Santiago Felix Moran - Director General
Hace dos semanas sostuvimos desde este portal que gobernar es más que llegar al poder. Los catorce días transcurridos han hecho aquella afirmación incómodamente relevante. Gobernar requiere liderazgo, previsión y, sobre todo, capacidad ejecutiva. Pero exige algo más elemental: entender que las instituciones del Estado no son obstáculos que deben acomodarse al gobierno, la oposición o cualquier candidato. Son precisamente los límites dentro de los cuales la democracia funciona.
Empecemos por Palacio. De las primeras diez actas del Consejo de Ministros, Keiko Fujimori solo registra intervenciones en tres, pese a que la Constitución encarga a la presidente dirigir la política general del Gobierno y presidir el Consejo de Ministros cuando asiste. Las actas no son transcripciones y, por tanto, no prueban que Fujimori permaneciera en silencio. Pero que documenten incluso menos participación presidencial que las primeras actas de Pedro Castillo resulta difícil conciliar con la imagen de una primera mandataria que llevaba veinte años preparándose para gobernar.
Sorprente, entonces, que mientras las actas dejan poco rastro de liderazgo presidencial aparezca una nueva estructura alrededor de Fujimori. Hoy se oficializó la Comisión Consultiva del Despacho Presidencial conformada por José Chlimper, Jaime Yoshiyama, Arsenio Oré, Josefina Takahashi y Milagros Álvarez-Calderón. José Chlimper, por ejemplo, ha sido aportante en las campañas de Fuerza Popular y Yoshiyama, Chlimper y Oré fueron procesados en el Caso Cócteles. Han sido designados como cargos de confianza y ad honorem. Sin embargo, que trabajen gratuitamente no puede ser respuesta a una objeción que no es salarial. ¿Qué labores no podían cumplir el gabinete, la PCM, los ministros, el despacho presidencial o sus asesores que justifica crear un órgano adicional? Mientras Palacio no lo explique, la sospecha de que comienza a dibujarse una suerte de gabinete en las sombras no será absurda. Lo que es más, es una duda que el mismo Gobierno ha creado.
Otra duda irresuelta es la concerniente a Fernando Cerimedo. El 02 de septiembre, Fujimori ha negado categóricamente su participación en las campañas de la primera y segunda vuelta. Sin embargo, se conocen las visitas recurrentes de Cerimedo al Perú durante el proceso electoral y durante la toma de mando. Similarmente, en el teléfono de Cerimedo apareció un chat llamado “Defensores del Perú”, precisamente la iniciativa creada por Keiko Fujimori presentada el 19 de mayo para reclutar a sus personeros. Por tanto, aunque nada de esto demuestre que Cerimedo trabajó para Fuerza Popular, tampoco permite que una negativa presidencial le ponga punto final al asunto. Cuanto más categórica es la palabra de una presidente, mayor es su obligación de explicar cualquier indicio posterior que parezca contradecirla.
Justamente es esa sinceridad del Gobierno la que deja de ser únicamente política cuando hablamos de una emergencia nacional. Hasta ahora el gobierno de Fujimori ha movilizado intervenciones, declarado emergencias, reasignado recursos y ha anunciado medidas preventivas, Por ejemplo, el Ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, explicó que existen más de S/ 2 000 millones susceptibles de ser redirigidos. Sin embargo, el mismo Vinelli admitió el pasado 17 de agosto que las labores “no serán completas, porque no tenemos el tiempo y el presupuesto”. Reconoció que su meta es terminar trabajos preparativos para el 15 de diciembre, aunque expertos indican que las lluvias pueden comenzar tan pronto como octubre o noviembre. Luego, el 03 de septiembre, la senadora oficialista Karla Schaefer reconoció la falta de recursos, dijo “tengo la maquinaria pero no hay plata” y concluyó que “magia no se puede hacer”. Entonces, el problema no es que el Gobierno reconozca que no puede hacer magia – nadie razonable exige la solución del FEN en 7 semanas – el problema es que por las grietas del optimismo de la narrativa oficial, comienzan a filtrarse dudas mucho mas francas del propio oficialismo sobre su capacidad de gestionar el tiempo, dinero y capacidad. El país puede comprender que no todo llegará a tiempo, pero no merece descubrir esa verdad cuando ya comience la caer el agua.
Aún en lo circundante a la sinceridad, Keiko afirmó que ningún Gobierno anterior había presentado un pedido de facultades antes de 44 días. PerúCheck verificó los registros y concluyó que esa fue una afirmación falsa. Paniagua tardó 19 días, Humala 34, Boluarte 34, Vizcarra 40, Jerí 41 y PPK 42. Fujimori lo hizo alrededor del día 31. Adicionalmente, como ya se comentó en la editorial pasada, se presentaron 66 solicitudes distribuidas en 8 grandes materias, no únicamente sobre seguridad y El Niño. Sin embargo, Keiko sostiene que necesita urgentemente esas facultades para hacerle frente justo a estos dos últimos temas. Por tanto, el diseño de la solicitud también ha de evaluarse como parte de su responsabilidad. Si empaquetar 66 solicitudes hace más lenta la deliberación de aquello que Palacio considera indispensable, no toda demora futura podrá atribuirse automáticamente al Congreso. En los últimos años, en la gestión de PPK pasaron 31 días desde la presentación del pedido hasta la publicación de la ley, Castillo tuvo que esperar 61 días. Hoy, 16 de septiembre, han transcurrido 19 días calendario desde su presentación y aún no hay claridad sobre el asunto. Dejemos desde ahora anotados los antecedentes. Cuando corresponda juzgar cuánto demoró el nuevo Congreso, lo haremos contra datos y no contra la impaciencia de Palacio.
Hasta aquí hemos exigido responsabilidad al Gobierno, ahora viramos. El 08 de septiembre, la Comisión de Procedimientos Especiales del Senado recomendó ratificar a Julio Velarde como presidente del BCR por 9 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención. Lo curioso es que el senador de Juntos por el Perú, Humberto Morales, insistió en que Velarde “no es idóneo” y llegó a cuestionarlo alegando que “el señor no tiene grados y títulos”. El senador tiene no solo el derecho sino obligación de fiscalizar a Velarde, estudiar su trayectoria y sostener sus objeciones con argumentos. Sin embargo eso no significa concederle impunidad intelectual a la oposición, esta no está exonerada de ejercer bien su papel de naturaleza opositora.
Después, el 14 de septiembre, durante la presentación del Plan Nacional de Educación 2026 - 2031, el ministro José Chang anunció que retiraría “todo tipo de ideología” de la currícula escolar. Denotó su desagrado con la denominación de conflicto armado interno y mencionó que en ese período “hubo terrorismo sencillamente”. Sendero Luminoso y MRTA cometieron terrorismo, eso debe enseñarse inequívocamente. Las fuerzas del orden también perpetraron violaciones de derechos humanos. Enseñarlo no establece equivalencia moral pues una democracia no necesita transformar a las Fuerzas Armadas en villanos ni héroes, necesita enseñar evidencia, responsabilidades y contexto. Aquellos años dejaron peruanos asesinados, desaparecidos, torturados y aterrorizados. Estudiamos semejante horror porque un país tiene la obligación de comprender por qué ocurrió y cómo procurar que jamás vuelva a ocurrir. Pocas cosas son tan ideológicas como la ideología que se presenta a sí misma como ausencia de ideología.
Yéndonos al panorama electoral tan apremiante, es necesario recordar que el 04 de septiembre el JNE ratificó la candidatura de Rafael López Aliaga como primer regidor, rechazando un pedido de excluirlo. No resolvió, sin embargo, si ganando su lista López Aliaga podría recibir la credencial de alcalde pese a la prohibición constitucional de reelección inmediata. Catorce partidos han solicitado que el JNE esclarezca el asunto. Roberto Burneo, titular del JNE, dijo que el pleno debatirá el asunto y se pronunciará antes de los debates del 21 y 22 de septiembre. Estamos a solo cinco días. Parafraseando a Eduardo Dargent, “demócratas precarios” son quienes respetan las instituciones mientras les resultan convenientes y están dispuestos a dinamitarlas cuando interfieren con sus intereses. Intentar alcanzar indirectamente el cargo cuya reelección directa prohíbe la Constitución tiene que ser, cuando menos examinado bajo ese prisma. El JNE debió resolver esto ayer. No se le puede pedir al ciudadano que vote primero y averigüe después qué cargo puede ocupar la persona por la que votó.
Luego, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, visitó al Perú y confirmó su incorporación al Escudo de las Américas. En paralelo, China confirmó que peruanos con pasaporte ordinario pueden ingresar sin visa hasta por 30 días. Se especula que estos movimientos buscan profundizar una relación de subordinación peruana frente a Washington por la competencia estadounidense con China. Sin embargo, como otrora acuñó Haya de la Torre, es necesario saber tratar con el poder. El Perú debe aprovechar inteligencia, seguridad, inversión, tecnología y mercados estadounidenses cuando sirvan a intereses peruanos. Aprovechar el capital, infraestructura, comercio y tecnología china bajo el mismo criterio. Diversificar socios asegura que ninguno pueda ejercer dependencia decisiva, preserva la prerrogativa de rechazar condiciones contrarias a nuestros intereses y usa la competencia de las potencias para aumentar capacidad peruana, no para escoger a quien le agachamos la cabeza. Un antiimperialismo constructivo consiste en reconocer que el Perú negocia desde una posición asimétrica y convertir la competencia entre potencias en capacidad de negociación. El Perú no necesita escoger un patrón, necesita aprender a negociar con potencias.
Hace dos semanas dijimos que Fuerza Popular ya no puede reclamar el beneficio de la inexperiencia. Hoy agregamos que un Gobierno experimentado debe saber dirigir, explicar, anticipar y negociar. Una oposición responsable debe fiscalizar sin convertir el control político en farándula. Una autoridad electoral debe resolver antes de que su silencio se convierta en incertidumbre. Y un Estado soberano debe relacionarse con su historia y las otras grandes potencias sin permitir que la conveniencia del momento se sobreponga a principios transversales. El Perú ya ha pagado demasiadas veces el precio de quienes aprendieron a conquistar el poder antes que a ejercerlo. Sería conveniente no volver a tropezar con la misma piedra.