Por Abraham Fudrini
Comenzó mostrando aplomo al deslizar su interés de quedarse hasta 2026, sin embargo y realmente ya en ese momento estaba insegura del presente y futuro inmediato en Perú. La herencia constitucional de presidente la obtuvo en circunstancias que nunca imaginó.
Llegó por la vía constitucional y está protegida fundamentalmente por la Constitución Política y sus instituciones civiles y militares.
Ella, ante la demanda prepotente de grupos callejeros destructores y de congresistas vocingleros de la izquierda comunista radical sospechosos o acusados de corruptos, aceptó de inmediato adelantar las elecciones generales y propuso la primera fecha en abril de 2024.
Los “dirigentes” y congresistas radicales, de mucho más bajo nivel intelectual y organizativo que otros, también grupos comunistas de Perú, se quedaron sin piso y solo optaron por presionar para que las elecciones sean más pronto. Sin embargo, estos mismos parlamentarios se volvieron obstruccionistas de su propio reclamo y en el Congreso de la República no permitieron desarrollar el debate para que se aprueben las fechas de la primera y segunda vueltas electorales de las elecciones generales propuestas por el Gobierno. Ellos para lograr su nefasto objetivo de boicotear el debate para aprobar las fechas adelantadas de elecciones generales, contrabandearon el tema de la Asamblea Constituyendo, que según su estúpida versión estaba siendo reclamada en las calles, es decir aproximadamente el 0.1% de la población peruana, equivalente a un total de 35,000 peruanos movilizados por el comunismo en diferentes regiones de Perú. Sin embargo aparentan ser más, esta idea equivocada se origina en su naturaleza escandalosa y de riesgos personales que fomentan y acrecientan porque amenazan, destruyen, saquean, roban las propiedades públicas y privadas. La gran masa del pueblo de Perú (99.9% del total de la población peruana) durante los desmanes y actos delictivos, estaba en sus hogares, sus trabajos u otros lugares, esperando que la propuesta de elecciones generales sea debatida y aprobada en el Congreso de la República.
En coyunturas de crisis muy densas como la que vive Perú, emergen o se contornean sobre la superficie los reales intereses y las propias contradicciones de las agrupaciones políticas, de quienes las controlan y de los sectores sociales lumpenizados que hacen desmanes y roban.
Ahora por ejemplo, ya se han evidenciado las fuerzas irracionales de la historia que rompen las pistas y las veredas para arrojar bloques de cemento y piedras a la PNP que resguarda el orden constitucional, las propiedades públicas y privadas; igualmente los congresistas radicales, que buscan impunidad a sus fechorías, boicotean las reuniones del pleno del Congreso de la República o votan por lo contrario a lo que reclaman públicamente. De esta manera se evidencia que el objetivo es buscar como sea y a cualquier precio la impunidad que evitaría que pronto ellos sean buscados, capturados, procesados y sentenciados por los delitos cometidos.
Hace seis meses propuse que primero se acusara constitucionalmente a Dina Boluarte, ya que Pedro Castillo era ya un cadáver político, sin embargo al ocurrir la locura del golpe de Estado de un alfeñique como él, cuya reacción fue fruto de la desesperación y el temor, surgió una nueva coyuntura en la que ella, la nueva presidente de Perú asumió el cargo de presidente de Perú. Primero asumió y titubeo para imponer el orden en la sociedad peruana, sin embargo en pocos días después empezó a adoptar medidas como el Estado de Emergencia y el Toque de Queda que comenzaron a dar resultados positivos en restablecer el orden y la paz social quebradas por los insurgentes comunistas.
Dina Boluarte es la presidente de transición y para continuar con estabilidad deberá evitar alianzas con los mismos que la cuestionaron y la llamaron, sin razón real, usurpadora. Ella debería abrir el abanico político más allá de las organizaciones políticas con representantes en el Congreso de la República, con gremios nacionales de trabajadores y empresarios, etc. Solo así podrá lograr con éxito desarrollar y cumplir el proceso de las nuevas elecciones generales, entregando el cargo de presidente de Perú al ganador de las próximas elecciones, cuyas fechas deberán ser definidas en el pleno del Congreso de la República, sin mañas ni chantajes para pretender imponer una inconstitucional e ilegal Asamblea Constituyente, que es harina de otro costal y que solo podrá ser planteada después de elegirse nuevos gobernantes y congresistas.