La minería informal es un problema que el Estado no atiende de manera sostenida y frontal, haciendo que esta actividad se explaye de manera incesante y crezca en diversas zonas del territorio nacional, sin que se adopten medidas estrictas para evitar que las personas dedicadas a la extracción de metales en zonas prohibidas, puedan ser controladas y erradicadas.
Con frecuencia, nos enteramos de nuevos enfrentamientos entre los mineros informales y la Policía, la misma que interviene por denuncias o comprobaciones directas, generándose violencia y causando muertes o heridos en ambos bandos.
Pasa un tiempo, y el problema que subsiste, se vuelve a expresar, y tenemos nuevos enfrentamientos, con los resultados esperados. No existe autoridad en el país que se dedique expresamente a combatir esta ilícita actividad, y que proponga planes de acción eficientes y efectivas para evitar que la informalidad en la minería siga vigente.
Dado que el fenómeno se mantiene, y experimenta crecimientos que continúan dañando el medio ambiente, y que además es causa de una serie de delitos que se suscitan sin que sean atendidas por las autoridades correspondientes, consideramos que es tiempo de plantear medidas que permitan el control de dicha informalidad.
En los tiempos actuales, se dispone que la Policía establezca bases, se instalé a inmediaciones de las zonas de la minería informal, y realice acciones de control para evitar que los informales retornen al lugar; medida que luego de un tiempo prudencial son desactivadas todas las acciones policiales, dando oportunidad que la minería informal vuelva a instalarse en el lugar.
La Policía, normalmente escasa en recursos humanos, tiene que multiplicarse en actividades y acatar la disposición para instalarse de manera breve en dichas zonas, pero tiene además que prever alimentación, alojamiento y equipamientos básico para enfrentar a los mineros, y en algunos casos, dada la magnitud del problema, disponer de efectivos llevados de regiones próximas a la zona, o desde Lima, con las dificultades que dichos desplazamientos signifiquen.
La propuesta para atender dicha problemática, requiere la participación de las Fuerzas Armadas, de manera que se disponga el contingente necesario de personal disciplinado, que cuenta con logística, capacidad y entrenamiento en uso de armas de fuego, con responsabilidad en el control de actividades que afecten la seguridad nacional, para que sea comprometida en el control territorial permanente que evite la continuidad de la actividad ilegal, y se pueda lograr la efectiva erradicación de las actividades ilegales.
Al emplear a las Fuerzas Armadas en dichas acciones de lucha contra la ilegalidad, estaremos liberando a la policía de acciones que dificultan la labor principal de lucha contra la criminalidad, la inseguridad y la violencia; y de paso, incrementaremos nuestras fuerzas del orden, de manera tal, que los cuarteles sean dependencias para la administración, el entrenamiento y determinar el empleo del personal, pero las fuerzas mayoritarias estén dedicadas al control territorial de aquellas zonas ganadas por la ilegalidad y que requieren medidas de control permanentes y calificadas.
En las actuales circunstancias, en que el país es afectado por una serie de situaciones que atentan contra su seguridad y desarrollo, el empleo de todas sus capacidades de fuerza del orden resulta prioritario y una obligación moral, para combatir a las huestes de la ilegalidad, del crimen y causantes de la inseguridad.
A nadie afectaremos con una medida de tal naturaleza, y, por el contrario, estaremos contribuyendo con la participación general de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, a la consecución de los nobles objetivos nacionales, que demandan el concurso de todos los peruanos, sin distingos de ningún tipo.
