Grave incremento de la delincuencia

Por Roberto Rendón Vásquez.

Los fines supremos del Estado son la defensa de los derechos fundamentales de la persona, su vida e integridad, su propiedad, la paz y tranquilidad, el respeto de su dignidad. (Constitución, Artículos 1° y 2°). Los electos, nombrados y designados en los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial son responsables de garantizar a toda persona la prestación de los servicios señalados en la Carta Magna.

Uno de los problemas nacionales que afecta severamente a la población es la delincuencia en diversas “modalidades”. El periodismo radial, televisivo y escrito informa diariamente de actos delincuenciales contra la vida, integridad, dignidad y bienes de las personas. Los agraviados son varones, mujeres y hasta niños y ancianos. Nadie está seguro en las calles, establecimientos, ni en su vivienda. A pesar de las denuncias y protestas ciudadanas por hechos delictivos, la delincuencia se incrementa no solamente en ciudades. Los delincuentes no siempre son debidamente sentenciados y muchas veces, después de ser detenidos y exhibidos públicamente por la Policía, son puestos en libertad y vuelven a ser detenidos por nuevos delitos. ¿Quién les otorga libertad?

Hay situaciones que “permiten y estimulan” los actos delincuenciales. Uno, es que nuestro Código Penal no establece penas severas por delitos contra la propiedad y la vida. El Código Procesal Penal, no obstante sus “modificaciones”, no establece procesos penales breves. Por otro lado, los administradores de justicia (fiscales y jueces penales) no procesan a los autores delictivos dentro de los plazos procesales establecidos legalmente. Frecuentemente, por informaciones periodísticas, se conoce que los procesos judiciales penales duran no meses sino años, con lo que implícitamente se “favorece” con la prescripción a los delincuentes o “concediéndoles” libertad por “exceso de prisión preventiva” y/o arresto domiciliario.

Las víctimas de los delincuentes sufren las consecuencias de la falta de una pronta y eficiente administración de justicia en lo penal. No se considera que a un ser humano lo asesinan, que con diferentes modalidades le hurtan o roban su dinero y/o bienes. Los malhechores en prisión gozan gratuitamente de techo, alimentos y seguridad de salud. Después de capturados y/o sentenciados los delincuentes ni siquiera pagan el entierro de sus víctimas, no devuelven al agraviado su dinero y/o bienes, tampoco pagan la reparación civil. De ello “la Justicia”, sus administradores ni el Estado responden ni accionan para que los delincuentes reparen a sus víctimas por los daños y apoderamiento de bienes. Total, los agraviados pierden todo.

Gran responsabilidad tienen los gobernantes por no expedir normas claras y severas para combatir la delincuencia y para juzgamientos breves. Debe edificarse nuevas cárceles.