Fernando Rodríguez Patrón
La censura del presidente interino José Jerí por el Congreso y la inmediata designación de José María Balcázar como jefe de Estado han agudizado la percepción de inestabilidad institucional en el Perú y han comenzado a influir en el comportamiento del electorado en la recta final de la campaña presidencial. Este fenómeno no se explica solo por la variación cuantitativa de preferencias, sino también por las narrativas que los principales medios y espacios de opinión han construido desde que ocurrieron los hechos.
La censura se produjo el 17 y 18 de febrero de 2026, en medio de cuestionamientos por falta de transparencia en la gestión de Jerí. El Congreso votó mayoritariamente su salida y eligió a Balcázar, congresista vinculado a una corriente de izquierda con raíces en el marxismo, como sucesor interino hasta la asunción del nuevo presidente. El cambio abrupto reforzó la percepción de que las decisiones institucionales obedecen a cálculos de poder más que a criterios técnicos.
Desde el punto de vista jurídico, la censura es un mecanismo de control político, siempre que se sustente en causales constitucionales. Sin embargo, aplicada en plena campaña, sin que el panorama jurídico sobre su aplicación sea la correcta, trasciende lo estrictamente técnico y adquiere un claro matiz simbólico, pues tensiona la relación entre poderes en un momento en que deberían garantizar un proceso electoral ordenado y neutral.
Este trasfondo se ha trasladado a las preferencias electorales. La encuesta nacional urbano-rural de Ipsos para Perú21, realizada el 19 y 20 de febrero, es decir, inmediatamente después de la censura y la juramentación de Balcázar, muestra un efecto perceptible en las tendencias. El estudio indica que la intención de voto por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular, partido que promovió la moción, retrocedió luego de haber crecido en la quincena anterior.
El descenso es numéricamente modesto, pero significativo por su coincidencia con la crisis. López Aliaga había consolidado una preferencia estable en mediciones previas; sin embargo, la asociación pública entre su partido y la censura, así como la narrativa de que su bancada facilitó la designación de Balcázar, alimentaron un relato difundido en varios medios: el de una derecha que fractura la gobernabilidad. Esa lectura fue reforzada por reacciones de otros aspirantes, como Acuña, quien responsabilizó a López Aliaga de generar inestabilidad e instrumentalizar la crisis con fines electorales.
El efecto no se limita a ese caso. La misma encuesta muestra descensos más pronunciados en candidatos de menor visibilidad, como Mario Vizcarra, mientras que José Williams, de Avanza País, registra ligeros avances desde posiciones rezagadas. El patrón sugiere que la crisis ha alterado la percepción sobre la solidez y viabilidad de candidaturas asociadas a partidos tradicionales o a estrategias de confrontación.
En contraste, Keiko Fujimori ha registrado un crecimiento marginal en la misma medición, pasando de 8 % a 9 % tras la crisis institucional. Su partido criticó abiertamente la censura al advertir los riesgos de que un representante de la izquierda radical accediera al Ejecutivo por vía congresal. Aunque el incremento es estadísticamente reducido, su dirección en un contexto de fragmentación indica que parte del electorado conservador busca una opción menos expuesta a la controversia parlamentaria.
Otras mediciones confirman la persistente fragmentación y el alto porcentaje de indecisos (alrededor del 29 % en encuestas de CPI), así como la presencia constante de López Aliaga y Fujimori entre los principales aspirantes, pese al elevado antivoto que ambos arrastran. Este escenario revela un electorado volátil, sensible a episodios de crisis y aún abierto a redefinir preferencias.
Evaluada en conjunto, la censura de Jerí y la llegada de Balcázar no pueden reducirse a un simple ascenso o caída puntual. La evidencia sugiere que candidaturas percibidas como protagonistas del episodio parlamentario, sobre todo López Aliaga y, en menor medida, Acuña, enfrentan un costo reputacional en sectores que valoran la estabilidad institucional. De manera comparativa, ello favorece a quienes mantienen mayor distancia de la crisis o logran capitalizar el descontento con la confrontación política.
Desde una lectura crítica, estos movimientos muestran que la política peruana continúa reaccionando más a narrativas de crisis que a contenidos programáticos. La censura, aunque reglamentariamente válida, se ha convertido en un factor de penalización para quienes la impulsaron ante un electorado que, en este tramo del proceso, parece priorizar previsibilidad. El interinato de Balcázar, con sus controversias, añade incertidumbre y obliga a los candidatos a redefinir estrategias de posicionamiento.
En suma, la coyuntura está reconfigurando bloques de apoyo y erosionando a figuras estrechamente asociadas con la crisis, mientras abre espacio para reposicionamientos estratégicos. En un escenario marcado por la fragmentación, el alto número de indecisos y la fatiga frente a la polarización, la crisis institucional no solo modifica preferencias en el corto plazo: incide también en la percepción de legitimidad y credibilidad de los actores políticos a pocos meses de las elecciones.
23 Marzo, 2026
1 Febrero, 2026
