Punto de Encuentro

Urgente: garantizar la seguridad ciudadana.

Por Roberto Rendón Vásquez.

Ante la incapacidad de los políticos electos para los Poderes Ejecutivo y Legislativo y la falta de solvencia de los “administradores de justicia”, la inseguridad ciudadana aumenta cada día en todas las ciudades causando pánico en la población. La delincuencia se ha incrementado terriblemente con “extranjeros” que en “parejas” y/o bandas hurtan, roban, intimidan, extorsionan, estafan, asaltan establecimientos y viviendas usando armas blancas o de fuego llegando a lesionar a sus víctimas o matándolos en calles o en medios de transporte locales o carreteras. Los bienes de los vecinos son el objetivo de los delincuentes. Además, organizan la prostitución, trata de personas (aun de menores), tráfico de drogas (produciéndola y/o negociándola), falsificación monetaria, etc. Hay muchas más modalidades delictivas.

La Policía  cuando le es posible  captura a quienes han cometido delitos y debe ponerlos a “disposición” de los Fiscales para que formulen la denuncia ante el Juez Penal para juzgarlos. El Código Penal tipifica cada delito y el Código Procesal Penal y normas específicas determinan que la investigación y juzgamiento está a cargo del Ministerio Públicos y el Poder Judicial, respectivamente, pero lamentablemente, como es opinión generalizada en la sociedad,  los fiscales y jueces penales no administran la justicia penal en breve término no obstante a que las normas procesales les señalan plazos específicos para que emitan sus resoluciones (decretos, autos y sentencias) en todas las instancias judiciales. Grave es el hecho que sorpréndete e inexplicablemente: a) la Policía exhibe públicamente a delincuentes capturados que ya antes habían sido puestos a disposición de la fiscalía por delitos anteriores; muchas veces son requisitoriados, pero “están en libertad”. ¿Qué magistrado les “concedió libertad? b) en las acciones juridiciales los magistrados procesan lentamente al reo y muchas veces sobreviene la prescripción de “su” delito y les conceden libertad hasta borrándoles sus “antecedentes”. Vuelven a la calle para proseguir delinquiendo. Los procesan sin cumplir los plazos procesales. Grave es que la administración de justicia no obliga a los delincuentes que devuelvan los bienes a sus víctimas. El agraviado pierde” lo que le hurto o robo el delincuente”.

Otro hecho es que la tipificación de delitos se ha hecho con penas realmente benignas para el delincuente. Caso alarmante es el de reducidores de bienes robados. Urge que el Congreso de la República apruebe reorganizar las instituciones administradoras de justicia.

Nuestro país está desprestigiado debido a la inseguridad ciudadana. Nadie tiene seguridad.

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