Punto de Encuentro

Por una procuraduría general de la República.

La intromisión de la política en asuntos de defensa jurídica del Estado colinda con la vulneración sistemática de derechos fundamentales. Está claro que mientras el Estado peruano otorgue al poder ejecutivo la facultad de ejercer su defensa jurídica, se colocará en estado de indefensión a las instituciones que forman parte del aparato público in toto, mismas instituciones que resuelven sobre la protección de derechos fundamentales de los justiciables que acceden a su autoridad, principalmente Tribunal Constitucional y Poder Judicial.

Un ejemplo emblemático reciente es la sentencia del Tribunal Constitución (TC) del pasado mes de marzo en la cual se concedió libertad a favor del ex presidente Alberto Fujimori. De inmediato, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano no poner en libertad al señor Fujimori debido a que dicha sentencia atentaba contra la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de San José) que el Perú ha suscrito.

El agente del Perú (procurador internacional) ante la Corte IDH, se allanó totalmente a la pretensión de no ejecutar la sentencia del TC. La pregunta es ¿Quién designa al agente del Perú ante la Corte IDH? Pues el gobierno, un gobierno que “ganó” las elecciones con un discurso contra el hombre que ahora el TC pone en libertad ¿No sería correcto que la misma institución que emitió la resolución, en este caso el Tribunal Constitucional, defienda su sentencia ante la Corte IDH? Con ello, se respetaría el precepto constitucional de que es el Tribunal Constitucional el máximo intérprete de la Constitución y no el gobierno. En este caso, lo que correspondería es que un representante del TC acompañe en la delegación del Perú ante la Corte IDH y que ese representante sea el encargado de sustentar la posición institucional ante el órgano supranacional.

Se requiere pues de una posición institucional, de una procuraduría libre de mandatos políticos del gobierno de turno. Por ello, se debe promover una reforma constitucional que declare a la procuraduría como un órgano constitucional autónomo con un procurador general de la República elegido por el Congreso por un periodo de 5 a 7 años. Esto como propuesta a efectos de finiquitar con la injerencia política del gobierno en asuntos que requieren la posición institucional del Estado in toto.

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