De los distritos que conforman Lima Moderna (LM), Jesús María ocupa un lugar privilegiado, debido a que es uno distritos preferidos para adquisición de vivienda. Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú́ (ASEI) del 100% de las ventas realizadas en LM a setiembre del año 2022, el 33% corresponde a Jesús María.
Lamentablemente, este boom inmobiliario no ha sido bien recibido, debido a que los constantes Reajustes Integrales de Zonificación (RIZ), necesarios para la aprobación de estos proyectos, que han destruido el planeamiento urbanístico (zonificación, uso del suelo, parámetros urbanísticos, nomenclatura, altura de edificaciones) del distrito.
En efecto, Jesús María vive las consecuencias de las erradas políticas urbanísticas, y presunta corrupción de Jorge Quintana (alcalde de Jesús María 2022), Jorge Muñoz (alcalde de Lima), el Ministerio de Vivienda (MVCS) y constructoras inescrupulosas. No es casualidad que la actual Ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, declarara la existencia de un cartel criminal enquistado en el Ministerio.
Esta corrupción ha promovido cambios de zonificación, otorgamiento de cientos de licencias de construcción; y, el atropello de las competencias municipales referentes al planeamiento urbano. Situación que permite a las inmobiliarias reducir el área mínima de viviendas, como señala Víctor Gálvez, director de Andiamo Inmobiliaria, que antes apuntaba a proyectos con viviendas de 90 m2, y ahora lo hace a viviendas de 60 m2 a 70 m2.
Consecuencia de ello es la obstrucción de pistas, jirones y pasajes del distrito tomados por conductores que dejan sus vehículos por horas en las calles obstruyendo la vía pública. Situación que, en gran parte, se debe a que las inmobiliarias amparadas en los RIZ o en Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, construyen grandes edificios, pero pocas cocheras.
Y, es que en el periodo 2019 y 2022, la gestión de Muñoz y Quintana entregaron 370 licencias de edificación y 1,175 certificados de parámetros urbanísticos. A esto suma que, con la aprobación de Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación, el titular de la licencia cuenta con mayores parámetros urbanísticos y edificatorios para los proyectos que califican como vivienda de interés social.
Respecto a la VIS, cabe acotar que, su finalidad es reducir la brecha habitacional para las personas de menos ingresos. Motivo por el cual, su promoción a implicado la flexibilización de las condiciones requeridas por el planeamiento urbanístico expedido por la Municipalidad de Jesús María.
Estas cuestiones legales impiden que, Jesús María anule las licencias de obra, en tanto, fueron aprobados en la gestión anterior amparados en los parámetros urbanísticos aprobados por Jorge Muñoz; o, en el caso de los proyectos VIS, invadiendo sus competencias, al amparo del Reglamento Especial de Habilitación Urbana y Edificación.
Cabe agregar que, esta inconstitucional invasión de las competencias municipales motivo la demanda competencial interpuesta por la municipalidad de San Isidro contra el MVCS. Demanda que, pese a su inconstitucionalidad, fue declarada infundada por el Tribunal Constitucional.
Sin embargo, Jesús Gálvez no se ha quedado de manos cruzadas, proactivamente, a sido contundente en precisar que se entregarán menos licencias de edificación; y, que se exigirán a las inmobiliarias un estacionamiento por departamento, entre otras medidas, las cuales tienen la finalidad de que se respete a las vecinas y vecinos de Jesús María.
