encuentra el cauce de una efectiva pacificación. El presidente Duque enfrenta a una crisis política que ha determinado que retire la iniciativa legislativa de reforma tributaria. Las democracias requieren institucionalizarse en el marco del respeto a las libertades y los Derechos Humanos; pero a la par deben DEFENDERSE de los actos de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada.

Colombia debe defenderse, creo que es evidente que el cauce legítimo de la violencia ha sido desbordado por el accionar de grupos que tienen como objetivo generar el caos y la destrucción. En el 2019 tanto Colombia, como Ecuador y Chile fueron afectados por movilizaciones violentistas, que fueron saludadas por el gobierno autoritario de Nicolás Maduro. No seamos ingenuos, en la segunda mitad del 2019 (antés de la pandemia), levantando diferentes consignas o invocando diversas razones se promovieron movilizaciones en nuestra región con claros objetivos políticos. Los integrantes de el "Foro de Sao Paulo" y el "Grupo de Puebla" vienen impulsando acciones desestabilizadoras con claros objetivos políticos. NO denuncian las violaciones a los Derechos Humanos en Venezuela, Cuba o Nicaragua, no condenan la "crisis humanitaria" que afecta a Venezuela y ha determinado la migración de más de 5 millones de personas en busca de oportunidades laborales.

Los movimientos sociales y políticos deben expresarse sin restricciones; pero a la vez debe condenarse la violencia y la destrucción. A la vez, las fuerzas policiales no pueden excederse de su mandato. 

HOY el mundo afronta las consecuencias de una crisis global que genera deterioro en la calidad de vida de vastos sectores de la población. Los países del Grupo de los Siete y los organismos internacionales deben promover políticas de "salvataje social y financiero" en apoyo de América Latina y otras regiones del mundo, que tienen escacez de recursos fiscales, están afectadas por la recesión, el aumento del desempleo y la pobreza. 

La crisis actual exige soluciones razonables e integrales. Afirmemos la libertad, la democracia y enfrentemos en Colombia, Perú y en nuestra región a quienes tienen como objetivo desestabilizar, sembrar el caos, polarizar y enfrentar a los ciudadanos; sin otro propósito que la toma del poder como parte de proyectos autoritarios. 

Lo que HOY ocurre en Colombia, es en nuestro concepto la suma de la legítima protesta y el accionar deliberado de grupos que no creen en la democracia. Defendamos la libertad frente a la amenaza totalitaria. 

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