Estados Unidos puede competir con China, pero no debería decidir por el Perú

Por Chengzun Pan

En vísperas de la visita al Perú del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, este publicó un artículo en medios peruanos en el que planteó una serie de cuestionamientos sobre las inversiones chinas en el país. Según Rubio, algunos proyectos respaldados por China eluden el marco legal peruano, generan dudas sobre la transparencia y la seguridad de los datos, mientras presenta a la inversión estadounidense como una alternativa más abierta, transparente y orientada al mercado.

Como secretario de Estado, es comprensible que Rubio defienda los intereses de Estados Unidos en América Latina. Si Estados Unidos quiere ampliar sus inversiones en el Perú, por supuesto que será bienvenido. Si las empresas estadounidenses desean participar en proyectos portuarios, mineros, energéticos y de infraestructura, también es algo que el Perú necesita. Si las empresas chinas pueden competir, las estadounidenses naturalmente también pueden hacerlo.

Pero aquí está el punto: la competencia debería consistir en ver quién aporta mayores beneficios al Perú, y no en decirle al Perú con quién debe hacer negocios ni cómo debe hacerlos.

Llevo, entre idas y vueltas, cerca casi de treinta años viviendo en el Perú. Cuando llegué, a comienzos de los años noventa en siglo pasado, la influencia económica de China en este país estaba muy lejos de poder compararse con la de Estados Unidos. Si hoy China se ha convertido en uno de los principales socios comerciales del Perú, no ha sido porque barcos de guerra chinos hayan llegado al Callao, ni porque el Gobierno chino haya obligado al Perú a comprar productos chinos. Ha sido el resultado de más de tres décadas de comercio e inversiones, construidas poco a poco.

El Perú tiene cobre, hierro, zinc, harina de pescado, uvas, arándanos y paltas, y necesita mercados que compren esos productos. También necesita puertos, carreteras, electricidad e inversiones mineras, y para ello necesita capital dispuesto a invertir. Quien quiera comprar, quien quiera invertir y quien pueda ofrecer mejores condiciones al Perú debería tener la oportunidad de trabajar con el país. En realidad, es algo bastante sencillo.

En su reciente respuesta, la Embajada de China en el Perú señaló un dato que me parece importante: el stock de inversión china en el país supera los US$30.000 millones y estas inversiones han generado empleo, ingresos fiscales, superávit comercial y reservas internacionales, “sin generar ni un centavo de deuda”. La Embajada también señaló que, desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre China y el Perú en 2010, el Perú habría acumulado alrededor de US$52.000 millones de superávit comercial con China.

La presencia china en el Perú es, principalmente, la de un inversionista, un socio comercial y un comprador de productos peruanos. Tomemos como ejemplo el Puerto de Chancay. Por supuesto que podemos discutir la controversia legal entre COSCO y el Estado peruano, y debemos hacerlo. El Perú es un país soberano y cualquier empresa extranjera que opere aquí debe someterse a las leyes peruanas. Las empresas chinas no pueden ser una excepción, y las estadounidenses tampoco.

Si COSCO considera que sus derechos han sido afectados, puede recurrir a las instancias judiciales peruanas. Si el Estado peruano considera que una empresa ha incumplido la ley, también debe resolverlo a través de sus tribunales y organismos reguladores. Eso es Estado de derecho.

Si Estados Unidos insiste en la importancia de respetar el sistema jurídico peruano, entonces también debería respetar que sean los propios tribunales y organismos reguladores del Perú los que determinen qué es legal y qué no lo es. Si al final el criterio termina siendo que “cuando una empresa china gana un proceso es porque China está influyendo en el Perú, pero cuando lo pierde eso sí significa respetar las leyes peruanas”, entonces ya no estaríamos hablando de Estado de derecho, sino de llegar primero a una conclusión geopolítica y después buscar argumentos jurídicos para justificarla.

Los contratos de las empresas chinas deben ser transparentes, las inversiones chinas deben ser transparentes y deben estar sujetas a las leyes y a la supervisión de las autoridades peruanas. Pero la transparencia no puede exigirse en una sola dirección.

La Embajada de China planteó esta vez una pregunta bastante significativa: si algunas operaciones recientes han generado importantes niveles de endeudamiento para el Perú, ¿no deberían también someterse al mismo estándar de transparencia?

Entonces, apliquemos el mismo estándar para todos. Venga la inversión de Beijing, Washington, Madrid o cualquier otra parte del mundo, si involucra los intereses del Perú, debe ser legal y transparente. Si una inversión china de US$30.000 millones merece explicaciones, entonces los proyectos, financiamientos, ventas militares o adquisiciones gubernamentales estadounidenses que generen deuda para el Perú también deberían explicar a los peruanos: ¿qué se compró?, ¿por qué se compró?, ¿cuánto cuesta?, ¿quién lo pagará? y ¿en qué condiciones?

No puede ser que cuando el dinero viene de China se hable automáticamente de “influencia geopolítica”, pero cuando viene de Estados Unidos se le llame “cooperación estratégica”; ni que la participación de una empresa china en un puerto sea considerada un “problema de seguridad nacional”, mientras que la participación estadounidense en asuntos de seguridad esté, por definición, libre de cualquier cuestionamiento sobre soberanía. Las reglas son reglas cuando se aplican con la misma vara para todos.

Si Estados Unidos realmente está preocupado por la creciente presencia china en el Perú, la manera más efectiva de competir no es pedirle al Perú que se aleje de China, sino presentar mejores propuestas. China compra cobre peruano; Estados Unidos puede comprar más. China invierte en puertos; Estados Unidos también puede hacerlo. Las empresas chinas construyen infraestructura eléctrica; las estadounidenses pueden competir en las licitaciones. China abre su mercado a los productos agrícolas peruanos; Estados Unidos también puede ampliar el acceso a su mercado.

Si las empresas estadounidenses vienen al Perú con capital, tecnología y pedidos concretos para competir de igual a igual con las empresas chinas, estoy convencido de que la gran mayoría de los peruanos las recibiría con los brazos abiertos. Lo que el Perú necesita no es tener menos China, sino tener más países dispuestos a invertir realmente en el Perú.

La Embajada de China utilizó esta vez una expresión bastante fuerte: “el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie”. La frase ha llamado la atención porque hablar de un “patio trasero” no toca solamente la relación entre China y Estados Unidos, sino una memoria histórica especialmente sensible para América Latina desde hace dos siglos.

Ya ha transcurrido una cuarta parte del siglo XXI. Los países latinoamericanos tienen sus propios gobiernos, sus propios electores y sus propias leyes. También tienen derecho a decidir quiénes serán sus socios comerciales y cuál será su camino de desarrollo.

El pueblo peruano tiene una larga historia, una profunda identidad y la capacidad de decidir su propio destino. Para mí, eso es lo que verdaderamente significa autonomía e independencia.