Silvana Pareja
Cada cambio de gobierno representa una oportunidad para corregir errores del pasado y construir un mejor futuro. Las primeras decisiones de una administración suelen marcar el tono de todo el mandato y, por ello, generan expectativas en la ciudadanía. Medidas como el incremento de la remuneración mínima o el fortalecimiento de los programas dirigidos a los sectores más vulnerables pueden ser positivas si responden a una estrategia económica sólida y sostenible.
El verdadero desafío no consiste únicamente en anunciar beneficios sociales, sino en garantizar que estos puedan mantenerse en el tiempo. La experiencia de diversos países demuestra que las políticas públicas pierden legitimidad cuando se financian sin una planificación adecuada. El entusiasmo inicial puede convertirse rápidamente en inflación, mayor endeudamiento y reducción de la capacidad del Estado para atender otras necesidades prioritarias.
El Perú enfrenta hoy retos que requieren una administración prudente de los recursos públicos. La inseguridad ciudadana continúa afectando la calidad de vida de millones de personas y demanda inversiones constantes en inteligencia, equipamiento, tecnología y fortalecimiento institucional. Al mismo tiempo, los riesgos asociados a fenómenos naturales obligan al Estado a destinar recursos suficientes para la prevención y la reducción de desastres, una tarea que muchas veces resulta menos visible que la reconstrucción, pero que genera un impacto mucho mayor.
A ello se suma la necesidad de recuperar el dinamismo económico. Sin inversión privada, generación de empleo formal y crecimiento de la productividad, cualquier política social encontrará rápidamente sus límites. Las empresas necesitan reglas claras, estabilidad jurídica y confianza en las instituciones para seguir apostando por el país. Un entorno favorable para la inversión no beneficia únicamente al sector empresarial; también fortalece la recaudación tributaria y amplía la capacidad del Estado para financiar servicios públicos de calidad.
En ese contexto, resulta indispensable que el Gobierno acompañe cualquier incremento del gasto con medidas orientadas a mejorar la eficiencia del Estado. Combatir la evasión tributaria, simplificar procedimientos administrativos, reducir gastos innecesarios y ejecutar oportunamente el presupuesto son acciones que permiten atender las demandas sociales sin comprometer el equilibrio fiscal. La responsabilidad económica no debe entenderse como un obstáculo para el desarrollo social, sino como la condición que hace posible su permanencia.
El Perú necesita superar la falsa dicotomía entre crecimiento económico y justicia social. Ambos objetivos pueden avanzar de manera simultánea cuando existe una gestión pública seria, transparente y técnicamente responsable. Las políticas sociales generan mejores resultados cuando descansan sobre una economía estable y capaz de sostenerlas en el largo plazo.
Los próximos años serán decisivos para consolidar esa visión. Más allá de las diferencias políticas, el país requiere decisiones que privilegien el interés nacional sobre la popularidad inmediata. Gobernar implica asumir responsabilidades, prever riesgos y pensar en las próximas generaciones. Solo así será posible construir un Perú con mayores oportunidades, instituciones más fuertes y una economía capaz de responder tanto a las demandas del presente como a los desafíos del futuro.
19 Abril, 2022
22 Diciembre, 2021
